La votación del proyecto de reforma al servicio militar obligatorio en la Cámara de Diputados chilena está paralizada en virtud de las modificaciones pedidas por los dirigentes de las Fuerzas Armadas en la cláusula de la objeción de conciencia planteada año pasado por los diputados Antonio Leal y Jorge Burgos, permitiendo a los jóvenes pedir dispensa del reclutamiento a causa de convicciones íntimas, como existe en países como el Brasil.
El temor de que el Estado deje proveer recursos humanos para la Defensa, manifiesto por el jefe del Ejército chileno, Juan Emilio Cheyre, ha provocado la reformulación de este punto de la reforma del servicio militar. También ha servido como presión adicional en contra la medida la opinión del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, que ha advertido que con la cláusula se hará crecer el gasto público, ya que obliga al Estado a buscar alternativas a las vacantes a través de voluntarios y profesionales.
Con la revisión impulsada por la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, se han colocado varias restricciones a la objeción de conciencia de modo a supuestamente impedir el abuso del derecho. Por ejemplo, ahora la decisión definitiva sobre el otorgamiento de la dispensa cabe al Ministerio de Defensa, sin que los pedidos denegados puedan ser llevados a los tribunales por el objetor de conciencia rechazado.
Para la organización Rompiendo Filas, grupo antimilitarista que lucha por la implementación de la objeción de conciencia en el país, la actual redacción de la cláusula «es una burla a los derechos humanos, ya que hemos visto que los militares tienen harta injerencia en esto y el gobierno para no molestarlos prefieren oponerse a un derecho fundamental de las personas y que además se encuentra especificado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
La entidad atenta para el hecho de que en caso de guerra, los objetores de conciencia deben ser convocados y que todos los jóvenes en «edad militar» están registrados previamente por las Fuerzas Armadas, sin que el gobierno esté enterado de las opciones de los jóvenes.
La lucha por el derecho a la objeción de conciencia ha empezado en Chile en 1995, cuando se ha conformado la Red Chilena de Objeción de Conciencia (ROC). El año pasado, 70 jóvenes ha escrito cartas a la ministra de la Defensa afirmando que «no quieren aprender a usar armas, se niegan a matar a otros seres humanos, rechazan la guerra (por razones éticas, filosóficas o religiosas) y propician vías pacíficas de solución de conflictos» y, por lo tanto, deberían acceder al derecho de solicitar dispensa del servicio militar. Coincidentemente o no, ninguno de los jóvenes ha sido llamado a ingresar en las Fuerzas Armadas.
Como medidas para incentivar los jóvenes a prestar el servicio militar, la reforma prevé estímulos económicos, tales como aumentar el sueldo a los reclutas, dar subsidio habitacional y más capacitación o estudios superiores.
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