L. Ballester/R. Montaner, Valencia
Los expertos y afectados por los planes urbanísticos, y algunos políticos, coinciden en reclamar limites a los crecimientos urbanísticos que llegan a triplicar la población de algunas localidades. Sobre todo, por el coste que supondrán estos aumentos desmesurados en recursos hídricos e infraestructuras como depuradoras, desalinizadoras o carreteras. Aunque también generarán «riqueza y darán empleo», aseguran desde el otro lado de la trinchera promotores e instituciones oficiales.
La Conselleria de Territorio y Vivienda tramitaba a finales de 2005 un total de 93 programas de actuación integrada (PAI) presentados por 64 municipios de la Comunidad Valenciana que promueven la reclasificación de 54.985.142 metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable. [Este cómputo no incluye las reclasificaciones aprobadas in extremis a finales de enero ni los planes urbanísticos previstos en los planes generales]. ¿Qué coste tendrá esta programación urbanística masiva? La respuesta intimida.
Los 93 PAI proponen la construcción de 168.595 nuevas viviendas -aunque también se incluyen planes urbanísticos industriales, de uso terciario y campos de golf-. La población estimada que podrán acoger estas 168.595 viviendas roza el medio millón de habitantes -493.983 personas, ver el cuadro adjunto-. El crecimiento más espectacular corresponde a la provincia de Valencia donde se promueven 104.941 nuevas casas para 307.477 potenciales residentes.
Estas nuevas áreas urbanizadas obligarán a la administración a garantizar sólo a las viviendas un consumo de 80,5 millones de litros de agua al día, que traducido a hectómetros cúbicos (Hm3), supone el uso de 29,39 Hm3 anuales [un valenciano gasta al día 163 litros de agua, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el último dato disponible, del año 2003]. Para hacerse una idea esta cantidad representa poco más de un tercio del agua que se pretende trasvasar del Xúquer al Vinalopó (80 Hm3).
Aunque algunos proyectos incluyen la construcción de depuradoras, propuestas por las propias promotoras, la mayoría no prevén este tipo de infraestructuras, necesarias para garantizar la reutilización de un bien tan escaso como el agua. Los 493.983 residentes de las nuevas urbanizaciones generarán 29,21 Hm3 de aguas residuales anuales (80.025,3 m3 al día). Serían necesarias ocho depuradoras de la misma capacidad que la estación de Camp de Turia (que trataba en 2004, alrededor de 9.076 m3 al día a una población de 54.398 personas), aunque dada la dispersión de las nuevas urbanizaciones deberían ser muchas más.
Consumo de energía
En materia de residuos sólidos, los nuevos habitantes generarían 812,2 toneladas anuales de basura, casi la misma cantidad que trata la planta de Fervasa en Aldaia (900 toneladas diarias).
El consumo de energía de los 493.983 habitantes ascendería a 1 millón de toneladas de petróleo (tep) por habitante y año, que es como se mide el consumo de energía. (Un tep equivale a 7,8 barriles de crudo, 1.270 m3 de gas natural o 2,3 toneladas de carbón). Generarían además 2,4 millones de C02 por habitante y año en toda la Comunidad Valenciana. Aunque en el otro lado de la balanza se colocaría la riqueza que genera el sector de la construcción que representa el 11% del producto interior bruto, según insisten en recordar los promotores. Fuentes del sector calculan que un PAI de tamaño medio, 1.800 viviendas en un millón de metros cuadrados, emplea a 4.250 personas al año de forma directa e indirecta durante una década. Los promotores calculan que en un PAI trabajan unos 250 operarios al año sólo en la urbanización del terreno, cifra que aumenta a 700 obreros en la fase de edificación que puede alargarse diez años. De esta forma, sólo en empleo directo, los planes urbanísticos que se proyectan darán trabajo a 88.980 personas. Una riqueza a la que habría que añadir, la cantidad de impuestos que generará a los ayuntamientos la tramitación y construcción de estos PAI.