Pablo Elorduy Redacción
La tecnología ha dotado a las fuerzas de seguridad de todo el mundo de nuevos aparatos, como la pistola eléctrica Taser. Con frecuencia, estas armas se convierten en nuevos instrumentos de tortura.
En París se celebra estos días el juicio contra Olivier Besancenot, portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Le demanda Antoine Di Zazzo, distribuidor de Taser en Francia, por algo que Besancenot escribió en su blog : que la pistola de impulsos eléctricos había causado “probablemente” más de 150 muertes en EE UU. El caso ha tomado un nuevo giro ya que Di Zazzo ha reconocido que contrató a dos policías retirados para que espiaran a Besancenot. Cuando ejercía de ministro de Interior, el actual presidente francés, Nicolas Sarkozy, dotó a policías y gendarmes con más de 3.000 pistolas Taser del modelo X26.
Desde septiembre, la Policía local francesa cuenta también con esta arma. Como señalan algunos medios, Francia se ha convertido en el paraíso europeo de las Taser, sin embargo las stun guns (“armas paralizantes”) ya fueron utilizadas por los cuerpos británicos en el Ulster. Hoy en día, el uso de las Taser por parte de fuerzas de seguridad está muy extendido en Reino Unido o Suecia, países en los que tradicionalmente la policía no portaba armas. Según los datos que se manejan en foros policiales de internet, hay más de 260.000 Taser distribuidas en 11.500 agencias policiales en 45 países. En el Estado español, su uso está muy extendido entre policías de la costa de Levante, Andalucía y Canarias. El documento de Amnistía Internacional sobre armas no letales (o menos letales, como ya comienza a llamárselas) Voltios sin control afirmaba que entre 2001 y 2007 se produjeron aproximadamente 269 muertes relacionadas con el uso de esta pistola en EE UU y Canadá. Los representantes de Amnistía se muestran satisfechos con la acogida que ha tenido el estudio. Como ha explicado a DIAGONAL su representante Yolanda Román, el Gobierno catalán ha retirado las Taser y el canario ha recomendado a sus comisarías que no las utilicen. Estas reacciones contrastan con la del Gobierno de Zapatero, que ha trasladado la decisión sobre el uso de las armas de electrochoque a las comunidades y a sus organismos de seguridad. Señala Román que el informe solicitaba “que se suspendiese el uso de estas armas y se estableciesen directrices comunes”, y lamenta que el Gobierno no haya mostrado ninguna intención de solucionarlo. Así en Cataluña, la instrucción policial 4/2008 sobre nuevas armas (ver DIAGONAL nº 75) abre la posibilidad, en la práctica, de que distintos cuerpos de la Policía autonómica puedan utilizar armas no letales como sprays semiparalizantes e incluso porras eléctricas. Actualmente, se está produciendo una renovación de este tipo de armas en todo el Estado.
Al alcance de cualquiera
A pesar de que la venta de stun guns está prohibida a particulares, la empresa Grupo APP Europe ofrece dispositivos eléctricos (tanto porras como pistolas) por un precio que oscila entre 50 y 200 euros. La distribuidora de Taser en el Estado español es Andreu Soler i Associats. En su página, esta empresa defiende la teoría de que las armas menos letales salvan vidas. Pero casos como el de Roquetas (ver página 45) han demostrado que existe un riesgo evidente en el uso de las porras eléctricas.
Como indica Yolanda Román, el principal problema de estas armas “es que fácilmente se convierten en instrumentos de malos tratos y tortura. Hemos constatado, en los mil y pico casos que hemos estudiado en EE UU, que se hace un uso abusivo de este tipo de armas y por lo tanto pasan de ser una alternativa al disparo a ser un arma que se utiliza con
demasiada facilidad para infligir un castigo, con el agravante de que no dejan marcas”. Para Román, no se ha demostrado que la Taser no tenga efectos a largo plazo, tampoco que se trate de un arma que no mata: “Los ejemplos que tenemos son claros : cuando se conjugan una serie de factores, pueden llegar a ser letales ; por ejemplo, cuando la persona tiene problemas de corazón o cuando está bajo los efectos de las drogas, o cuando se combinan electrochoques con golpes”.
En París se celebra estos días el juicio contra Olivier Besancenot, portavoz de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Le demanda Antoine Di Zazzo, distribuidor de Taser en Francia, por algo que Besancenot escribió en su blog : que la pistola de impulsos eléctricos había causado “probablemente” más de 150 muertes en EE UU. El caso ha tomado un nuevo giro ya que Di Zazzo ha reconocido que contrató a dos policías retirados para que espiaran a Besancenot. Cuando ejercía de ministro de Interior, el actual presidente francés, Nicolas Sarkozy, dotó a policías y gendarmes con más de 3.000 pistolas Taser del modelo X26.
Desde septiembre, la Policía local francesa cuenta también con esta arma. Como señalan algunos medios, Francia se ha convertido en el paraíso europeo de las Taser, sin embargo las stun guns (“armas paralizantes”) ya fueron utilizadas por los cuerpos británicos en el Ulster. Hoy en día, el uso de las Taser por parte de fuerzas de seguridad está muy extendido en Reino Unido o Suecia, países en los que tradicionalmente la policía no portaba armas. Según los datos que se manejan en foros policiales de internet, hay más de 260.000 Taser distribuidas en 11.500 agencias policiales en 45 países. En el Estado español, su uso está muy extendido entre policías de la costa de Levante, Andalucía y Canarias. El documento de Amnistía Internacional sobre armas no letales (o menos letales, como ya comienza a llamárselas) Voltios sin control afirmaba que entre 2001 y 2007 se produjeron aproximadamente 269 muertes relacionadas con el uso de esta pistola en EE UU y Canadá. Los representantes de Amnistía se muestran satisfechos con la acogida que ha tenido el estudio. Como ha explicado a DIAGONAL su representante Yolanda Román, el Gobierno catalán ha retirado las Taser y el canario ha recomendado a sus comisarías que no las utilicen. Estas reacciones contrastan con la del Gobierno de Zapatero, que ha trasladado la decisión sobre el uso de las armas de electrochoque a las comunidades y a sus organismos de seguridad. Señala Román que el informe solicitaba “que se suspendiese el uso de estas armas y se estableciesen directrices comunes”, y lamenta que el Gobierno no haya mostrado ninguna intención de solucionarlo. Así en Cataluña, la instrucción policial 4/2008 sobre nuevas armas (ver DIAGONAL nº 75) abre la posibilidad, en la práctica, de que distintos cuerpos de la Policía autonómica puedan utilizar armas no letales como sprays semiparalizantes e incluso porras eléctricas.
Actualmente, se está produciendo una renovación de este tipo de armas en todo el Estado.
El enemigo en casa
El auge de las armas paralizantes ha llegado al Ejército estadounidense. En una decisión sin precedentes, el Gobierno de Bush ha retirado tropas de asalto que hasta ahora estaban en Iraq para desplegarlas en el interior del país. Alfredo Embid, del boletín Armas contra las guerras, declara a este periódico que la decisión de Bush supone un definitivo “paso del Rubicón”: el Ejército, basándose en las leyes ‘USA Patriot’, se despliega para combatir a la disidencia interna ; para ello se entrena a los soldados con técnicas de control de masas en las que las armas menos letales juegan un papel fundamental. No sólo la Taser, el Ejército de EE UU también está probando las bean bang bullets (sacos con arena o legumbres disparados a la velocidad de las balas).
Para los militares estadounidenses, la tecnología menos letal supone un puente entre disparar y no disparar. Según Román, la trampa es que “está demostrado que la mayoría de las veces que se utiliza el arma de electrochoque es en situaciones en las que nunca jamás estaría autorizado hacer uso del arma de fuego”. A su juicio, las menos letales no pueden ser un complemento de las armas tradicionales; esta tecnología debe estar muy regulada para evitar que se convierta en un instrumento portátil de tortura.
ANÁLISIS // EL ESTADO DE DERECHO Y EL ORDEN PÚBLICO
¿De qué seguridad hablan?
J. Asens y G. Pisarello
Jaume Asens, vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, y Gerardo Pisarello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, reclaman más control en el uso de la fuerza policial.
La demanda de seguridad ciudadana suele ser una de las consignas preferidas del populismo punitivo. En su nombre, se exigen medidas como el endurecimiento de penas o la mayor contundencia policial frente a las protestas sociales. Sin embargo, hay sucesos que permiten cuestionar este planteamiento.
Uno de los más impactantes fue seguramente el que tuvo lugar durante los disturbios posteriores a la victoria de la selección española en la Eurocopa. Entonces, un “objeto volador” impactó en el abdomen del jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, Xavier Vilaró. A consecuencia de ello, el mando policial fue ingresado en la UCI y sometido a una complicada operación en la que le extirparon el bazo. Durante cinco días, el Ayuntamiento ocultó el incidente y dio pie a todo tipo de conjeturas. Al final se supo que el misterioso “objeto volador” había sido un proyectil de goma disparado por la propia Policía catalana. O sea, una bala perdida entre fuego amigo.
Llaman mucho la atención las razones aducidas por las instituciones responsables para explicar el ocultamiento de los hechos. El mando policial, sin subterfugios, justificó su actitud como un acto de “lealtad al sistema”. La portavoz municipal, en cambio, aludió al respeto a la “intimidad” del afectado.
Este tipo de argumentos son recurrentes y obedecen a una vieja tentación predemocrática que pretende excluir las actuaciones policiales de la crítica y el debate político. El derecho a la información y a la verdad demasiado a menudo se sacrifica a un discutible sentido de la “razón de Estado”. En el caso Vilaró esa ocultación resulta aún más grave cuando la propia identidad de la víctima –el mando que codirigía el dispositivo policial– despeja cualquier duda sobre la arbitrariedad y el descontrol que rigieron la actuación. ¿No debería el debate centrarse en la legalidad del uso de unos proyectiles que pueden superar los 250 kilómetros y que amenazan seriamente la integridad física, no ya del jefe de policía, sino de cualquier persona? Debate sobre las armas Las asociaciones de derechos humanos llevan tiempo reclamando un debate sobre el uso de ésta y otras armas policiales. En 2005, el uso no autorizado de porras extensibles por la Guardia Civil causó la muerte de un agricultor almeriense en el cuartel de Roquetas de Mar.
Dos años más tarde, algunas unidades policiales adquirieron unas temibles pistolas Taser que han causado víctimas mortales en los EE UU. El mismo año, entró en escena el celebre punzón llamado kubotán, utilizado sin autorización por antidisturbios catalanes en una manifestación en Barcelona. En el caso de las escopetas antidisturbios y las balas de goma, el balance del último año en el Estado es preocupante: 60 personas hospitalizadas y cuatro que han perdido un ojo. En otras ocasiones sus efectos incluso han sido letales. En la mayoría de países europeos, muchos de estos instrumentos de represión están prohibidos y han dado paso a métodos a priori menos contundentes.
En el Estado español, en cambio, todavía hoy forman parte del equipo reglamentario de las unidades antidisturbios de las policías estatales y autonómicas. Nada de esto tiene que ver con el ideal normativo de un Estado de derecho en el que la gestión del orden público exige un uso puntillosamente regulado y controlado de la fuerza. Además del despliegue de medios o técnicas disuasorios lo menos lesivos posible. La “lealtad al sistema”, o a los principios que las fuerzas de seguridad aseguran defender, exigen no cerrar en falso sucesos como el de Vilaró. Si un jefe de la Policía puede ser víctima de la arbitrariedad policial, ¿qué puede esperar cualquier persona que pretenda ejercer en las calles sus legítimos derechos de manifestación y de protesta? ¿De qué seguridad hablan quienes dicen velar por la seguridad ciudadana?