Debate sobre los centros de menores en España

Durante el año pasado se ha estado tramitando en el juzgado nº4 de
Valladolid una denuncia contra situaciones vividas en el «centro de
menores» Zambrana, situado en la misma ciudad. Éste es el centro
destinado por la Junta de Castilla y León para que se cumplan penas
impuestas a menores residentes en la comunidad en aplicación de la
vigente Ley de Responsabilidad Penal del Menor (5/2000).

Dicha ley se basa en la misteriosa premisa de que la represión es la
solución de los problemas y «beneficia» a las personas internas,
procedentes de los llamados por los bienpensantes «ambientes
marginales»; en realidad, de la ley solo consta que beneficia a las
empresas y estamentos que se lucran o justifican con la gestión de estos
centros en particular, y con la criminalización de la pobreza y los
conflictos sociales en general.

Durante estos años de vigencia de la ley, las empresas de seguridad
privada que custodian dicho centro han estado recibiendo 90 millones de
pesetas anuales por sus servicios; las mismas empresas han estado
subcontratando la gestión de «actividades educativas», por cantidades
idénticas o superiores. Tal financiación publica de las empresas no ha
impedido que algunos de sus «trabajadores» hayan llevado a cabo (o
consentido) acciones degradantes para las personas internas, como
agresiones o medicación indiscriminada con tal de «tranquilizar» a las
personas internas

Todos estos hechos formaban parte del cuerpo de la denuncia, presentada
por cuatro menores y sus familias. Ahora que la denuncia ha sido
sobreseida, es buen momento para una reflexión colectiva sobre el caso
en particular y sobre el trasfondo más general de la Ley «del menor». La
Junta de Castilla y León reclama ahora al Estado 3.000 millones de
pesetas que «le ha costado» aplicar la ley; ¿qué mejoras de la calidad
de vida ha causado semejante inversión?

Una ocasión para esa reflexión es el debate que bajo el título «Centros
de menores, cárceles para nuestros críos» está convocada para el martes
9 de Noviembre a las 20.30 h en «La casa de las palabras», calle san
Ignacio, nº 9 (Valladolid).

[Como añadido para la reflexión de internautas antimilitaristas, indicar
cómo hechos como los aqui relatados quizá llevan a relativizar nuestro
entrañable lema «Gastos militares para fines sociales», puesto que
centros como el aquí mencionado pasan para mucha gente, incluída alguna
que les ha conocido por dentro, como intachable inversión social].

«LOS MENORES DE CASTILLA Y LEÓN SIN DERECHOS.

Asociación «Saltando
Charcos». Gamonal, Burgos.

El juzgado de instrucción número 4 de Valladolid deja indefensos a los
menores de Castilla y León frente a cualquier abuso por parte de la
administración en la aplicación de la ley de responsabilidad penal de
menores.

Nos atrevemos a realizar esta afirmación tan contundente después de leer
con lujo de detalles el auto dictado por la audiencia provincial que
desestima el recurso contra el archivo de las denuncias interpuestas por
cuatro menores y sus familias al Centro de «Reforma» y «Protección»
Zambrana de Valladolid.

Tres ilmos. sres. jueces deciden que no hay indicios racionales de
criminalidad en la denuncia sobre malos tratos, abusos y vejaciones, y
además se toman la amabilidad de obsequiarnos:

a) Con un curso de derecho por correspondencia.

b) Recordarnos que los procesos judiciales cuestan mucho dinero.

c) Que la justicia es muy seria.

d) Que no pueden existir conspiraciones entre guardias, educadores y la
AtS de un centro aunque pertenezcan a la misma empresa.

e) Y que lo que les pasa a los niños de nuestro barrio es que son muy
violentos y malos.

Después de más de un año esperando una respuesta en la cual cuatro
menores y sus familias habían depositado la esperanza en la justicia,
nos responden que no hay indicios de malos tratos ni abusos y además nos
toman el pelo.

Nos toman el pelo y se creen que nos vamos a tragar que las palizas
protagonizadas por Abel, David (guardias de seguridad) y Miguel Ángel
(educador), son «actuaciones de naturaleza preventiva conducentes a
vencer la resistencia». Ni el propio Bush tiene tanta diplomacia para
justificar una acción bélica.

En cambio, si que se atreven a definir como «bastante violenta» la
resistencia de los menores mientras guardias de seguridad y educadores
ejercen las «actuaciones de carácter preventivo» sobre ellos. Hay que
tener cara para mandar por escrito esto a unos menores y sus familias
los cuales están denunciando malos tratos.

Los razonamientos de sus ilustrisimos a lo largo del auto apuntan
afirmaciones como que no presentamos pruebas periciales concretas,
mientras que en el caso de las denuncias por medicación indiscriminada a
tres de los menores denunciantes, se niegan a realizar una segunda
peritación psiquiátrica, alegando entre otros motivos que los procesos
judiciales son muy caros, y que no se pueden realizar estas pruebas que
resultan tan caras, y además que este hecho supondría cuestionar la
profesionalidad de un médico que, y cito textual, «cuenta con el aval
del centro de diagnostico y orientación de psiquiatría infantil del
servicio territorial de sanidad y bienestar social de la junta de
Castilla y León». ¿No será que estos jueces no han entendido a quien se
está denunciando?

Sobre las investigaciones de partes de lesiones aportados por David,
Rafael, Jonathan y Cristian, nos ha llamado mucho la atención la
declaración de la médico del Hospital Universitario de Valladolid, llena
de elogios sobre la labor de los guardias de seguridad, y
justificaciones de las lesiones observadas, que nos las esperábamos de
la Ats asalariada por el centro de reforma, y no de la médico de un
hospital de atención externa. Cito textualmente «no he observado nada
extraño más que episodios reiterados de autolesiones… y otros signos
físicos, que corresponderían con actuaciones de sujección propias de
unas esposas», y no contenta con eso, afirma que «la sujeción mecánica
se da de forma esporádica»; pero, ¿dónde trabajas, con los guardias de
seguridad en el Zambrana, o en el Hospital Universitario de Valladolid?

En cambio los jueces nos recuerdan que lo que sí consta son numerosos
partes de incidencias y expedientes sancionadores contra los
denunciantes, en los que se relatan infinidad de situaciones en las que
a su criterio. debería de haberse requerido, y cito textualmente,
«comportamientos en los que se habría requerido el uso de la fuerza por
parte de educadores o vigilantes, y no se hizo». Leyendo estas
declaraciones de los ilustrísimos, da la sensación de que al final les
han pegado menos de lo que ellos mismos lo harían, y tenemos que dar
gracias a los vigilantes y que estos no sean los que denuncian a los
menores. Lo que sí agradecemos es que ninguno de estos tres jueces se
plantease antes de definir su carrera profesional ser educador o guardia
de seguridad en un centro de menores, porque pobres menores.

Sobre los encierros y vejaciones sufridas por estos, nos contestan
afirmando que son procedimientos sancionadores que se derivan de los
comportamientos violentos antes mencionados, y que las sujeciones (con
esposas, cuerdas o bridas) son para su seguridad como forma de evitar
autolesiones, y la razón de desnudarlos es para que no se ahorquen con
la ropa, y despiden la frase para más inri corrigiendonos y diciendo que
no se llaman encierros sino separaciones. En fin, esto es lo que hemos
sacado después de confiar en que los jueces iban a defender los derechos
de los menores.

Por otro lado, y olvidando esta sentencia como quien olvida una mala
pesadilla, otras cosas mucho más interesantes han ocurrido en torno a
esta denuncia. Cosas que, para nosotras, son los pequeños resultados que
se pueden obtener en denuncias con los resultados anunciados de
antemano.

Desde que comenzamos con esta denuncia éramos conscientes de que jamás
conseguiríamos poner en jaque a una institución tan potente, y así se lo
transmitimos a los menores y las familias de estos. Que lo
verdaderamente importante era denunciar socialmente la vulneración de
los derechos de los menores o de cualquier persona presa, que supieran
que tras los muros hay personas y grupos que estamos vigilando a los
torturadores y apoyando a los presos. En definitiva que la impunidad de
sus actos la iba a castigar la sociedad y no los jueces.

Durante el transcurso de la denuncia se han podido escuchar muchas
declaraciones oficiales hechas en la prensa en defensa de los educadores
con argumentaciones poco claras, en las que se podía entrever los fallos
y las chapuzas que las comunidades autónomas han hecho para cumplir lo
que la ley 5/2000 de 12 de Enero reguladora de la responsabilidad penal
de los menores les obliga por poseer las competencias.

Afirmando que no tienen dinero para atender de forma individual a los
menores, que las instalaciones no se qué, que las contratas no se cuál,
que las subcontratas patatín…

Pero como conclusión a este conflicto generado a raíz de la denuncia,
todos terminaban concluyendo que lo que necesitaban era una ley que
proteja más a los profesionales de los centros, más personal y más
medios económicos, que los antidisturbios puedan entrar en los centros,
y no se cuántas animaladas más.

Por supuesto esto no era nuestra intención a la hora de formular la
denuncia, aunque algún político y sindicato trataba de enfocar este
conflicto hacia estos aspectos, nosotras teníamos y seguimos teniendo
claro que ni con más personal, ni con más medios, lo que no queremos son
centros cerrados ni ley 5/2000.

A través de los testimonios de algunos menores sabemos que durante la
primera etapa de la denuncia, las cosas dentro del centro se suavizaron
y empezaron a procedimentar algunos aspectos, como el de la medicación,
y que hubo muchas tensiones entre los «profesionales» del centro. Que
algunos fiscales hacen más viajes para inspeccionar los centros, que
revisan los informes sancionadores, etc.

Algunos educadores que han trabajado en el centro se han puesto en
contacto con nosotras para ayudarnos a descubrir algunas cosas, y
algunos/as empiezan a cuestionarse su papel «profesional dentro del
centro», aunque solo una educadora se ha atrevido a denunciar
abiertamente al centro.

Aunque a nosotras lo que más nos gusta es que la gente de nuestra
comunidad autónoma ya empieza a hablar de cárceles de menores, un
término que hasta hace tiempo nadie se podía creer que existiese.

Ahora nos queda lo que a nuestro juicio es lo más difícil, continuar con
el enfrentamiento con la institución sin bajar la guardia, ya que
mientras no impere el sentido común en el trabajo con los menores,
seguirán encarcelando a los jóvenes de nuestros barrios.

Asociación «Saltando charcos». Gamonal, Burgos.