Paul Martial
Viernes, 13 de junio. Apenas llegados a Malí, unos mercenarios de la nueva estructura militar rusa, el Africa Corps ‒que ha venido a sustituir al grupo Wagner, la milicia del ahora difunto Yevgueni Prigoshin‒ han caído en una emboscada entre Anefis y Aguelhoc, en la región de Kidal. El balance es pésimo: se habla de varias decenas de muertos. Reivindica la operación el Frente de Liberación de Azawad (FLA), que agrupa principalmente a los independentistas tuáregs.
Esta celada choca con la narrativa que presenta a los mercenarios rusos, sean de Wagner o del Africa Corps (y en muchos casos pertenecientes sucesivamente a ambas unidades), como temibles combatientes que, en el terreno militar, iban a marcar la diferencia. Relativiza asimismo el único éxito que puede esgrimir el grupo Wagner, a saber, la recuperación de Kidal, bastión de los movimientos independentistas tuaregs y presentado por las autoridades malienses como la reconquista de la soberanía nacional, que resulta ser cuando menos precaria.
La sustitución de Wagner por el Africa Corps no cambiará a fondo la relación entre las autoridades malienses y los suplentes rusos. La mayor parte de los combatientes de Wagner se han integrado en el Africa Corps. Lo que sí podría producirse es un mayor control de la política maliense por las autoridades rusas, dado que la nueva fuerza militar depende del ministerio de Defensa, cosa que no sucedía con el grupo Wagner. Es posible que se produzcan otros cambios, en particular en el terreno económico: el gobierno maliense pagaba cada mes 10 millones de dólares a la unidad de mercenarios.
Con el Africa Corps asistimos más bien a una formalización de la intervención rusa entendida más como una relación de Estado a Estado que eventualmente abrirá la vía a una exoneración de este pago para el gobierno malienses. En lo esencial no cambiará nada, ni siquiera en el terreno militar, tanto en Malí como en los otros dos países, Níger y Burkina Faso, que constituyen la Alianza de Estados del Sahel (AES) y se enfrentan asimismo a la hostilidad de los yihadistas.
Una situación humanitaria deteriorada
Desde la toma del poder por las juntas militares de los países de la AES, los yihadistas del JNIM, acrónimo de Jamāʿat nuṣrat al-islām wal-muslimīn (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), afiliado a Al Qaeda, y las tropas del Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS) no cesan de progresar. De las 135 entidades administrativas que componen estos tres países sahelianos, la mayoría de expertos consideran que dos tercios se hallan bajo control más o menos laxo de los grupos islamistas.
Este avance viene acompañado de un aumento importante del número de muertos, cerca de 11.200 contabilizados a finales de junio de 2024, es decir, el triple del registrado en 2021. Además, hay que contemplar esta evolución con prudencia, ya que el control de la información por parte de las juntas y la represión contra las y los periodistas permiten sospechar que las cifras reales son superiores.
En la vertiente humanitaria, la situación también ha empeorado, pues han sido desplazadas cerca de cinco millones y medio de personas. En la mayoría de las zonas en que hay combates entre las fuerzas islamistas y los respectivos ejércitos, las escuelas y los centros de salud han cerrado, privando a las poblaciones de servicios educativos y sanitarios. A modo de ejemplo, en Burkina Faso el 20 % de los establecimientos sanitarios y alrededor de 5.300 centros escolares están cerrados. El resultado es que el 40 % de las niñas y niños no pueden acceder a una escuela.
Se considera que la inseguridad alimentaria constituye un riesgo importante. En Malí, el 12 % de la población sufre malnutrición, en Níger la mitad de la población infantil padece carencias nutritivas moderadas o severas, y en Burkina Faso más de 2,3 millones de personas pasan hambre.
El avance yihadista
Los grupos islamistas ganan terreno aprovechando el debilitamiento de los ejércitos nacionales, que tiene que ver con la dejadez y la corrupción de la mayoría de oficiales superiores. Desvían los sueldos de la tropa, utilizan una parte del dinero que dedican los Estados a la defensa para construirse casas o comprar empresas. A esto se añade el tráfico de armas, que a veces se venden a los grupos armados. Los expertos del instituto de investigación Conflict Armament Research calculan que la parte fundamental del armamento y de las municiones de los insurgentes provienen de los ejércitos nacionales, que en buena parte se obtienen asaltando convoyes militares o cuarteles.
Además, los yihadistas han invertido mucho dinero en tecnologías, especialmente en los sistemas de comunicación, que gracias a las redes Starlink permiten que circule a información entre los combatientes, lo que les proporciona una ventaja decisiva en las batallas. Este refuerzo de las capacidades operativas viene acompañado, gracias a la red de satélites de Elon Musk, de su presencia en las principales redes sociales o de vídeos cortos que destacan los éxitos de sus operaciones militares, desmintiendo los mensajes oficiales de las autoridades.
Además, la ventaja que tenían las fuerzas armadas de los países sahelianos en el espacio aéreo tiende a desaparecer con la utilización de drones por parte de los grupos armados. Los usan para recoger informaciones, para efectuar bombardeos y también para dirigir batallas. La primera vez que se emplearon drones fue en Malí en abril de 2024, donde los combatientes utilizaron un cuatrirrotor equipado con granadas y obuses de mortero para atacar una milicia dozo aliada del ejército nacional.
En Burkina Faso, el ataque al campamento militar de Diapaga, que causó la muerte de una cincuentena de personas y permitió a los yihadistas hacerse con el arsenal, en particular ametralladoras automáticas, se dirigió con la ayuda de drones. Esto permitió a los mandos de los insurgentes tener una visión global del campo de batalla. Es probable que la utilización de drones por los grupos armados se intensifique, aumentando su potencia de fuego.
En este contexto, los ejércitos nacionales son incapaces de mantener bajo control los territorios, los cuarteles se convierten en dianas y cada ataque incrementa el número de soldados muertos o apresados, provocando la desmoralización en sus filas. El ejemplo del campamento de Bulikesi, considerado de gran importancia estratégica para el control de las carreteras en el centro de Malí, es sumamente revelador. Atacado dos veces en un mes, el ejército maliense no ha sabido hacer otra cosa que abandonarlo, alegando el eufemismo de retirada estratégica.
Las juntas en el poder
Tanto a nivel social como securitario, la situación es sumamente preocupante y no deja de deteriorarse. Sin embargo, fue precisamente para poner fin a la falta de seguridad que los militares de los tres países habían decidido derrocar el régimen civil, como si el ejército no tuviera nada que ver con ese estado de cosas. La toma del poder por los militares tuvo lugar en un contexto de fuerte combatividad popular, aunque con diferencias en cada uno de los tres países.
En Malí hubo movilizaciones importantes, en particular encabezadas por el Movimiento del 5 de junio – Alianza de Fuerzas Patrióticas (M5-AFP), contra el gobierno del presidente Ibrahim Bubacar Keita, que no se había contentado con acumular fracasos económicos y militares, sino que también se había visto salpicado por diversos escándalos de corrupción. En el punto de mira estaban especialmente las barrabasadas bling bling del hijo del presidente, Karim, que aparece en las redes sociales haciéndose una autofoto en un yate de lujo donde el champán corre a raudales y disponiéndose a bailar con unas jóvenes. Los militares se adelantaron a la movilización popular usurpando el poder con la complicidad de una minoría del M5-AFP dirigida por Choguel Maiga, quien sería nombrado primer ministro sin tener poder real.
En Burkina Faso, en 2014 una revolución tumbó la dictadura de Blaise Compaoré, allanando el camino a la convocatoria de elecciones, en que los dos candidatos principales eran liberales proclives a Francia. El gobierno de Roch Marc Christian Kaboré, al igual que el de su correligionario civil maliense, fue incapaz de enderezar el barco ni siquiera mínimamente. El asalto al cuartel de la gendarmería de Inata levantó una ola de indignación de la población, porque a pesar de varios llamamientos, los gendarmes quedaron aislados, teniendo que recurrir a la caza para alimentarse. A raíz del ataque de los yihadistas murieron una sesentena de militares.
Si bien la responsabilidad de este acontecimiento incumbe en gran medida tanto al gobierno de Kaboré como al ejército, ello no impidió a los militares tomar el poder mediante un primer golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, seguido de un segundo. El ejército burkinés tenía el campo totalmente despejado, contrariamente a Malí, ante la ausencia de cualquier oposición política. La voluntad del movimiento Balai Citoyen [Escoba Ciudadana], bien implantado entre la juventud, de desempeñar únicamente un papel de observador de la escena política, anuló la posibilidad de aparecer como una alternativa a los políticos cuya lealtad a Francia era evidente.
Se podría haber emprendido otra vía, a semejanza de los Comités de Resistencia de Sudán, que aparecieron primeramente como un movimiento civil de ayuda y solidaridad, y después como un instrumento de movilización, para ser capaz al final, justo antes de estallar la guerra entre los generales, de proponer una “carta revolucionaria del poder popular”, presentada como una alternativa a los militares, pero también a los partidos políticos del sistema.
El de Níger es un caso muy diferente. El presidente Mohamed Bazoum fue elegido en un proceso electoral globalmente satisfactorio. Había comenzado a abrir una vía interesante para tratar de poner fin a la guerra librada por los yihadistas planteando simultáneamente una respuesta militar y una política de apertura de cara a unas conversaciones de paz. Sin embargo, apareció como el hombre de los franceses al aceptar la presencia de tropas francesas en el país, tropas que habían sido expulsadas previamente de Malí y de Burkina Faso. Antes de ocupar la presidencia, Bazoum había sido ministro de Interior y de Seguridad, habiendo dejado recuerdos muy malos entre los y las activistas del país.
Un incidente que quedó relativamente silenciado, pero que refleja las tensiones y movilizaciones contra el imperialismo francés, fue la manifestación en Tera, en la región de Tillaberi, contra el convoy de la operación Barjane, en la que murieron dos personas, sin duda por los disparos de soldados franceses.
Quiérase o no, la toma del poder por los militares en los países de la AES es una consecuencia de las movilizaciones populares contra los gobiernos civiles corruptos. También se ha nutrido de la incomprensión por parte de las poblaciones de la ausencia de resultados tangibles del combate de las tropas francesas contra el yihadismo, unas tropas que dicen conocer el terreno, pero que fueron incapaces de impedir los ataques enemigos.
Para mucha gente joven, esta incomprensión se ha transformado en duda y después en la convicción de que existe complicidad entre Francia y los grupos armados. Una opinión que estuvo muy presente en las redes sociales y que también debe su éxito a la política del ejército francés de tejer una alianza, informal pero real, con los independentistas tuáregs, agrupados en aquel entonces en el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA). La lucha en común entre el MNLA y el ejército francés contra los yihadistas se vio como un atentado a la soberanía nacional, pues implicaba la conversión de la región de Kidal en un santuario para los tuáregs.
En el plano económico, la junta maliense está librando un pulso con compañías mineras occidentales con vistas a un reparto más equitativo de las ganancias. Si bien este objetivo ha dado pie a medidas coercitivas contra los dirigentes de las filiales de las multinacionales, ello no constituye como tal una ruptura con el orden económico. Muchos gobiernos africanos han revisado su legislación minera y la han enmendado a fin de obtener un reparto mejor de las riquezas. En el pasado, gobiernos claramente reaccionarios y totalmente alineados con los gobiernos occidentales, adoptaron a veces medidas mucho más radicales, como fue el caso, por ejemplo, de la política de zairización en Congo, que comportaba una vertiente económica lanzada por Mobutu.
Dicha política dio lugar al cambio de moneda y a la nacionalización de los bienes raíces y comerciales pertenecientes a extranjeros. La campaña se lanzó con una voluntad declarada de romper con todo lo que podía representar a Occidente en el país, por lo que se modificaron los nombres de pila, los de las ciudades y de las calles, incluido el nombre del país: Congo pasó a llamarse República de Zaire. Esta política violenta, burocrática e impuesta desde arriba fue un medio para consolidar una política clientelar en aras a la perennidad del poder. Es lo que pasa con las juntas militares de la AES, que se benefician en gran parte de la renta securitaria con el fuerte aumento de los presupuestos de defensa.
Los métodos de corrupción siguen siendo los clásicos, con contratos públicos opacos adjudicados a dedo a miembros de la familia y amigos de quienes componen las juntas, junto a la represión contra los periodistas y las ONG para evitar que circulen informaciones sobre estos tejemanejes. Sin embargo, resulta más difícil ocultar las mansiones de lujo construidas recientemente por los miembros de las juntas.
En cuanto a las narrativas soberanistas propagadas por los golpistas, apenas logran ilusionar. Conviene recordar que los caciques de la Francáfrica tampoco dudan en utilizar el vocabulario anticolonialista o de las organizaciones panafricanaspara atacar a las ONG que denuncian la corrupción de esos sátrapas. Así, la ONG Dignidad y Conciencia Africana organizó una conferencia de prensa para “hacer frente a los ataques de las ONG occidentales contra los dirigentes africanos” con la pregunta: ¿Cómo aceptar que jefes de Estado de países independientes sean objeto de semejantes intrusiones en los asuntos internos de sus respectivos países?”
Los dirigentes malienses han comprendido perfectamente que la cuestión de la reconquista de Kidal podría reforzar su popularidad y acreditar un poco sus declaraciones soberanistas, por mucho que a medio plazo esta política ha resultado catastrófica, como veremos más adelante. Es cierto que las declaraciones contra la política de Francia se reciben siempre con entusiasmo, tanto si las hace el primer ministro, Choguel Maiga, en la tribuna de Naciones Unidas, donde afirmó que Francia había abandonado a Malí en el campo de batalla, como si provienen del dirigente burkinés Ibrahim Traoré, quien criticó las políticas neocolonialistas de Occidente, bajo la mirada complacida de su anfitrión, Putin, aportando así una mala copia adulterada de Thomas Sankara.
Está claro que el comportamiento de las autoridades francesas no hace más que alimentar esta retórica. Con Barjane, la jerarquía militar francesa dirige las operaciones y hace caso omiso de la opinión de los países sahelianos afectados. Los soldados franceses han operado en colaboración con milicias que han cometido crímenes de guerra como el GATIA (Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados). Las fuerzas galas han bombardeado a civiles, concretamente en Bunti, donde mataron a 19 personas, y han rechazado sistemáticamente la creación de una comisión de investigación independiente. Las autoridades francesas querían intervenir militarmente para restituir a Bazoum tras el golpe de Estado. Sin hablar ya de la continua arrogancia del presidente Macron, que indispone tanto a africanos como franceses.
Las juntas militares contra la población
La cuestión central para las tres juntas militares podría resumirse en cómo mantenerse en el poder con un balance bastante alejado de las promesas efectuadas para justificar el golpe de mano. Durante meses, los discursos sobre la soberanía y la segunda independencia de los países de la AES fueron bien recibidos. Este planteamiento se resquebraja ahora ante los ataques casi diarios de los grupos armados, con su peaje de muertos, prisioneros, testimonios de soldados atacados que no reciben ningún refuerzo a pesar de sus llamadas desesperadas, aldeas rodeadas y abandonadas a su triste suerte por las autoridades. Las políticas adoptadas por las juntas consisten ante todo en censurar las informaciones en beneficio de una propaganda basada, como diría Trump, en la verdad alternativa. Así, han clausurado las emisoras de radio y cadenas de televisión independientes, amenazado a la prensa y amordazado a las y los periodistas.
Las voces disidentes también deben acallarse, e incluso los partidarios de primera hora de los golpes de Estado que se muestran críticos son encarcelados en Malí o enviados al frente en Burkina Faso. En Níger, militantes antiimperialistas como Mussa Tchangari están en la cárcel por orden del presidente Abdurahaman Tiani, exjefe de la guardia presidencial. Este último pretende ahora ser el portaestandarte de la soberanía nacional, cuando a lo largo de su prolongada carrera no se ha distinguido especialmente en la lucha contra el neocolonialismo francés.
En Burkina Faso, los sindicalistas, como Musa Diallo, secretario general de la CGT-B, no tienen más remedio que volver a la clandestinidad. En Malí, los partidos están prohibidos y militantes como Umar Mariko, dirigente del partido de izquierda radical Solidaridad Africana por la Democracia y la Independencia (SADI), han tenido que exiliarse. Al mismo tiempo, las estructuras ad hoc creadas y sometidas a las juntas ascienden a los presidentes: así, Asimi Goita, quien ha pasado directamente de coronel a general de cinco estrellas, podrá ostentar la presidencia de Malí mientras el país esté en riesgo de ataques terroristas.
Su gestión de la guerra ha agravado visiblemente al situación. En Malí, la junta militar ha denunciado unilateralmente los acuerdos de Argel suscritos por una serie de grupos armados, en su mayoría independentistas. Después los ha calificado de terroristas y ha lanzado la operación de reconquista de Kidal. No solo la junta maliense se ha enemistado con Argelia, la principal fuerza regional, acusándola de desestabilizar Malí, sino que ha abierto un nuevo frente interno, con el riesgo de que se materialice una alianza entre el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanesv (JNIM) y el Frente de Liberación de Azawad (FLA).
En Burkina Faso, la huida hacia delante adopta la forma de creación de los Voluntarios por la Defensa de la Patria (VDP). Los civiles reclutados reciben durante una o dos semanas una instrucción militar rudimentaria. Se supone que servirán de ayuda para el servicio de inteligencia del ejército. Esparcidos en las aldeas, son detectados rápidamente por los yihadistas. La mayoría de los VDP provienen de las filas de los koglweogo, que desempeñaban en el medio rural un papel de policías y jueces al mismo tiempo. Fueron denunciados a menudo por las organizaciones de defensa de los derechos humanos por actos de tortura contra personas sospechosas de bandidaje.
Actualmente, acusan a los VDP de cometer masacres contra la comunidad peul, sospechosa de apoyar al JNIM. Las fuerzas armadas nigerinas también se apoyan en milicias comunitarias, aunque en menor medida, especialmente en los zankai de la comunidad zarma, que tienen en el punto de mira a los peuls, a quienes acusan de apoyar al Estado Islámico, en particular en la región de Tillaberi.
Los ejércitos de la AES, acompañados de sus mercenarios rusos o comunitarios, han matado a más civiles que yihadistas. Las últimas revelaciones del diario Le Monde y del semanario Jeune Afrique sobre las torturas practicadas por los mercenarios de Wagner, aderezadas con insultos racistas, son una ilustración espeluznante de lo que pueden sufrir las poblaciones de estos tres países. El aislamiento y las violaciones a gran escala de los derechos humanos no hacen más que reforzar las posiciones de los grupos armados, islamistas o independentistas.
La ironía es que la estrategia de huida hacia delante militarista adoptada por las fuerzas armadas nacionales es la misma que siguieron los militares franceses, con el mismo resultado: un estrepitoso fracaso que se explica por la naturaleza de la crisis en el Sahel.
La estrategia de los yihadistas
En el Sahel son muchas las razones para unirse a la lucha yihadista. A menudo tienen que ver con la preocupación por protegerse a uno mismo, a la familia o a la comunidad. También puede tratarse del deseo de vengarse por los abusos de las autoridades o de milicias que se reclaman de otra comunidad. La cuestión económica, es decir, la posibilidad de dedicarse a una actividad lucrativa, también es mencionada por los prisioneros yihadistas o los arrepentidos interrogados por académicos. Una conclusión es clara: muy pocos señalan la religión.
Es cierto que existen debates sobre la importancia de la religión en esta radicalización. Parece ilusorio descartar completamente este dato. Sobre todo porque la mayoría de los líderes tienen un enfoque diferente y más religioso, que transmiten a diario a los combatientes. Esto permite dotar la acción de un marco, pero también de una justificación de la guerra librada con su séquito de sufrimiento y muerte.
La fuerza de los grupos yihadistas reside en su capacidad de integrarse en las comunidades de diferentes maneras y participar en conflictos muy locales. En otras palabras, las luchas políticas y, en ocasiones, armadas, suelen ser muy anteriores a la aparición de los grupos yihadistas. Si tomamos el caso de las rebeliones tuáregs, estas se remontan al inicio de la independencia de Malí. Níger también ha sido escenario de revueltas armadas de estas comunidades.
En este sentido, la trayectoria de Iyad Ag Ghali, líder del JNIM, es muy reveladora y característica de la historia de la lucha de los tuáregs en las regiones de Malí. A finales de la década de 1980, fundó el Movimiento Popular de Liberación de Azawad (MPLA), que no tiene nada de religioso y defiende las reivindicaciones de los tuáregs. Fue a principios de la década de 2000 cuando la cuestión religiosa pasó a ocupar un lugar central.
En el centro de Malí, la katiba de Macina del predicador Amadou Koufa se construyó defendiendo a las poblaciones más pobres, denunciando los abusos, la obligación de pagar un peaje para acceder a los pastos, criticando a los grandes propietarios de rebaños y a los religiosos corruptos. Esta misma retórica se encuentra en el grupo Ansarul Islam, de Burkina Faso, que se ha integrado en el JNIM. Su líder, Ibrahim Malam Dicko, propugna la igualdad entre las clases sociales, defiende a las personas de origen servil y critica a los jefes tradicionales. Estos discursos tienen un gran impacto entre los numerosos jóvenes marginados y sin futuro.
Los yihadistas garantizan al menos a la población una justicia que parece equitativa y rápida. Esta dimensión suele subestimarse, pero es importante, incluso vital, cuando se trata de resolver cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra o el ganado. Esta lucha armada viene impulsada por las profundas desigualdades sociales, la violencia de las fuerzas armadas y la ausencia de justicia, y no está sobredeterminada por cuestiones religiosas, aunque en general la población tiene un fuerte apego al islam. Ganar esta guerra implica profundas reformas sociales.
Por sorprendente que pueda parecer, el ejército francés había integrado esta dimensión e intentó responder a ella lanzando el proyecto de la Alianza Sahel y después la Coalición por el Sahel, solicitando la participación de la Unión Europea y las instituciones financieras internacionales. Esta acción no dio resultado, ya que entraba en contradicción con el objetivo declarado de la intervención, a saber, la erradicación de los terroristas y no la aplicación de una política de desarrollo y mejora de la gobernanza. Una política de este tipo se habría topado con la oposición de las élites gobernantes y, en última instancia, habría dado crédito a los combatientes islamistas que critican la corrupción y la ineficacia de las autoridades.
Los miles de millones que se han gastado y se siguen gastando son dinero tirado por la ventana y podrían haberse invertido en programas que mejoraran realmente la suerte de la población.
¿Qué futuro?
Al margen de las particularidades de cada país miembro de la AES, podemos destacar algunos elementos comunes que pueden desempeñar un papel importante en el futuro.
En primer lugar, existe desde hace años una voluntad manifiesta de la población de entablar un diálogo con los yihadistas y, en general, con los grupos armados para avanzar hacia la paz. Si tomamos el caso de Malí, esta petición se ha reiterado en varias ocasiones. En 2017, durante la Conferencia por un Acuerdo Nacional, la sociedad civil hizo llamamientos al diálogo. En 2019, de nuevo, durante el diálogo nacional inclusivo, un buen número de los 3.000 delegados se pronunciaron a favor de iniciar conversaciones con Amadou Koufa e Iyad Ag Ghali para instaurar la paz.
En Níger, el Gobierno de Bazoum entabló negociaciones en 2022, antes de ser derrocado. En Burkina Faso, bajo la presidencia de Kaboré y posteriormente, tras el primer golpe de Estado liderado por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, la voluntad de negociar la paz se topó con la intransigencia de las autoridades francesas, que se habían marcado como línea roja la negativa a dialogar y, más aún, a negociar con quienes calificaban de terroristas. Una norma que se incumplió sistemáticamente cuando se trató de negociar la liberación de rehenes occidentales.
Esta voluntad de diálogo se encuentra en lo más profundo de los tres países. Aldeas y ciudades negocian con los yihadistas el fin del bloqueo o la suspensión de los ataques y, a menudo, son los notables y los religiosos quienes lideran estas conversaciones. Estos acuerdos entre los aldeanos y los grupos armados se consideran un apoyo a los yihadistas y provocan masacres de numerosos civiles por parte de los militares. La junta militar de Burkina Faso considera traidores a los partidarios del diálogo. Recientemente, Traoré declaró: “Los burkineses no negociarán con su enemigo. Lucharemos y venceremos. No cederemos en nada, absolutamente en nada.”
En segundo lugar, la situación internacional también repercute en los grupos armados, o al menos en algunos de ellos. La evolución del grupo Hayat Tahrir al Cham, dirigido por Ahmed al Charaa en Siria, podría marcar el camino que siga el JNIM. Es decir, una desvinculación de Al Qaeda y unas exigencias religiosas menores que permitirían tejer alianzas con otros grupos, como los independentistas de Azawad.
Ya existen conversaciones entre estas dos fuerzas, con dos puntos de divergencia: la cuestión religiosa y la cuestión de la independencia. Si cada entidad, por decirlo de esta manera, echa agua a su vino, entonces podría formarse una alianza. Si bien se produjeron escaramuzas entre el FLA y el JNIM al finalizar el acuerdo de paz, rápidamente se encontró un modus vivendi que abrió el camino a cooperaciones militares puntuales contra las fuerzas armadas malienses y los mercenarios de Wagner. Este fue el caso en Tin-Zouatin, cerca de la frontera con Argelia, donde murieron 82 rusos.
Tercer dato: el creciente aislamiento de las juntas militares en el exterior. Níger se niega a cooperar con su vecino Benín, lo que facilita los cada vez más numerosos ataques de los yihadistas en este país. Burkina Faso mantiene unas relaciones pésimas con Costa de Marfil, a la que acusa de querer desestabilizar el país sin que haya pruebas formales que respalden esta acusación. Malí se ha enemistado con Argelia, que desempeñó un papel decisivo en los acuerdos de paz denunciados desde entonces por la junta. Estos países vecinos de los miembros de la AES están cada vez más preocupados por el deterioro de la seguridad, que debilita sus propios regímenes y hace que poco a poco se produzcan incidentes violentos en su territorio. Es el caso, por ejemplo, del parque natural W-Arly-Pendjari (WAP), situado sobre la triple frontera entre Benín, Burkina Faso y Níger, auténtica base de retaguardia para los islamistas armados.
Cuarto punto: la fragilidad de las juntas gobernantes. De hecho, no se pueden descartar movimientos dentro del ejército. En Burkina Faso, Traoré denuncia intentos de golpes de Estado reales o imaginarios que han sido frustrados. Esto demuestra que no puede contar con la totalidad de las fuerzas armadas. Recientemente, Níger ha sufrido dos motines en dos días, uno en Filingué y otro en Tera. Las tropas se negaron a ir al frente, lo que dice mucho del estado de las fuerzas nigerinas. En Malí se escuchan voces disidentes dentro del ejército.
De cara al futuro existen numerosas opciones, entre las que cabe citar tres que se han dado en otros países. Un escenario como el somalí, en el que los grupos islamistas logran controlar la mayor parte de los territorios que rodean las capitales, que permanecen bajo el dominio de las juntas, intentando imponer un bloqueo y extendiendo sus guerras hacia los países costeros. Un segundo escenario se parecería a lo que ocurrió en Siria. La ruptura del JNIM con Al Qaeda y una relativa desconfesionalización que permitiría establecer alianzas con facciones del ejército en uno de los tres países de la AES en torno a la expulsión de las tropas rusas y una gobernanza sin corrupción. Por último, no se puede descartar el colapso, bajo los golpes de los yihadistas, de uno de los tres regímenes, lo que tendría un efecto dominó en los otros dos países. Un episodio que recordaría al de Afganistán, con todas las consecuencias catastróficas que ello supondría, especialmente para las mujeres.
Contretemps
Traducción: viento sur
Fuente: https://vientosur.info/salir-del-atolladero-militarista/