F. J. B.
El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo -PE- remitió el pasado 24 de abril una carta al vicepresidente del Consell, Víctor Campos, en la que recrimina que el Consell no haya variado su política urbanística desde la condena unánime del PE el pasado diciembre. La misiva, firmada por Marcin Libicki, denuncia que muchos ayuntamientos de la provincia de Alicante -entre ellos los de Parcent, Tibi o Benissa- aprobaran hasta 34 Programas de Actuación Integrada (PAI) a última hora y con el objeto de que se les aplicara la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). Es la primera vez que Bruselas se dirige directamente al Consell en la polémica abierta por la aplicación de la legislación urbanística en la Comunidad Valenciana y que, hasta ahora, se centraba al intercambio de información entre la UE y el Ministerio de Asuntos Exteriores, expedientado, precisamente, por la mala aplicación de la LRAU.
El caso de Parcent es especialmente significativo, ya que el Ayuntamiento aprobó los tres PAI cuestionados el 30 de enero -justo un día antes de la derogación de la LRAU- con la intención de construir 1.800 viviendas.
El Comité de Peticiones advierte en su carta de que continúa recibiendo quejas de propietarios de suelo en la Comunidad Valenciana por la presunta vulneración de sus derechos. Libicki lamenta, por otro lado, que ni Consell, ni los ayuntamientos hayan puesto los medios para buscar soluciones (indemnizaciones) a los propietarios damnificados por la irregular aplicación de la hoy extinta Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.
El Comité considera insuficiente la información remitida por el Ejecutivo el pasado 31 de marzo y le traslada que no se descarta abrir nuevos debates sobre el asunto con otras instituciones de la UE.
La Comisión Europea abrió el pasado 4 de abril un nuevo expediente a España al considerar que la Ley Urbanística Valenciana -LUV-, que sustituyó el 1 de febrero a la polémica LRAU, tampoco ha resuelto algunos de los aspectos de la legislación anterior que eran contrarios al derecho comunitario y, por lo tanto, estuvieron a punto de llevar la ley ante el Tribunal de Luxemburgo.
Bruselas ya dio un primer aviso el 13 de diciembre de 2005 al detectar irregularidades en la LUV y ayer, no satisfecha con las alegaciones del Consell, comunicó la apertura de un expediente y dio dos meses a España (en este caso la Generalitat) para resolver las anomalías si no quiere ver cómo la nueva ley urbanística acaba en los tribunales. El Consell aprobó la normativa el 22 de diciembre de 2005 y está en vigor desde el pasado 1 de febrero.
Bruselas considera que la LUV no corrige aspectos fundamentales como la obligación de que los pliegos de condiciones y documentos para licitar un Programa de Actuación Integrada -PAI- se publiquen en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o la posibilidad que daba la antigua LRAU de incrementar el precio de un determinado plan después de haber seleccionado al agente urbanizador. Bruselas censura también la posibilidad de que se puedan modificar partes de un contrato o el propio proyecto después de adjudicado.
En la carta de emplazamiento (expediente), la UE ya denunció, por otro lado, que se han seguido adjudicando planes urbanísticos amparados por la LRAU, como recuerda la misiva del 24 de abril.
(Artículo aparecido en el diario «Información»)