WASHINGTON – Los últimos recursos legales han sido lanzados en Estados unidos para impedir la ejecución el martes de Troy Davis, un negro condenado por el asesinato de un policía blanco pese a que la mayoría de los testigos reconoció haber mentido, en general bajo presión de la Policía.
Los hechos se remontan a una noche de agosto de 1989, en el parking de un restaurante de comida rápida en Savannah, Georgia (sudeste). Un indigente un poco ebrio, amenazado por uno o varios jóvenes, pide ayuda. Un policía que no estaba de servicio pero trabajaba como agente de seguridad en un aparcamiento vecino interviene.
Hay dos disparos y Mark McPhails, de 27 años, cae al piso. Varios testigos asisten a la escena, pero algunos abandonan el lugar antes de la llegada de la Policía, y los otros aseguran que estaba demasiado oscuro en el parking para identificar al asesino.
Al día siguiente, uno de ellos, Sylvester Coles, se presenta en la comisaría con su abogado para denunciar a Troy Davis, un joven de 20 años que acababa de postularse como aspirante a marine, y que se presenta cuatro días más tarde reconociendo que estaba presente la noche del drama pero negando cualquier implicación en el asesinato.
El arma del crimen no es encontrada, pero en base a nueve testimonios, Troy Davis es encarcelado, acusado y condenado a muerte en agosto de 1991.
En los años siguientes, sin embargo, los testigos comienzan a cambiar de parecer. Hoy, siete de ellos modificaron su declaración y varios indicaron que mintieron bajo la presión de la policía. El octavo testigo no ha sido encontrado y el noveno, Sylvester Coles, parece especialmente sospechoso.
En efecto, la defensa presenta ahora a cuatro testigos adicionales, uno que afirma haber visto a Sylvester Coles amenazar al indigente y luego disparar contra el policía, y los otros tres que sostienen que lo escucharon en los años siguientes contar orgulloso cómo había matado al policía y que otro resultara culpable.
Pero ningún juez escuchó estos nuevos elementos. El procedimiento staba terminado cuando aparecieron, y una ley de 1996 obliga a la justicia federal a contentarse con verificar si los derechos de la defensa fueron respetados durante el proceso.
Tras un último fracaso ante la Corte Suprema del país en junio, la ejecución fue fijada para el martes a las 19H00 (23H00 GMT) en la prisión de Jackson (Georgia).
Los abogados de Troy Davis presentaron nuevos recursos ante jurisdicciones inferiores, pero la salvación del condenado, hoy de 38 años, depende solo del comité de gracias del Estado, que debía estudiar el caso el lunes.
Un comité de respaldo en internet, así como varias asociaciones como Amnesty International, llamaron al mundo a escribir al comité, y los medios estadounidenses multiplicaron los reportajes sobre el caso.
El Consejo de Europa llamó a Estados Unidos a no ejecutar a Troy Davis para evitar «un trágico error judicial» y el arzobispo y premio Nobel de la paz Desmond Tutu escribió que era «chocante que en más de 12 años de apelaciones ningún tribunal haya aceptado celebrar una audiencia sobre las presiones de la policía».