Las 20 víctimas fueron secuestradas en diferentes zonas de España y obligadas a viajar en patera hasta nada menos que la playa de La Chanchulla, en la provincia de Almería.
Desnutridos y agotados, de allí vagaron por campos de cultivo donde jornaleros y otros bandoleros se negaron a contratarles.
Hacinados por la mafia de trabajadores, los 20 empresarios fueron recluidos en un piso de protección social que era llamado “el zulo inmundo del tío Raimundo”. “Aún resuenan
en mi interior sus atroces voces”, rememora entre lágrimas unos de los secuestrados.
“Qué horror, qué horror”. “Y tanto”,
añade otra víctima, “hemos vivido
un holocausto, incluso dos”.
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, aseguró
nada más conocer la noticia
que, por lo que parece, en España
“hay una realidad oculta y siniestra
a la que vamos a poner freno.
Este gobierno siempre estará al
lado de las víctimas”.
El ministro
de Interior, José Antonio Alonso,
dispuesto a poner toda la carne
en el asador hasta que huela a
chamusquina: “No vamos a permitir
que siempre sean los mismos
los que sufren las mayores
de las injusticias. Esas redes mafiosas
que se lucran con estas personas
tienen sus días contados,
porque el peso de la ley va a caer
sobre ellos, y, lógicamente, perecerán
aplastados”.
Los detalles del cautiverio son
espeluznantes. En el viaje en patera,
muchos de los empresarios
perdieron valiosas prendas con
las que protegerse del frío. En su
peregrinaje por tierras almerienses,
muchos vieron estropearse
sus zapatos e incluso algunos padecieron
callos y fatiga.
Las condiciones de vida
en el “zulo inmundo del tío
Raimundo” no fueron mejores.
El recinto era un simple
piso de protección oficial,
sin decoración ni buen gusto.
Algunos empresarios
fueron obligados a trabajar
en la calle vendiendo objetos
de escaso valor o aceptando
ofertas tortuosas.
Como salario, la mayoría recibían
el mínimo. En el terror,
dos de los secuestrados
fueron obligados a percibir
una pensión de viudedad.
Fueron los vecinos quienes
dieron la voz de alarma
a la Guardia Civil. «Pues sí.
Nunca me he fiado de esos
magrebíes que trafican con
empresarios. Cuando los ví,
le dije a mi marido: ‘me parece
que esos son magrebíes
que explotan a empresarios’.
Luego vimos a unos cuantos pobrecitos,
que parecían empresarios
y ya establecimos el círculo
inductivo deductivo».
La JETA, Junta Empresarial
Textil Asociada a la que pertenecen
varios de los secuestrados, ha
pedido al Gobierno voluntad para
acabar con una realidad “que desborda
lo imaginable y se ha convertido
ya en inimaginable”.