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Contribución de Amnistía Internacional – Sección Uruguay
El gobierno de Nigeria, al no cumplir rigurosamente con su obligación de proteger los derechos humanos, está fomentando la violación de derechos civiles y políticos así como de derechos económicos, sociales y culturales en el proceso de exploración y producción de petróleo en el Delta del Níger, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe titulado Nigeria: Are human rights in the pipeline?
En este informe se examina de qué forma resultan conculcados los derechos humanos de individuos y comunidades como consecuencia tanto de las prácticas de algunas empresas transnacionales como de la inacción y las actuaciones del gobierno federal nigeriano en el Delta del Níger. También se relatan tres casos que ponen de relieve asuntos como los procesos de consulta excluyentes o el hecho de que no se limpien los derrames de petróleo, relacionados con las empresas Shell Petroleum Development Corporation (SPDC) y Nigerian Agip Oil Corporation (NAOC). Los casos se refieren al derecho a buscar, obtener y difundir información, el derecho a un nivel de vida digno, el derecho a un entorno general satisfactorio y el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales y a obtener resarcimiento.
“Al no proteger los derechos humanos de la población, el gobierno nigeriano ha creado un entorno propicio para que las empresas actúen fuera de un marco apropiado para la rendición de cuentas, lo cual dificulta la obtención de resarcimiento a las personas que han sufrido abusos contra sus derechos humanos” afirma Michael Hammer, director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
Una consecuencia de que el gobierno no haya prestado los servicios básicos es que desde hace muchos años las empresas petroleras financian proyectos de responsabilidad social corporativa (carreteras, clínicas, escuelas, medios de transporte y otras infraestructuras) en comunidades próximas a sus operaciones. Aunque algunos de estos proyectos han funcionado bien y han proporcionado servicios necesarios, otros distan mucho en ocasiones de ser adecuados o ni siquiera existen.
“La responsabilidad de garantizar el acceso universal a los servicios sociales básicos sigue residiendo en el Estado nigeriano; las empresas transnacionales tienen la obligación de garantizar que las zonas a las que han aceptado voluntariamente dar servicio están debidamente abastecidas y que el abastecimiento se realiza sin discriminaciones” ha afirmado Salil Tripathi, investigador de Amnistía Internacional sobre relaciones económicas.
Las comunidades que no obtienen los mismos beneficios que aquellas más próximas a las operaciones petrolíferas y las que se han quedado fuera de los planes de desarrollo de las empresas transnacionales se sienten agraviadas en ocasiones, ya que en su opinión estas empresas operan arbitrariamente sobre el terreno sin el debido proceso de consulta.
Este resentimiento fue uno de los desencadenantes de la escalada de violencia que, según expertos en el conflicto y analistas de seguridad, dejó más de un millar de muertos en el Delta del Níger en el 2003. A partir de la información publicada en medios de comunicación locales e internacionales, Amnistía Internacional ha calculado que, desde el comienzo del 2004 hasta los acontecimientos de finales de agosto incluidos, se han cometido en torno a 670 homicidios en los estados de Delta, Rivers y Bayelsa.
A lo largo del mes de septiembre, Amnistía Internacional recibió informes sobre varios ataques perpetrados contra la población civil por fuerzas del ejército federal. Por ejemplo, según los informes recibidos, el 6 de septiembre de 2004 la aviación militar bombardeó Tombia, localidad situada entre Asaritoru y la península de Alakiri.
Los ataques aéreos causaron un número desconocido de muertos y la destrucción de edificios así como de un lugar de culto, en concreto la iglesia luterana de St. Stephen. Según testigos, cientos de personas que se habían refugiado en esa iglesia podrían haber muerto.
En muchos casos, los motivos de queja contra las empresas han dado paso a un antagonismo abierto que ha llevado al secuestro de sus empleados, la comisión de actos de violencia dirigidos en su contra y el sabotaje de sus instalaciones petrolíferas. A fin de que protejan a su personal y sus instalaciones, las empresas recurren con regularidad a las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales en algunos casos actúan contra los individuos, a menudo de manera arbitraria y desproporcionada.
Aunque las actividades de las empresas transnacionales no son la única causa de la violencia en el Delta del Níger, Amnistía Internacional cree que los Estados tienen la responsabilidad principal de garantizar que las empresas respetan los derechos humanos en su zona de operaciones.
“Las empresas petroleras y el gobierno están obligados a adoptar medidas urgentes, tanto en el ámbito estatal como en el federal, para acabar con los abusos y las violaciones de derechos civiles y políticos así como de derechos económicos, sociales y culturales que padecen muchos nigerianos, y asimismo a afrontar los motivos de queja de las comunidades.”
“Las empresas que operan en Nigeria deben actuar, si todavía no lo hacen, conforme a las leyes nigerianas aplicables a sus operaciones y evitar políticas que contribuyan directa o indirectamente a la comisión de abusos contra los derechos humanos. Están obligadas a operar en el marco de las Normas de la ONU sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos” ha manifestado Salil Tripathi.
Amnistía Internacional considera que Nigeria, como principal productor de petróleo de África, tiene la obligación de fijar normas que puedan aplicarse en toda la región.
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Aprovechamos para complementar esta información, con este interesante artículo (nota de Tortuga):
Petróleo por sangre en Nigeria
Juan Carlos Galindo
Agencia de Información Solidaria. España, octubre del 2004.
El líder rebelde Muhajid Dakubo Asari no es un tipo de fiar. Por eso, cuando hace quince días anunció la firma de una tregua con el gobierno central de Nigeria los analistas prefirieron esperar a que la noticia fuese confirmada por el presidente Olusegun Obasanjo. Sólo entonces los mercados financieros respiraron tranquilos. La tregua garantiza el mantenimiento de las cuotas de producción petrolífera de Nigeria (algo más del 3 por ciento sobre el total mundial) y soluciona una de las causas que han situado el precio del barril de crudo en 50 dólares. Desde la firma del acuerdo, la atención de la comunidad internacional ha ido decreciendo y Nigeria vuelve poco a poco al olvido tradicional que sufren los estados africanos.
Nigeria es el paradigma de los países que sufren la llamada «maldición del petróleo». Es decir, ese fenómeno por el que un país lleno de riquezas fósiles se ve inmerso en la miseria, arrasado por múltiples conflictos, carcomido por la corrupción de la elite dirigente que tan gustosamente se deja sobornar por las multinacionales extranjeras. Nigeria produce al día más de dos millones de barriles de crudo y es el sexto exportador mundial de esta materia. Sin embargo, su renta per cápita no supera el dólar diario, más de el 70 por ciento de sus 130 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida no llega a los 50 años.
Los grandes yacimientos petrolíferos se sitúan en el sur del Delta del Níger, el gran río que recorre el oeste del país hasta Port Harcourt, ciudad costera que se ha convertido en el epicentro de la actividad petrolífera en África Occidental. El actual conflicto, desatado a principios de 2004, enfrenta a la Fuerza Voluntaria del Pueblo de Níger (dirigida por Dakubo Asari) contra el Grupo de Autodefensa del Delta del Níger (dirigido por Ateke Tom) y a ambos con el ejército nigeriano. No obstante, no se trata del primer enfrentamiento armado en la región. En 1967, una guerra por la independencia de las regiones del sur provocó más de un millón de muertos en menos de tres años. En 1995, la dictadura del general Sani Abacha ejecutaba al poeta Saro Wiwa y otros ocho defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. Su delito: denunciar los crímenes cometidos por la petrolera angloholandesa Shell. En 1997, el propio Asari se levantó en armas y ocupó varias sedes de Shell en la conocida como «Guerra del Alquitrán». Por último, en marzo de 2003, una revuelta rebelde en el sur del país provoca una reducción de 800.000 barriles de crudo en las exportaciones nigerianas. El petróleo, siempre el petróleo.
Sin embargo, en las raíces del conflicto se confunden motivos étnicos, injusticias históricas y ambiciones económicas. En efecto, minorías étnicas como los ogonis o los ijaws (a la que pertenecen los dos líderes rebeldes) han sido maltratadas desde hace décadas. El descontento de estas poblaciones es capitalizado por los rebeldes para erigirse como liberadores de su pueblo. Pero, en realidad, poco les importa más allá de los réditos políticos y económicos que les aporta su rol de piezas en un tablero en el que se juegan suculentos intereses.
La omnipresente Shell controla gran parte de la producción petrolífera del estado africano. Sin embargo, no es la única que participa en el juego. Después de la muerte del dictador Sani Abacha en 1999, la petrolera belga-francesa Total, y con ella Francia, perdían a su talismán y veían disminuida su influencia en el país. De ahí que en la actualidad no sean pocos los analistas que ven en estas rebeliones, siempre dirigidas contra las instalaciones de Shell, la tradicional mano negra de la antigua Elf.
Mientras, Estados Unidos cuida de que Texaco continúe con la extracción de los varios cientos de miles de barriles diarios que la primera potencia mundial importa de Nigeria.
En este oscuro juego de influencias y malversaciones el fin justifica todos los medios. Así, la corrupción se ha convertido en el verdadero lastre para el desarrollo del país. A pesar de los increíbles márgenes de beneficio obtenidos por las multinacionales extranjeras, gracias a su riqueza petrolífera, desde 1956 el estado nigeriano ha ingresado más de 300.000 millones de dólares. Una fortuna que se ha evaporado. Sólo el dictador Sani Abacha robó más de 4.300 millones de dólares. El despotismo llega hasta tal punto que la mitad de esta suma la obtuvo de una manera muy simple: transportó el dinero desde el banco central hasta su mansión en un camión. Desde luego, no es el único.
Obasanjo ha sido acusado en varias ocasiones de poseer cuentas secretas en Suiza. Shell reconoció el pasado junio el pago, durante años, de millones de dólares en concepto de «arreglos con las autoridades locales». Según el diario británico The Independent, la multinacional estadounidense Halliburton consiguió el contrato para la construcción de la terminal de gas de Bonny Island (valorado en 12.000 millones de dólares) gracias al pago de 132 millones de dólares en concepto de comisiones injustificadas. La lista es interminable.
La paz momentánea a la que se ha llegado en Nigeria no supone el arreglo de ninguna de las causas estructurales que provocan el conflicto y sumen a la mayoría de la población en la miseria. Los rebeldes han cedido después de que se aceptasen varias condiciones: el reconocimiento del derecho de autodeterminación para las regiones del sur del Delta del Níger y el establecimiento de una conferencia nacional para firmar un acuerdo definitivo. En estas condiciones, hay quienes apuntan que Obasanjo no ha hecho sino abrir la caja de Pandora y que el conflicto no ha hecho más que empezar. En cualquier caso, será una guerra olvidada más, sin interés para el civilizado mundo occidental. A no se que vuelva a afectar a la producción del dichoso oro negro.