Elda: La Policía investiga un pago a Izquierda Unida por retirar una querella contra unas canteras instaladas en suelo protegido

Diario Información de Alacant

ELDA

PÉREZ GIL

Mosaico exige cumplir el convenio que permitió legalizar la actividad en Bateig.

Agentes de la Comisaría de Policía de Elda-Petrer han tomado declaración a dos de los empresarios que explotan las canteras de Bateig en relación al supuesto pago efectuado en favor de Domingo Orgilés, concejal de Izquierda Unida, para que éste retirase la querella contra ambas empresas y contra el alcalde Juan Pascual Azorín.

Cabe recordar que la denuncia fue admitida a trámite por el juez en marzo de 2002 ante un posible delito contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente. El paraje de Bateig se incluyó en el PGOU de 1985 como área de interés paisajístico, lo que convertía el ejercicio de cualquier actividad industrial en ilegal. Por tanto, la demanda de IU amenazaba con el cierre inminente de ambos negocios y ponía en peligro la continuidad en sus puestos de trabajo de los doscientos obreros que extraen piedra natural en estas canteras.

Sin embargo, esta misma semana el arquitecto jefe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Elda, Manuel Guill, ha presentado en la Comisaría una cinta de casete transcrita ante notario en la que, tal y como asegura en el propio atestado, se reproducen las grabaciones de sendas conversaciones telefónicas mantenidas el año pasado con los empresarios noveldenses Francisco Castelló y José Miguel Sánchez, gerentes de Bateig Laboral y Mármoles Sánchez Diez.

El técnico municipal ha indicado a los agentes que investigan el caso que «días después de que Domingo Orgilés pusiera la demanda se reunió con los dos empresarios y les dijo que la retiraría si le entregaban una cantidad de dinero, -alrededor de 3.600 euros-, para pagar los honorarios de los abogados», contratados por su partido en el litigio.

De las manifestaciones de Guill y de las propias grabaciones, -que fueron realizadas en el despacho municipal-, se desprende que «las cantidades fueron abonadas en metálico y sin recibir ningún recibo ni factura aclaratoria del concepto por el que se daban». También hace referencia a una comida con Francisco Castelló que tuvo lugar en 2004 y en la que, según mantiene el denunciante, fue informado de la demanda interpuesta por Orgilés.

La unidad de Policía Judicial ha tomado ya declaración a los dos empresarios. Ambos han negado los hechos y han presentando a su vez una querella en los Juzgados de Elda contra el arquitecto municipal por emitir supuestamente una denuncia falsa. Este diario contactó ayer con José Miguel Sánchez quien advirtió que emprenderá acciones legales contra cualquier medio de comunicación que se haga eco de esta noticia. Dicho esto comentó que el pago a los letrados se hizo en mano y tras un acuerdo con Orgilés y con el primer edil, «y tenía únicamente por finalidad evitar que el alcalde de Elda tuviese que ir a juicio ya que la querella iba dirigida sólo contra él y no contra nosotros», puntualizó. Por su parte el jefe de Urbanismo no ha querido realizar ninguna manifestación al respecto, si bien ante la Policía sí declaró que «tras realizar las oportunas consultas decidió denunciar los hechos por si pudieran ser constitutivos de delito».

Frente a todo ello el concejal Domingo Orgilés ha confirmado que su grupo interpuso la querella para forzar al Ayuntamiento a legalizar las canteras. «Al final todas las partes implicadas en el asunto llegamos a un acuerdo para que así fuera y decidimos retirar la demanda», se limitó a explicar ayer noche el portavoz municipal de Izquierda Unida.