Jiguamiandó y Curvaradó son los nombres de Territorios que han salido de su anonimato y relativo ostracismo por las construcciones de afirmación integral de sus derechos que han hecho quienes allí habitan: comunidades afrodescendientes, mestizas e indígenas ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos y la siembra de palma aceitera que ha sido posibilitada por la destrucción de vidas humanas.
Las tierras invadidas con palma corresponden proporcionalmente a la extensión de Bogotá, con las que se ha exterminado millares de especies y de sistemas de vida natural. Las expresiones de resistencia civil en el Bajo Atrato han logrado romper muros de desinformación, de manipulación, de distorsión. Su decisión de habitar en el Territorio heredado desde hace más de 50 años, les ha significado ser víctimas y testigos de más de un centenar de crímenes, desde que se implementó la estrategia paramilitar y desde la implementación de la siembra de palma en las 14 caseríos de los que han sido desalojados.
Ellos, los afrodescendientes que conviven con mestizos, en el Bajo Atrato , son parte de los sectores marginales, excluidos y discriminados del Chocó; son parte de los 11.745.403 personas, que representan el 26,83% de la población total, con una identidad socio cultural, unas tradiciones y costumbres propias y una particular relación con el entorno, su biodiversidad y con otros pueblos originarios.