El desafuero de Pinochet -tiene una protección judicial por su condición de senador- fue solicitado el pasado día 2, tal como publicó Levante-EMV, por la abogada Fabiola Letelier, que representa a un grupo de curas chilenos también desaparecidos, cuya causa se unió a la de Llidó, el único religioso español muerto durante la represión tras el golpe de Estado en Chile de 1973. La petición fue entregada al juez Jorge Zepeda, quien la ha acogido y ayer la trasladó a la Corte de Apelaciones, agregaron las fuentes.
El juez entiende que existen fundamentos para que el tribunal superior analice la responsabilidad del ex dictador en el secuestro, tortura y desaparición del sacerdote nacido en Xàbia por parte de agentes de la policía secreta (la DINA) el 1 de octubre de 1974.
La abogada Letelier -hermana del ex ministro chileno Osvaldo Letelier, asesinado en Washington por agentes del régimen- basó su petición de desafuero de Pinochet en diversos testimonios sobre las torturas que sufrió Llidó tras su paso por centros de detención de la DINA. La letrada recordó las palabras de Pinochet a los obispos del Comité Pro Paz que se interesaron por la situación de varios religiosos desaparecidos: «Ese no es un cura, es un marxista», dijo. Y agregó: «Es necesario torturar para obtener información», según declaró al juez el prelado luterano alemán Helmut Frenz.
Un proceso de casi 30 años
La lucha judicial de la familia de Antoni Llidó es larga. Se inicia en 1978, cuando interpuso la primera querella. Los allegados siempre han apuntado sobre la responsabilidad de Pinochet, como ha recordado la hermana del sacerdote, Josefa Llidó. Esta manifestó tras la petición de Letelier su satisfacción, aunque expresó escasas esperanzas en que pueda prosperar. Las distintas peticiones de desafuero del general han topado de manera sistemática con la negativa de la Corte Suprema de Chile.
La demanda de los familiares fue archivada provisionalmente en 1992 y por completo en 1996, al considerar que era un caso ya juzgado y amnistiado. El recurso fue aceptado sin embargo dos años después por el juez Zepeda, que procesó al jefe de la DINA, el general Manuel Contreras.
(Noticia aparecida en el diario «Levante»)