El Supremo rechaza en su sentencia los recursos presentados por Carlos Pascual, el ex concejal José Orihuel, la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de Pego y el Ayuntamiento, gobernado actualmente por un tripartito formado por el PP, el partido socialista y el Bloc. De este modo, ratifica las condenas impuestas por delito ecológico, desobediencia judicial y atentado contra el director de la reserva natural.
En una sentencia dictada el 31 de diciembre del 2003, la Audiencia Provincial de Alicante condenaba a Carlos Pascual y a José Orihuel a una pena de cárcel de tres años cada uno por realizar desecaciones en el Marjal sin autorización, ensanchar caminos e incendiar vegetación para ganar terrenos de cultivo en la reserva natural. Además, les imponía una multa de 7.920 euros por quebrantar una orden del Juzgado de Instrucción Número 2 de Dénia en el que solicitaba que cesaran las obras.
Junto con la pena impuesta por un delito contra el medio ambiente, el tribunal imponía otros tres años de prisión al ex alcalde al considerarle responsable de movilizar a medio centenar de personas para que impidieran el paso al director de la reserva natural durante cerca de una hora en marzo de 1997.
El fallo judicial absolvía a otros tres agricultores juzgados por esta causa y obligaba a los dos condenados a indemnizar a la Generalitat Valenciana con 1.202.024 euros por los daños causados a las especies autóctonas del parque y por el coste económico que suponía devolver la reserva natural a su estado originario.
Insolventes
A pesar de que la sentencia considera responsables civiles subsidiarios a la Comunidad de Regantes de las Tierras Arrozales de Pego y al Ayuntamiento, el actual alcalde del PP, Carmelo Ortolá, señalaba ayer que el Consistorio tendrá que hacerse cargo de toda la indemnización, ya que la otra entidad «no tiene bienes para hacer frente a esa cantidad».
Según Carmelo Ortolá, el desembolso económico llevaría al Ayuntamiento a la quiebra, ya que todavía está haciendo frente a la deuda de más de tres millones de euros heredada del antiguo equipo de Gobierno dirigido por Carlos Pascual, y de la que aún quedan por pagar 2,4 millones de euros. «Vamos a tratar de negociar la forma de pago de la indemnización, para hacerlo de forma fraccionada, ya que no podemos hacerlo de golpe y un pueblo entero no puede sufrir las consecuencia de una mala gestión», explicaba el alcalde. Con este fin, el lunes estaba previsto que se reuniera la corporación municipal.
La sentencia de la Audiencia recuerda que la Generalitat creó y delimitó el parque natural en este paraje por Ley en 1994 y que, al iniciar su Plan de Ordenación de Recursos Naturales, prohibió de 1996 a 1999 alterar el entorno físico del Marjal, de 1.250 hectáreas de superficie, 850 de ellas humedales.
De acuerdo con el fallo Pascual y Orihuel, a pesar de «conocer su carácter de parque natural y las medidas del Gobierno valenciano», acordaron realizar actuaciones en el paraje para «recuperar los cultivos de arroz», paralizados desde 1982 de modo generalizado, y así «lograr mejores precios para las fincas de particulares», pues la Generalitat compraba terrenos en el parque.
El resultado de las actuaciones, según la sentencia, fue la afección de 600 hectáreas del parque, la muerte masiva de peces y el descenso del nivel del agua, con peligro de desecación de la marjal. «Los acusados que eran representantes populares en el gobierno municipal y lo presidían aprovecharon esa condición para ordenar las conductas lesivas al parque natural», concluye el TS.
Las obras: se produjeron entre el 25 de noviembre de 1996 y el 20 de octubre de 1998. Consistieron en bombeo de agua, incendios y obras realizadas sin autorización.
Auto judicial: el 14 de marzo de 1997 el Juzgado de Instrucción Número 2 de Dénia prohibió cualquier trabajo de transformación en el parque. Los acusados hicieron caso omiso.
Atentado: el 11 de marzo de 1997 medio centenar de personas impidió el paso al director del parque.
Imputados
Carlos Pascual: fue alcalde de Pego desde 1995 hasta el año 2003 por Iniciativa Independiente.
José Orihuel: teniente de alcalde en la época de Carlos Pascual, ex concejal de Agricultura y presidente de la Comunidad de Regantes de de las Tierras Arrozales de Pego.
Agricultores: se imputaba a otros cuatro agricultores. Uno no fue juzgado por enfermedad y los otros tres resultaron absueltos.
Condenas
Carlos Pascual: por el delito ecológico lo condenan a tres años de cárcel y a otros tanto de inhabilitación especial en cargo público, así como al pago de 3.600 euros de multa; por el delito de atentado deberá cumplir tres años de cárcel; por la desobediencia judicial se le condena a una multa de 24 meses con una cuota diaria de seis euros.
José Orihuel: por el delito ecológico lo condenan a tres años de cárcel y a otros tanto de inhabilitación especial en cargo público, así como al pago de 3.600 euros de multa; por la desobediencia judicial se le condena a una multa de 24 meses con una cuota diaria de seis euros.
Indemnización: 1.202.024 euros.
Pascual pedirá el amparo del Tribunal Constitucional
El ex alcalde de Pego, Carlos Pascual, solicitará el amparo del Tribunal Constitucional tras conocer la sentencia que lo condena a seis años de prisión, según anunció ayer el letrado que le representa, Iván Fernández.
Para el abogado, la sentencia supone «una vulneración de los derechos fundamentales» de los condenados, entre ellos el de defensa. Por eso mismo, «también vamos a acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Ginebra», que ya ha condenado a los tribunales españoles en otras causas. Es precisamente en esta última institución en donde «tenemos más esperanzas».
El letrado señaló que se va a solicitar la suspensión de la condena de prisión mientras el Constitucional resuelve el recurso de amparo.
Carlos Pascual, dirigente del partido creado por él, Iniciativa Independiente, accedió a la alcaldía en junio de 1995, hasta que en junio del 2003 accedió al cargo el popular Carmelo Ortolá. Tras ser condenado en diciembre de ese año, tanto él como su mano derecha, José Orihuel, dimitieron como concejales.
(Noticia aparecida en el diario «La Verdad»)
El Supremo ratifica la pena de seis años de cárcel para el ex alcalde de Pego, en la condena más alta en España hasta la fecha por actuaciones en contra del Medio Ambiente
Estoy Interesada, en el ecosistema de la provincia de pego ya que mi familia procede de dicho lugar, estoy escribiendo desde México, y quisiera poder conocer la región antes de que la codicia de pocos acaben con la naturaleza y el entorno de el lugar.
si alguien conoce más información de este lugar, favor de enviar correo a nombre de Fredesvinda Morato Pego. f_mope@hotmail.com.mx
El Supremo ratifica la pena de seis años de cárcel para el ex alcalde de Pego, en la condena más alta en España hasta la fecha por actuaciones en contra del Medio Ambiente
Estas dos personas no han destrozado el ecosistema, todo lo contrario, lo han favorecido, por mucho que se diga. Y gracias a una minoria los han condenado, y desgraciadamente, nuestro ex-alcalde, aunque para más de medio pueblo sigue siendo nuestro alcalde, ha entrado en prisión.Por lo tanto, la marjal de Pego gracias a Carlos Pascual está mejor que nunca.
Un saludo.
El Supremo ratifica la pena de seis años de cárcel para el ex alcalde de Pego, en la condena más alta en España hasta la fecha por actuaciones en contra del Medio Ambiente
No hubo codicia, la generalitat dejó durante varios años al pueblo sin las actuaciones previstas por lo que estos volviero a sus actuaciones anteriores ,cultivar arroz con todo lo que conlleva de destruccion y regeneracion posterior .
Mientras tanto la generalitat compraba terrenos a precio de saldo, como abandonados y sin actividad, al retomar la actividad de cultivo habian de pagarla a otro precio.
Que quede claro. Es una condena politica y lo unico que es un sin sentido es que para que el pueblo no pague la condena Billonaria se pidan pagos politicos y carcel para la opinion publica
Saludos