SYLVIA ESCRIBANO
Las empresas urbanizadoras prevén construir en Alicante cerca de 700.000 viviendas y más de 25 campos de golf, según los datos recopilados por varios colectivos ecologistas. Los grandes planes urbanísticos proyectados tendrán capacidad para albergar a más de dos millones de personas, lo que significaría duplicar la población de la provincia. Algunos de los PAIs ya han comenzado a construirse, otros están en trámite de aprobación o en suspenso. En el caso de que todos ellos salieran adelante, el panorama en la provincia en 2016 cambiaría de forma radical. Los problemas con el agua, recogida de residuos, prestaciones sociales y agresiones al medio ambiente se multiplicarían por dos, «con el consiguiente descenso del nivel de calidad de vida», asegura el portavoz de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), Miguel Ángel Pavón.
El cambio de legislación urbanística en la Comunidad, con la entrada en vigor de la LUV, ha provocado una avalancha de peticiones para construir macrourbanizaciones. Mientras, los ecologistas advierten de que será imposible abastecer a todas ellas con los escasos recursos existentes en la provincia. Uno de los mayores inconvenientes es la carencia de agua. Los dos millones de habitantes que podrán albergar las nuevas edificaciones necesitarán más de 200 hectómetros cúbicos anuales de este bien. Pavón incide en que la construcción de desaladoras, «puede subsanar parte de las deficiencias de suministro, pero también tienen un gran impacto ambiental y no pueden dar cabida a esta salvajada».
A estas necesidades hídricas se añadiría el agua necesaria para los 25 campos de golf previstos por las urbanizadoras y que elevarían a más de 40 la cifra de estas instalaciones en la provincia. A este respecto, el portavoz de Esquerra Ecologista del País Valencià, Luis Falcó, explica que estas superficies «se podrían abastecer del agua reciclada de las viviendas», aunque «suponen un gran impacto sobre el suelo y el paisaje».
Falcó espera que muchos de estos planes sean paralizados por la Confederación Hidrográfica del Júcar por la falta de capacidad de abastecimiento. Sin embargo, Pavón insiste en que «la última palabra la tiene la Conselleria de Territorio, pues los informes de la CHJ no son vinculantes». Ambos confían en que la presión vecinal también llegue a paralizar algunos de los proyectos, como ya ha ocurrido con alguno.
Además de las incompatibilidades del aumento de población con la falta de recursos hídricos y energéticos, los ayuntamientos se verán obligados a suministrar servicios como la sanidad, el transporte o la educación a todas esas macrourbanizaciones, «lo que les llevará a un progresivo endeudamiento, como ha ocurrido en Torrevieja, donde se supera el 110% permitido por Hacienda», explica Pavón. Al final, «los que pagarán serán los vecinos con impuestos», añade. Para Falcó, las pequeñas localidades en las que «se prevé triplicar la población, como en Xixona, los gastos serán inasumibles». La conclusión de los diferentes colectivos ecologistas es que la provincia no tiene capacidad para albergar el crecimiento previsto para los diez próximos años. Los empresarios lo saben, por eso «han comenzado a marcharse al norte de África para construir allí sus proyectos», asegura Pavón.
Según el recopilatorio realizado por AHSA, Amig@s de la Sierra Escalona, la coordinadora la Vega Baja No se Vende y Esquerra Ecologista, las 700.000 viviendas previstas en la provincia suponen un grave desequilibrio medioambiental. En la comarca de L’Alacantí, los planes más agresivos son el de Rabassa en Alicante, El Sabinar en San Vicente o El Espartal en Xixona. Sólo en la capital se crearán más de 52.000 viviendas, prácticamente las mismas que se proyectan en Elche. En la Marina Alta, planes como el de Pego amenazan parte del marjal. En la Marina Baixa, las 6.000 viviendas y el campo de golf del proyecto del Algar también son un riesgo para la naturaleza. La Sierra Mariola y la Font Roja se encuentran en peligro por el plan de Xirillent y el del Aljibe en Tibi. En el Vinalopó, el de las Cañadas, en Elda, es otro de los grandes PAIs. La Vega Baja es la más amenazada por el ladrillo y sólo en Orihuela se prevén más de 67.000 nuevas viviendas. En esta comarca, la posibilidad de que se duplique la población acentuará el problema de la recogida de residuos sólidos, aseguran los ecologistas.
(Noticia aparecida en el diario «Información»)