Nota de Tortuga: Es cierto que este proyecto planteaba algunos problemas. Estaba pensado para unas 600 personas, lo cual superaría la capacidad de depuración de aguas de Alcoleja. Además, las personas que llevarían allí estarían aisladas de las poblaciones, especialmente de las ciudades más grandes donde podrían tener acceso a recursos formativos o burocráticos. Sin embargo, pensamos que es importante que los estados europeos (entre ellos el español) dejen de hacer políticas que perpetúen las injusticias y guerras que propician los movimientos migratorios y que mejoren la acogida de personas refugiadas y migrantes. Por último, nos gustaría saber si alguna vez se han planteado los problemas de sostenibilidad que supone la existencia de una instalación militar en la cumbre de Aitana.
J. A. Rico
El Gobierno central renuncia a la reforma de la antigua base de Aitana en Alcoleja para convertirla en un centro de acogida de refugiados por «razones de interés público». La medida supone dar marcha atrás en el proyecto por el que se iban a invertir 25 millones de euros, que buscaba que las instalaciones pudieran atender a 600 migrantes y que se había encontrado con una movilización ciudadana en su contra.
Esta medida ha quedado reflejada en una resolución fechada el pasado 15 de julio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que se acuerda no celebrar el contrato de “Servicio de elaboración del proyecto básico para la rehabilitación de las edificaciones ubicadas en el Asentamiento ACAR EVA 5 en Alcoleja».
Los motivos que se exponen en este escrito son varios, y la razón final es que se pone en peligro la financiación del proyecto a través de fondos europeos, debido al encarecimiento del mismo y el alargamiento de plazos.
En concreto, se señala que con fecha 3 de julio de 2024 «se recibió memoria justificativa aportada por la unidad responsable del contrato haciendo constar la necesidad de acordar la no celebración de este» por tres motivos.
Por un lado «por el estado confirmado de ruina de las edificaciones a rehabilitar para la puesta en funcionamiento del centro, que supondría un incremento del presupuesto por encima de lo aconsejable para acometer las obras necesarias».
Riesgo de judicialización
Por otro «la constitución de una plataforma vecinal orientada a paralizar el proyecto de construcción del centro, amparándose en su impacto medioambiental, urbanístico, económico y social y el consiguiente riesgo real de una intervención judicial que supondría retrasos en la ejecución».
Y «como consecuencia de lo anterior, la previsión real de desviación en el plazo para cumplir con los hitos y objetivos marcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ocasionaría la devolución de los fondos».
Concurso de licitación
El concurso de licitación para la redacción del proyecto ya tenía empresa elegida desde finales del pasado año, presentándose el 30 de noviembre un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por parte de las mercantiles que se presentaron, lo que paralizó el proceso hasta que esta entidad rechazó su admisión en enero. Y ahora el Ministerio acuerda no formalizar la licitación por las razones anteriormente expuestas.
Así, «se constata la existencia de razones de interés público que justifican la decisión de no formalizar el contrato, para cumplir con los principios de economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, así como el de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos y contar con la posibilidad de reajustar la planificación inicial de creación de plazas en los centros de migraciones para cumplir con los objetivos marcados por el PRTR».
El proyecto
El Gobierno central anunció el año pasado una inversión de 25 millones en transformar la base militar de Aitana en un centro de acogida de refugiados con capacidad para 600 personas, visitando el propio ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, las instalaciones de lo que iba a ser el Centro de Primeras Llegadas (CPLL), que se esperaba estuviera en funcionamiento en 2025.
La antigua base militar situada en la cima de la sierra de Aitana, en Alcoleja, iba a ser así reconvertida en un centro de atención y protección internacional con 600 plazas para personas refugiadas, como por ejemplo ucranianos o afganos. Todo en unas instalaciones en desuso desde hace décadas. La antigua base y futuro centro de refugiados tiene una superficie de 53.000 metros cuadrados en el punto a más altitud de la provincia de Alicante.
Este Centro de Primeras Llegadas (CPLL) iba a estar destinado a la acogida de migrantes y se enmarca en las actuaciones previstas en el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema de acogida, y se preveía que creara unos 60 puestos de trabajo directos y otros 100 indirectos, lo que sumaría más de 160 en total.
Plataforma
Y este proyecto había provocado la constitución de una plataforma vecinal de residentes que rechazan el centro de refugiados y alegan que el lugar no está preparado, alertando del impacto que las instalaciones tendrían sobre la localidad y los municipios cercanos.
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