F. J. BENITO
Peor es casi imposible. La Asociación de Promotores de Vivienda de la Provincia de Alicante (Provia) ha constatado en el primer cuatrimestre del año que la situación del sector se acerca, prácticamente, a la paralización total, al comprobar que entre enero y abril tan sólo se comenzaron a construir 489 viviendas, cifra que supone un 96% menos que la media de los últimos siete años en los que se iniciaban unos 13.000 pisos cada cuatro meses. La falta de actividad, unida al hecho de que en la provincia existen unas cincuenta mil viviendas nuevas o a punto de terminarse sin comprador, ha provocado que casi el 60% de los asociados de Provia hayan decidido congelar precios y nuevos proyectos hasta que consigan vender todo lo inmovilizado.
Fuentes de la patronal expresaron ayer la preocupación que existe en uno de los «motores» económicos de la provincia aunque, según matizaron, los datos del informe al que ha tenido acceso el periódico se ajustan a los promotores que han atendido a los redactores del estudio, y no todos los empresarios colaboran. No obstante, de las 188 promociones de viviendas que hay en marcha en la provincia sólo 8 se iniciaron entre enero y abril, periodo en el que, por otro lado, la solicitud de visados se ha reducido casi un 50%, según el Colegio de Aparejadores.
Los constructores alicantinos finalizaron 2007 con los peores datos de actividad en ocho años al iniciar 25.619 viviendas y finalizar otras 32.125. Cifras muy alejadas de las 36.537 que, por ejemplo, comenzaron a construirse en 2006 o las casi 45.000 iniciadas en 2004, año en el que el «boom» llegó a su cénit. A partir de entonces el sector ha caído en picado y, en estos momentos, la actividad está al borde de la paralización en comarcas como la Marina Baixa, Vega Baja y Alto Vinalopó, según se advierte en el informe de coyuntura remitido por Provia a sus asociados. Para colmo, los redactores del estudio apuntan en sus conclusiones que las perspectivas para el siguiente cuatrimestre -mayo/agosto- son todavía peores.
Los motivos que explican esta recesión profunda no son otros que la falta de mercado por la crisis económica, ya que la falta de suelo -factor determinante en otras ocasiones- ha dejado de ser un freno para el inicio de nuevas promociones. El 73% de los empresarios consultados por la asociación no subirán precios y los que lo harán no superarán el 6%. Según datos del Ministerio de la Vivienda correspondientes al primer trimestre de este año, el alza de la tarifas en Alicante fue del 1,2%, muy por debajo de la subida de los precios.
La vivienda de renta libre sigue siendo, no obstante, el producto que más aceptación tiene entre los promotores que se deciden por construir, ya que la promoción de VPO sigue estancada a pesar de las medidas impulsadas por las administraciones central y autonómica. Los empresarios han comprobado, sin embargo, con satisfacción, un ligera recuperación de la vivienda turística, algo que sorprende dada la espectacular caída que había sufrido este subsector entre los extranjeros. Otro factor revelador del bache por el que atraviesa el sector llega del indicador del ritmo de ventas de las promociones hasta el punto de que se ha pasado de una media de tres viviendas al mes en el último trimestre de 2007 a las 0,81 del primer cuatrimestre de este año. Según el estudio, un 33% de las promotoras consultadas no había tenido ningún tipo de actividad.
Por otra parte, la patronal observa con desolación cómo la predisposición de los potenciales compradores a adquirir una vivienda en propiedad ha ido empeorando con el paso de los meses y, aunque existe demanda, las trabas impuestas por las entidades de ahorro -bancos y cajas- a la concesión de préstamos hipotecarios no ayuda a animar el mercado. En este sentido, Provia trasladó hace dos semanas al Consell una propuesta en la que planteaban una rebaja de 15.000 euros por vivienda -coste que asumiría la Administración- y la financiación de los costes de notaría que cargarían en sus costes. De momento, Consell y Ministerio no han movido ficha.
El informe revela que el comprador español se ve condicionado por la mala situación económica general, mientras que el europeo se ha retraído, además de por la incertidumbre económica, por la mala imagen del sector que se ha trasladado a la UE, cuyo Parlamento llegó a condenar la legislación urbanística. Por último el inmigrante que adquiría viviendas en la provincia también se ha visto sacudido por el endurecimiento de las condiciones crediticias y, lo que es peor, por la falta de trabajo.
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