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Rebelión china por las ‘visitas’ policiales

Tan proverbial como su laboriosidad es la discreción de los chinos. Pero Chinatown, la comunidad oriental de Madrid, ha estallado. Algo grave ha debido ocurrir para que un grupo de inmigrantes se atreva abiertamente a denunciar ni más ni menos que a la Policía.

Unos 20 inmigrantes chinos, dueños y clientes de cuatro locales situados en Usera, acusan a agentes del distrito de haberles robado dinero en el curso de varias intervenciones policiales durante los meses de febrero y marzo. En total afirman que les han hurtado 5.700 euros de las carteras en el momento de cachearles durante el registro de los locales. Los ladrones, según dicen, son dos policías que siempre actuaban de paisano aunque apoyados en alguna ocasión por otros de uniforme que mantenían una actitud más pasiva y se quedaban a la puerta de los negocios.

Esta denuncia, que ha sido publicada en portada por los tres periódicos chinos que se editan en Madrid, fue ratificada por los afectados, que hablaron con M2 asistidos por un intérprete. A la cita fue convocada la veintena de personas que afirma haber notado la falta de dinero cuando le fue devuelta la cartera por el policía que le cacheó, pero sólo acudió la mitad. El resto, según sus compañeros, alegó que seguía teniendo miedo, a pesar de que el jueves mismo les recibió la mujer del embajador y el primer secretario de la legación diplomática, quienes les dieron su apoyo y les prometieron hacer gestiones desde la embajada.

Los establecimientos afectados son dos restaurantes, una tienda de té y un negocio de Internet, todos ellos situados en el barrio de Usera, un distrito que junto con Vallecas alberga la mayor concentración de orientales de todo Madrid, con locales donde la mayoría de la clientela es también china.

Los policías acudían a los establecimientos de noche y en fin de semana. El motivo parece ser que eran inspecciones ordinarias aunque, según la denuncia de los comerciantes, los agentes, cuando actuaban sólo los de paisano, se limitaban a pedir silencio a voces cuando eran requeridos para que se identificaran y explicaran el motivo de la inspección.

En una de las intervenciones sí les enseñaron sus placas profesionales de Policía, pero los chinos, tras advertir la desaparición de dinero una vez terminada la visita, llegaron a la conclusión de que eran delincuentes que utilizaban placas falsas. Los afectados vivían con esta duda hasta que el pasado 2 de marzo los policías de paisano, un hombre fuerte y alto de unos 40 años y otro joven de veintitantos, volvieron a actuar apoyados por agentes uniformados.

Estaban ya seguros de que sus ‘atracadores’ eran policías y al día siguiente, 3 de marzo, cuatro de los chinos afectados acudieron a poner una denuncia a la misma comisaría del distrito de Usera. Dentro del edificio policial, un agente tomó nota del relato que hicieron los denunciantes. Al decirle que creían que eran policías los autores de los robos, el funcionario les comunicó que hay muchos delincuentes comunes que utilizan placas falsas de Policía, relativamente fáciles de conseguir. Pero se da la circunstancia de que una vez terminada la redacción de la denuncia, según lo publicado por los periódicos chinos y ratificado a M2, el grupo denunciante vio trabajando de paisano en el edificio a los dos hombres implicados en los hurtos.

Los chinos se marcharon de allí con la copia de su denuncia, un simple documento que sólo prueba lo que uno afirma, pero que para ellos era tan importante como una prueba incriminatoria. También la Policía debió pensar que la mera copia de la denuncia podría tener cierto valor porque lo cierto es que, según afirman los afectados, este documento les fue sustraído dos semanas más tarde, el pasado 16 de marzo, a las puertas de la comisaría, cuando protestaban por la detención de una compatriota que ha tenido un papel destacado en el desenmascaramiento de esta supuesta mafia policial.

Esta joven china, Meiyu Chen, es la dueña de la tienda de Internet que recibió la visita policial el pasado 2 de marzo, a las 10 de la noche. Además de pantallas de ordenador, este establecimiento tiene estanterías con películas DVD a la venta y en ese momento había dos clientes. Los agentes pidieron el pasaporte y el permiso de residencia a estas dos personas, pero una de ellas mostró una documentación que era una mera fotocopia del de su amigo o pariente. Este inmigrante, según denunció el jueves, recibió dos bofetadas en la cara sin mediar palabra. Además le fueron sustraídos 200 euros que llevaba en la cartera. Otros clientes que jugaban al dominó chino al fondo del local fueron también registrados. Cuando los policías se marcharon, contaron el dinero y advirtieron que les habían aligerado las carteras: faltaban en total 600 euros.

Meiyu Chen fue quien animó a la comunidad a acudir al día siguiente a presentar la denuncia en comisaría. Esa fue la razón -venganza según dice ella- por la que recibió de nuevo la visita policial el día 16. Esa noche, sobre las 22.30 horas, se presentaron en el establecimiento cuatro coches patrulla con una docena de policías en total. Los agentes, de malos modos según los chinos, dijeron que iban a «buscar algo» y conminaron a todos los presentes a permanecer en silencio y a no hacer ni recibir llamadas telefónicas por el móvil.

Uno de los chinos presentes increpó a los agentes y les pidió explicaciones de su actitud, pero según su testimonio la respuesta que recibió es la siguiente: «Esto os pasa por denunciar».

El pasado 13 de febrero, a las 11.30 de la noche, un restaurante situado en la calle de Nicolás Sánchez, 61, recibió la primera visita de inspección. Los policías pidieron a los presentes que dejaran sus pertenencias sobre la mesa y se colocaran contra la pared. Registraron las carteras durante media hora y se marcharon. Tres chinos advirtieron después la sisa. A uno le faltaban 200 euros, otros 200 a otro y 150 a un tercero.

La noche siguiente, 14 de febrero, San Valentín, la intervención policial fue doble: un restaurante y un establecimiento de té de la calle de Isidra Jiménez. En el primero de los locales la visita, según los chinos, fue violenta, con golpes y empujones cuando los clientes pidieron a los policías, que iban sin uniforme, que se identificaran.

En el otro local la forma de actuar fue similar. Los agentes registraron el local y cachearon a los clientes durante más de media hora. Cuando abandonaron el establecimiento dos de los chinos vieron cómo el contenido de su cartera había menguado. A uno le faltaban 700 euros y a otro 200. Salieron a la calle corriendo a buscar a los policías, pero éstos habían ya desaparecido en la noche.

3 thoughts on “Mafia policial en Usera”
  1. Mafia policial en Usera
    A mí me pasó algo parecido, sólo que yo no soy chino, en todo caso trabajo como uno de ellos..(de los que trabajan).

    Solo que nunca llevo 200 Ebros en el bolsillo todojunto asidegolpe. En este caso unos Corpóreos de seguridad del estado de estas cosas, me hicieron una factura por el cacheo por valor de una semana de mi sueldo, a cobro revertido.

    ¿El delito?, bueno, vamos, estoo, que me negué a pagar, en metálico y en efectivo en el momento. ¿Y el delito?, pues ese mismo, y el cabreo
    manifiesto, pero no sé en qué orden
    fue la causa o la consecuencia.
    Tampoco llevaba la tarjeta, ese fué otro delito, no sacarla a tiempo, dicen que después de ellos. Me lo pasarán por el banco, (eso no lo dijeron).
    AI, vigilantes vigilados, ¿quién es vuestro Amo?.
    Sociedad policial, estado policial, que
    acaba poniendo el burro al otro lado de la carreta.
    Los verdaderos delincuentes para el sistema ya no llevan dinero encima, no lo necesitan.
    Ese será su delito más manifiesto, solo que pagarán algunos destarjetados, con lo que lleven encima, ¿quizá su libertad?.

  2. Vicálvaro: más MAFIA POLICIAL
    Sigue la mafia… El Paía:

    Un juez de Madrid procesa a un agente y a dos ‘narcos’ implicados en un intento de secuestro en el que cayó abatido un policía

    El 5 de enero de 2005, en Vicálvaro (Madrid), caía abatido de dos disparos en plena calle el policía radiopatrulla de la comisaría de Leganés José Manuel Álvarez Pacios. Minutos antes, este agente, otro compañero suyo y dos supuestos narcotraficantes colombianos habían tratado de secuestrar a un hombre de etnia gitana, Jesús González Conde, en presencia de su esposa, María Reyes Escudero. El matrimonio viajaba por Vicálvaro en un coche Honda Accord. Al policía Álvarez Pacios se le cayó al suelo su pistola reglamentaria durante el forcejeo con su víctima y María Reyes llegó a la pistola antes que él. Le descerrajó dos tiros y el agente cayó fulminado.

    La investigación judicial ha destapado un turbio asunto de drogas y la actividad supuestamente mafiosa de al menos dos policías de Leganés: el fallecido y su compañero, José Martínez Cuadrado, de 45 años. Ambos ayudaban a narcos en tareas de vigilancia a cambio de dinero. El Juzgado 49 de Madrid, cuyo titular es Carmelo Jiménez, ha procesado a todos ellos por delitos de homicidio e intento de secuestro.

    Aquel día, los máximos responsables policiales de Madrid se desplazaron preocupados al barrio de Vicálvaro. Lo que en principio parecía la muerte de un policía en acto de servicio, se difuminó rápido. El agente tendido en el suelo, con un disparo en el pecho y otro en la pelvis, ni estaba de servicio aquel día ni aquella era su zona de actuación profesional. Y tampoco la autora de los disparos era una delincuente que tratase de evitar su arresto tras cometer un delito. Al contrario, la mujer le pegó dos tiros a un policía para evitar que secuestrase a su marido. El móvil del intento de secuestro sigue sin estar claro, pero las pesquisas apuntan al impago de una partida de droga proporcionada por los colombianos.

    El juez Jiménez ha decidido sentar en el banquillo a todos los implicados en el suceso, con la excepción del marido de la homicida. Los procesados son María Reyes Escudero, el agente José Martínez Cuadrado y los ciudadanos colombianos José Arbey Rentaría y Alberto Augusto Velásquez. Les ha impuesto a cada uno una fianza de 6.000 euros.

    En el auto de procesamiento, el juez detalla hechos que parecen extraídos de una película de serie B. Eran las 19.45 del 5 de enero de 2005. En el suceso intervienen tres coches, a la altura de las calles Minerva y Campo de la Torre (barrio de Vicálvaro). En un Honda Accord, color blanco, iban Jesús González y su esposa, María Reyes Escudero, ambos de 40 años. En los otros dos vehículos -un Seat Ibiza y otro coche de color blanco-, los dos policías y los colombianos.

    El Seat Ibiza se puso en paralelo al coche de González al tiempo que Álvarez Pacios sacaba el brazo por la ventanilla y colocaba en el techo un luminoso lanzadestellos de la policía. En realidad, él era agente, pero ese día ni estaba de servicio ni esa era su zona. «Simuló ser policía e ir en un vehículo policial», cuenta el juez. El matrimonio, siguiendo las indicaciones del agente, detuvo el vehículo. «Yo no he hecho nada, ¿qué he hecho?», espetó González a Álvarez Pacios cuando éste, según describe el juez, les pidió la documentación. Detrás del Seat Ibiza se detuvo el otro vehículo de los secuestradores, con otras dos personas dentro (el juez no precisa sus nombres).

    Mientras Álvarez Pacios simulaba que revisaba la documentación, del segundo vehículo se bajó uno de los procesados, colombiano, que soltó: «¿Es que no puedes con este hijo de puta? Venga, mételo ya dentro». Al tiempo que decía eso, se abalanzó sobre González. El policía dejó los papeles, sacó la pistola y se sumó al secuestro. Comenzaron a darle golpes y sujetarle para meterlo en el coche. Su esposa se bajó del coche y empezó a gritar pidiendo ayuda. Entonces se produjo un forcejeo y al agente se le cayó la pistola al suelo.

    La mujer efectuó tres disparos: dos ellos alcanzaron de plano a Álvarez Pacios, en el pecho y en la pelvis. Todos huyeron de allí al instante, dejando el cadáver en el suelo. Dos días después, «de forma voluntaria», el matrimonio acudió a la Brigada de Homicidios de Madrid y detalló lo ocurrido.

    El juez ha decidido procesar a la esposa por intento de homicidio. Asegura que los hechos son complejos y deben analizarse en un juicio. Entiende que «no consta de forma clara un ánimo defensivo ni la proporcionalidad de la reacción defensiva», ya que los disparos pudo hacerlos «al aire», además de que ni ella ni su marido dan cuenta «de por qué cuatro personas con las que en principio no tienen nada que ver intentan secuestrarle a él». Ella ha estado en la cárcel y ahora se halla en libertad provisional.

    El abogado de la mujer, Carlos Tejeda Gelabert, se ha opuesto al procesamiento porque entiende que se trata de alguien sin antecedentes que dispara en legítima defensa de su esposo. «Ella es una víctima. No hizo más que lo lógico: defenderme al ver que intentaban secuestrarme. ¿Qué iba a hacer ella? Pues coger la pistola y disparar», ha confesado el marido, que asegura ser «un gitano honrado» que se dedica a la venta ambulante y a la compraventa de coches usados: «No sé por qué me querían secuestrar. Jamás había visto a estos hombres ni había tenido nada que ver con ellos. Yo me dedico a mi trabajo, nada más. Pero ahora cualquiera se fía de la policía».

    El agente ahora procesado fue suspendido de empleo y sueldo tras estos hechos. Meses antes del intento de secuestro, fue investigado por Asuntos Internos porque se le veían «malas juntas»

    y por pegar unos tiros en un local de ocio de Leganés, según fuentes policiales.

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