INSEGURIDAD NUCLEAR: UN RÉGIMEN DE SANCIONES RAQUÍTICO Y UNA POLÍTICA DE RECORTE DE GASTOS ENTRE LAS CLAVES
S.G.G. / Redacción
Además de los riesgos inherentes a la tecnología nuclear, la maximización del beneficio de las empresas eléctricas que gestionan las centrales nucleares agrava su inseguridad.
El escuálido régimen de sanciones que se aplica a las centrales en casos de accidentes como el de Ascó I no es disuasorio. Los beneficios que Ascó I ha obtenido de vender electricidad desde que se ha producido la fuga (el 29 de noviembre de 2007) compensan la multa que tendrá que pagar, según el sistema de sanciones actual, por haber ocultado y minimizado el accidente.
La multa más elevada imputada hasta ahora (1,6 millones) fue a Vandellós II (gestionada por Iberdrola y Endesa), por haber estado funcionando cerca de siete meses violando las normas premeditadamente, en unas condiciones muy graves de seguridad degradada durante 2005. Sin embargo, según el cálculo de Greenpeace, el beneficio que obtuvo la central fue de 750 millones de euros. “Se puede producir un accidente como el de Chernóbil y sólo pagar las migajas de lo que se produzca”, advierte Carlos Bravo, de Greenpeace.
El grupo parlamentario Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluña Verds presentó en septiembre de 2005 una propuesta de reforma del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) que pedía, entre otras medidas, sancionar a las instalaciones nucleares que funcionen en condiciones de inseguridad con el doble de su beneficio obtenido ilícitamente. Pero a pesar del apoyo inicial del PSOE, la reforma que se aprobó finalmente no incluyó esta medida.
En el actual sistema eléctrico español liberalizado, más bien ‘desregulado’, las multinacionales eléctricas españolas, que tienen el monopolio de la gestión de las centrales nucleares, tratan de reducir costes para hacer su fuente de energía más competitiva. Como han denunciado varios grupos ecologistas y sindicales, en estos recortes reside también la degradación de los niveles de seguridad nuclear. Según Ecologistas en Acción de Cataluña, cuando Iberdrola y Endesa fusionaron la gestión de Ascó y Vandellós II en ANAV, aplicaron un recorte de plantilla “de cerca del 30%”. Y, según les han informado fuentes internas de Ascó, “en el departamento de control de calidad se pasó de una plantilla de entre 10 y 12 personas a una con sólo dos o tres”. ¿Qué opinión merecen los niveles de seguridad nuclear en el Estado español hoy ? Eduard Farré, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, contesta : “Para ser prudentes yo diría que plantea dudas.
Es posible que se estén rebajando una serie de procedimientos para ahorrar gastos, sobre todo tratándose de instalaciones que tienen muchos años y esto implica una disminución de la seguridad”.
Mientras se recortan gastos en seguridad nuclear, el Forum Atómico y las industrias eléctricas invierten ingentes cantidades de dinero en publicitar las bondades de la energía nuclear, por ejemplo sufragando excursiones de colegios a las instalaciones nucleares. Pero el riesgo constante a la contaminación radioactiva, inherente a la tecnología nuclear y agravada por la mala gestión de las centrales y de la red de vigilancia, nos vuelve a recordar la necesidad de que el Gobierno cumpla el calendario de cierre de los ocho reactores nucleares existentes.
ACCIDENTES RADIOACTIVOS : LOS SUCESOS DE ASCÓ NO SON NUEVOS
¿Quién vigila al ‘vigilante’ de la seguridad nuclear?
Miguel Jara
El autor del libro ‘Conspiraciones tóxicas’ repasa tres de los principales accidentes nucleares donde el ente vigilante, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), actuó en connivencia con los intereses de la industria nuclear.
Cuando producir una energía es peligroso para la ciudadanía, los fallos y accidentes de las centrales se ocultan. Es lo que ha ocurrido con las fugas de la planta atómica de Ascó I. Y más cuando al acecho está el poderoso lobby en pro de la radiactividad. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha vuelto a demostrar que está más interesado en no entorpecer los negocios de las empresas eléctricas que en velar por la seguridad de los ciudadanos, en teoría, su razón de ser. Endesa e Iberdrola, propietarias de Ascó, conocían la fuga antes que el CSN y no le avisaron, eso al menos denuncia éste. Pero la institución pública ha vuelto a tardar en informar al público. Poco importa preguntarse qué hubiera ocurrido si Greenpeace no lo advierte. ¿Hubiera alertado el Consejo ? Veamos su actuación en algunos casos anteriores.
COFRENTES (2001)
En marzo de 2001, Iberdrola logró, para la central de Cofrentes (Valencia), una nueva prórroga de explotación del Ministerio de Economía por diez años y aumentó la potencia de su reactor, previo informe favorable del CSN. Para conseguir un mayor rendimiento se realizaron algunas modificaciones del diseño original de la central que requirieron introducir combustible de uranio de mayor potencia energética, lo que también conllevó una serie de cambios en los sistemas de control y de refrigeración de emergencia. Para todo ello deben actualizarse las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), algo así como las normas básicas para un correcto manejo de la central. El CSN obvió la realización de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que debería haber exigido, como órgano con competencias ambientales en el tema nuclear que es. En el proceso, durante la parada y las pruebas de arranque, la planta atómica sufrió un número de sucesos consecutivos sin precedentes.
Nueve de estos fueron notificados al CSN de manera reglamentaria, pero en realidad hubo otros tres sucesos importantes más que no se notificaron. Uno de ellos fue detectado por el cuerpo de la Inspección Residente (IR), funcionarios del CSN que viven en los complejos nucleares para realizar labores de control de las plantas. Pues bien, por hacer bien su trabajo, estos funcionarios primero fueron reprendidos por los directivos de la central de los que tuvieron que soportar una fuerte bronca, y después, y esto es todavía más grave, por los máximos responsables del CSN, dirigido entonces por María Teresa Estevan Bolea, reconocida pro nuclear.
ALMARAZ (2003)
En el verano de 2003, los técnicos de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) detectaron un grave fallo en uno de los dos generadores diesel de emergencia, esto es, en los motores que, en caso de apagón, producirían electricidad para hacer funcionar todos los sistemas de seguridad de la instalación. La planta pidió al CSN funcionar durante un mes con un solo generador diesel de emergencia y sustituir el otro, averiado, por cinco minigeneradores portátiles para no perder ni un solo día de producción.
Dicho así, podría pensarse que no es un caso muy grave, pero para los técnicos, incluido los del propio CSN, ha sido uno de los ejemplos más claros de connivencia entre el CSN y la industria nuclear. Pero el Consejo aceptó la petición de dejar funcionar a la central ese tiempo con generadores portátiles, un caso sin precedentes en la industria nuclear mundial.
Vandellós II (2004)
Las nueve centrales nucleares españolas, en conjunto, han reducido a menos de la mitad sus gastos de seguridad en los últimos cuatro años. El caso de corrosión generalizada en el reactor Vandellós II (Tarragona), concretamente, en el vital sistema de refrigeración, es otro ejemplo del “tiempo de rebajas” que vive la seguridad nuclear en España. El CSN permitió a Vandellós II funcionar con “un aumento del riesgo”, según reconoció en el Congreso la presidenta Estevan Bolea, entre agosto de 2004 (en que el CSN conoció el problema) y marzo de 2005 (en que la central paró para cambiar el combustible), sin parar en ningún momento, pese al riesgo evidente de que la central fuese incapaz de hacer frente a determinados accidentes graves que podrían dar lugar a emisiones de importantes cantidades de radiactividad al medio ambiente. Este suceso, que fue clasificado como de nivel 2 en la escala internacional de sucesos nucleares, ocupa el segundo puesto en la lista de accidentes nucleares en centrales españolas, tan sólo superado por el de la vecina Vandellós I en 1989.