El cemento está presente en la mayor parte del litoral de la Comunidad. Sólo el 31% de la costa está libre edificación, lo que significa que el 69% ya está urbanizado, según los datos recopilados por la Conselleria de Territorio y Vivienda a principios de 2006.
El litoral de la Comunidad se extiende a lo largo de 476 Kilómetros, de los que sólo 154 se encuentran, por el momento, sin urbanizar. Estos territorios libres de edificación se encuentran protegidos, salvo 34 kilómetros que todavía están expuestos a la amenaza urbanística, según los mismos datos. Fuentes de la Conselleria aseguran que el urbanizar en esos terrenos depende de lo que contemplen los diferentes ayuntamientos, pero inciden en que todos los PAI tienen que recibir el visto bueno de la Generalitat y que no se encuentran completamente desprotegidos.
Estos 34 kilómetros son la única superficie a pie de playa susceptible de ser construida, ya que los urbanizadores han agotado el suelo de la costa y, el que queda, se encuentra protegido bajo diferentes instrumentos ambientales y territoriales.
Los últimos datos recogidos por el Ministerio de Medio Ambiente hacen referencia al periodo 1990-2000. Durante esa década, la provincia de Alicante registró el mayor crecimiento de superficie urbanizada a pie de playa y sólo Málaga presentaba un mayor porcentaje de construcciones en el primer kilómetro de costa. En esos diez años se pasó de tener urbanizado un 42% de la costa al 52%, lo que evidencia un crecimiento del 10% en una década. Desde esta institución atribuyen el aumento de las edificaciones a pie de playa a la presión ejercida por el turismo.
Para los colectivos ecologistas, la superficie urbanizada es excesiva y consideran que los escasos espacios protegidos en el litoral «también sufren agresiones urbanísticas», según explica el portavoz de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante, Miguel Ángel Pavón. Para él, no existen rincones a salvo de la amenaza del ladrillo, «sobre todo en el sur de la provincia», donde asegura existen ejemplos de agresiones medioambientales en la costa en localidades como Elche, Santa Pola, Guardamar o Torrevieja.
Este ecologista explica que «antes de la ley de Costas de 1988, se reclasificaron muchos terrenos del litoral de la provincia para convertirlos en urbanizables y mantener una distancia de 20 metros con el mar, no de 100 como establecía la nueva normativa». Pavón considera que esta norma sigue siendo «poco restrictiva», por lo que incide en que «debería reformarse para añadir artículos medioambientales que ayuden a proteger el litoral».
En cuanto al hecho de que únicamente queden 34 kilómetros de costa en la Comunidad expuestos a la amenaza urbanizadora y al criterio de los diferentes ayuntamientos, Pavón considera que «ya deben estar planificados, porque el acoso es brutal».
Pavón considera que el Plan de Acción Territorial de la Comunidad Valenciana (PATL) «podría ser más ambicioso» y recuerda que desde la Coordinadora la Vega Baja no se vende han presentado alegaciones contra este proyecto que «pretende convertir la comarca en un inmenso solar urbanizable». Para esta agrupación, «la intención del PATL de descongestionar la primera línea de costa mediante la urbanización del interior nos parece un despropósito» que conducirá a «trasladar el modelo urbanístico depredador que ha destrozado la franja litoral a zonas que es urgente preservar». Además, los ecologistas inciden en que los ayuntamiento tienen «un apoyo para sus desmedidas pretensiones urbanizadoras» y reclaman que el plan sólo permita el desarrollo en torno a núcleos urbanos consolidados.
(Noticia aparecida en el diario «Información»)