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Montilla, en calidad de Ministro de Industria, ha explicado que «se contempla la posibilidad de impedir el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente», o lo que es lo mismo, que el gobierno, y no los jueces, pueda privarnos de ver un medio de comunicación bien extrajero o bien situados en el extranjero.
El Pais «enfoca» la iniciativa explicando que servirá para evitar la comisión de delitos (estafas, apología de la xenofóbia, etc.) cuando en un nuestro ordenamiento jurídico es la policía, fiscales y jueces quienes persiguen los delitos, y no un ministerio de Industria.
Lo que no tiene mucho sentido es que el gobierno pueda «eliminar» un medio de información ya que el artículo 20 de la Constitución Española exige una resolución judicial. Parece que tras la Web 2.0 tenemos ahora LSSI 2.0
Mira també:
http://barrapunto.com/article.plsid=06/09/08/205237&mode=thread
Comentario de Ciborg en Indy Barna:
Artículo del abogado defensor de los derechos en internet, Almeida