Por Humberto Tobón y Tobón[1]
Es absolutamente cierto que la humanidad requiere embalses para generar electricidad, regular el cauce de los ríos, tener reservas para las épocas de escasez, facilitar el riego en proyectos agrícolas y asegurar el abastecimiento de acueductos. Pero también es cierto que a los gobiernos del mundo se les está yendo la mano con esta clase de infraestructuras, cuyos impactos ambientales son inocultablemente dañinos, porque no permiten la oxigenación de su agua lo cual agota la vida dentro del embalse; impiden la fertilidad de los valles al no poderse
irrigar la tierra con nutrientes; son focos de enfermedades peligrosas como la
leishmaniasis y la malaria dado que en sus aguas putrefactas se reproducen los
insectos transmisores; y afectan la calidad de vida de la gente por la producción de
gas sulfhídrico que emite malos olores.
En el mundo existen cerca de 38.000 embalses de más de 15 metros de profundidad y
por lo menos un centenar de más de 150 metros concentrados en 50 países, lo que ha
originado gravísimos problemas sociales, políticos y económicos para comunidades que
vieron disminuir el caudal de sus ríos, e incluso, muchas regiones jamás volvieron a
sentir pasar por el lecho de sus tradicionales afluentes una sola gota de agua.
La decisión de construir estas presas surge de la iniciativa gubernamental, que sólo
se detienen a mirar un ángulo de la realidad: la necesidad de contener agua para
proyectos hidroeléctricos y eventualmente productivos; pero se abstienen de analizar
los efectos que este tipo de decisiones ocasionan, especialmente por el obligatorio
desplazamiento de miles de familias, la inundación de hectáreas productivas y la
afectación de las relaciones socioculturales de las personas que se encontraban
localizadas donde ahora se erigen las majestuosas moles de hormigón.
Los embalses retienen el 60% del caudal de las aguas de los ríos del mundo, o sea,
alrededor de 5.500 kilómetros cúbicos de agua dulce, con las que se producen 2.000
Twh de energía eléctrica[2]
Frente a los evidentes daños ambientales que la proliferación de embalases ha
irrigado por todo el mundo, miles de personas han elevado su voz de protesta, cada
vez más airada y con más argumentos técnicos, políticos y económicos, para impedir
que se siga encapsulando un recurso que debe correr libre para poder ser utilizado
por la mayor cantidad posible de seres humanos[3]. Producto de la resistencia social
el 14 de marzo de todos los años se conmemora el Día Internacional contra los
grandes embalses, aprobado en 1997 en un encuentro realizado en Curitiba – Brasil en
el que se participaron representantes de comunidades afectadas por represas.
La situación de Colombia en este tema es preocupante, dado que afecta directamente a
las comunidades que limitan con los 24 embalses que están en funcionamiento y que
acumulan cerca de 1.000 millones de metros cúbicos de agua, los cuales están
destinados casi que exclusivamente a la generación hidroeléctrica. También impacta a
las personas, organizaciones y proyectos productivos que requieren tomar las aguas
sobrantes de las represas. Las preocupaciones radican en el hecho de que el manejo
técnico que se hace de estas presas es bastante deficiente en términos de tiempo de
retención de las aguas, ausencia de limpieza previa de los terrenos antes de las
inundaciones, mala calidad de las aguas que los surten periódicamente e ineficiente
tratamiento que se les hace durante la operación.
El inadecuado manejo de embalses ha obligado a la intervención del Ministerio del
Ambiente en Colombia, pero sus decisiones, bastante tolerantes, no se han convertido
en un elemento definitivo para superar el problema de eutrofizados, que no sólo
genera malos olores (quienes llegan a Bogotá por el sur sienten los olores
nauseabundos del Muña) sino también daños irreparables a los ríos donde vierten sus
aguas y, además, incuba un grupo de insectos que pone en serio riesgo la vida de los
habitantes cercanos.
La falta de políticas claras por parte del Minambiente y de muchas autoridades
ambientales en torno al manejo de los embalses se debe a los intereses económicos de
las hidroeléctricas, pues prefieren arriesgar el bienestar de la gente y permitir
altos niveles de contaminación y degradación de los recursos, antes que ordenar el
cierre de las presas para que sean sometidas a revisiones técnicas y disminuyan sus
impactos naturales, los cuales son mayores que los resultados positivos que se
pueden obtener de producir y vender energía.
[1] Economista y Comunicador Social. Experto en economía ambiental, finanzas
privadas y ciencias políticas. humbertotobon@yahoo.com.mx
[2] José Santamarta Flórez director de World Watch. Revista World Watch nº4.
Tomado de www.ecoportal.com
[3] Según Nacionales Unidas, 1.200 millones de personas en el planeta no tienen
fácil acceso a agua potable.