Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un sacerdote de Burjassot por las cartas de amenazas que en nombre de ETA recibieron la semana pasada varios magistrados y abogados de la Comunidad Valenciana, según pudo confirmar este diario ayer en fuentes policiales. Al parecer, el cura es una persona con trastornos mentales que había tenido problemas con los tribunales tras un pleito.
La Conselleria de Justicia había utilizado este incidente para arremeter contra la política antiterrorista del Gobierno. Las críticas del conseller Miguel Peralta que llegó a afirmar que las misivas confirmaban «el fracaso del Gobierno de Zapatero» han levantado un gran malestar en el ministerio del Interior, ya que según las fuentes consultadas por este diario «el conseller sabía que los escritos eran falsos y no tenían ninguna vinculación con la banda terrorista cuando hizo estas afirmaciones en una rueda de prensa».
El arresto se produce sólo dos semanas después de que en los despachos de varios jueces de la Comunidad Valenciana y algunos abogados se recibieran varias cartas enviadas desde San Sebastián en las que se les amenazaba con pegarles «un tiro en la nuca». A los pocos días, el conseller aprovechó una rueda de prensa en Ibi para vincular las misivas a los «desaciertos de la política antiterrorista del Gobierno». Peralta instó al delegado del Gobierno, Antonio Bernabé, a que extremara las medidas de seguridad ante las amenazas recibidas por el colectivo judicial.
El arresto del sacerdote se produjo el lunes tras un registro de la Policía en su domicilio de Burjassot. Al sospechoso se le atribuyen otros escritos amenazantes que habían recibido varios magistrados durante los últimos años. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que se trata de una persona con trastornos mentales y que tuvo problemas con la Justicia a causa de otro pleito. Las amenazas fueron dirigidas en un primer momento a su abogada, pero pronto se fueron extendiendo a otros miembros del colectivo judicial, al que el religioso, al parecer apartado del servicio, culpaba de sus problemas personales. Según fuentes policiales, las amenazas no se habían limitado tan sólo al ámbito de la Comunidad Valenciana, sino que habían llegado incluso al fiscal general del Estado. Las faltas de ortografía y la tipografía de la máquina escribir han sido las pistas que permitieron a la Policía encontrar el nexo común entre todas las cartas de amenazas recibidas por jueces y abogados. En el registro domiciliario, se le ha confiscado la máquina de escribir y otros utensilios utilizados para hacer los envíos.
La Policía investiga ahora el por qué las misivas se enviaron desde San Sebastián, aunque la hipótesis que se baraja es que encargara a alguna persona que viajara a esa ciudad que le echara los sobres en el buzón desde allí.
Las indagaciones de la Policía habían descartado desde un principio la vinculación de la banda terrorista ETA con estas amenazas, por eso en el ministerio del Interior hay gran malestar con la actuación de la Conselleria de Justicia. Fuentes cercanas a la Delegación del Gobierno en la Comunidad señalaron que cuando Peralta hizo la rueda de prensa, «se conocía perfectamente que todo apuntaba a una persona desequilibrada». Estas fuentes precisaron que, en caso de ignorarlo, la Conselleria debería haber sido más prudente y esperar a que la investigación confirmara o desmintiera la vinculación con ETA con las amenazas. Por ello, calificaron de «irresponsable» la actuación del conseller Miguel Peralta.
(Noticia aparecida en el diario «Información»)