Desde que tenemos un gobierno del Partido Socialista, se nos presentan los Presupuestos Generales del Estado como más sociales y solidarios que los que haría, por ejemplo, el Partido Popular. Pero cuando nos paramos a analizarlos mínimamente las conclusiones son muy distintas. Las mentiras del ministro de turno se caen por su peso y nos quedamos con unos presupuestos nada solidarios, nada sociales
y nada sostenibles.
Presentan un déficit de 17.100 millones de euros, el 1,5 % del PIB. Aumenta el gasto público en un 3,3 %, serán 157.604 millones de euros.
Acha can este déficit a que con la crisis actual la recaudación es menor,
vía IRPF, impuesto de sociedades o IVA, a lo que hay que sumar por supuesto todo lo que dejan de recaudar cada año y que normalmente ni se contabiliza. A esto se unen los planes de choque de este año para garantizar la liquidez de los bancos. Esta
partida va a incluir la compra de activos
a los bancos por valor de entre
30.000 y 50.000 millones de euros a
costa de aumentar la deuda pública.
Además se prevé destinar hasta
100.000 millones de euros al posible
rescate de bancos. En definitiva, recaudan
menos de los que más tienen
con lo que la presión fiscal aumenta
más sobre las clases trabajadoras.
La realidad del aumento del paro
hace que se dedique más dinero a
estas prestaciones, pero aunque se
reducen siguen dedicando mucho dinero
a subvencionar directamente a
las empresas como fomento del empleo.
Al mismo tiempo el Gobierno
mantiene una fe injustificada en la
futura creación de cientos de miles
de empleos así como en que siga habiendo
un crecimiento de la economía
del 1,6 %.
En esta situación de aumento del
paro, la realidad es que el dinero destinado
no garantiza prestaciones suficientes,
además de que en estos
años no han dejado de endurecer las
condiciones para su percepción, aumentando
el tiempo de trabajo necesario,
y vinculándolas a medidas disuasorias
para que se perciban durante
el menor tiempo.
Poco más de la mitad de los presupuestos,
el 50,5 %, se destina a lo
que denominan políticas sociales,
incluyendo ayudas a empresas con
fines sociales. En realidad esta cantidad
apenas aumenta.
Tan solo 871 millones son dedicados
a las políticas de dependencia.
De ahí que el Estado sólo cubre el 12
% de las necesidades de cuidados.
Buena parte del gasto social, el
62 %, se dedica a pensiones, pero las
mínimas sólo aumentan entre un 5 y
un 6,5 %, lo que con las recientes subidas
de los precios es una miseria.
Por otra parte, el 92 % de las mujeres
sigue cobrando menos de 2,5 veces
la pensión mínima.
Una de las partidas que más crece
es la destinada a políticas de fomento
del derecho a la vivienda, vía
nuevas ayudas a los propietarios para
fomentar el alquiler, así como
330,75 millones de euros destinados
a la llamada Renta Básica de Emancipación para jóvenes, que supone
una ayuda mensual de 210 euros. El
Gobierno hace oídos sordos a que
este tipo de medida ya esté provocando
un encarecimiento de los precios
de los alquileres. Además, las
deducciones fiscales para propietarios
y a empresas promotoras nos dibuja
un cuadro continuista, que
apuesta más por intentar minimizar
el parón inmobiliario que por garantizar
el derecho a la vivienda.
El Gobierno se ha olvidado muy
pronto de sus promesas de lucha
contra el cambio climático, respeto
por el medio ambiente, etc., por el
contrario sigue anclado en el desarrollismo,
mostrando su histórica
obsesión por el crecimiento. Por ello
busca apuntalar a la industria turística
destinándole 391 millones de euros,
para que siga siendo uno de los
motores económicos, a la vez que es
una de las industrias mas insostenibles,
al estar asociada a la especulación
inmobiliaria y la construcción.
En cambio para defensa de las
costas sólo dedican 278 millones,
para conservación del medio ambiente
517 millones, desarrollo rural
100 millones o protección de la pesca
52 millones y está por ver si esas
partidas se podrían calificar como
sostenibles.
Otra apuesta fuerte por buscar
un motor económico que absorba el
aumento del paro es el desarrollo de
grandes infraestructuras de transporte,
especialmente las elitistas y de
gran impacto ambiental como el
AVE, al que dedican 1.274 millones,
el transporte aéreo 402 millones o
las carreteras 4.220 millones. Las inversiones
en medios de comunicación
más ecológicos sin embargo
son minúsculas e insuficientes.
Mientras aumentan las emisiones
de gases de efecto invernadero,
lo dedicado en estos presupuestos
para luchar contra el cambio climático
no va más allá de 81 millones de
euros para el Instituto para la Diversificación y ahorro de energía y 163
millones destinados específicamente
a la lucha contra este problema.
Un gobierno tan militarista como
el de Zapatero, que no deja de
aumentar el número de tropas en misiones
por todo el planeta, presenta
unos presupuesto en los que aparentemente
reduce lo dedicado al Ministerio de Defensa. En todo caso su
presupuesto es 25 veces superior al
de inmigración y 7 veces mayor al
de Dependencia. Pe ro hay más partidas
que se dedican a lo militar, como
por ejemplo 634 millones de euros,
más una posible ampliación de 35
millones, para actuaciones de las
FFAA en el exterior, que unido a lo
que recibe Industria para pre-financiar
programas especiales de armamento
nos da que el verdadero presupuesto
militar sube una vez más:
más de 1.801 millones, un 21 %.
Mientras el gobierno anuncia
austeridad y reclama paciencia y
contención a la ciudadanía ante la
crisis, el presupuesto para el presidente
asciende a 49,3 millones de
euros, casi dos millones más que en
2008. El presupuesto para la casa real
aumenta también un 4,5% y la financiación
a los partidos un 24,5%.
En definitiva los PGE suponen
una apuesta por el crecimiento económico,
algo cada vez más insostenible,
injusto y desigual. Un crecimiento
que no contempla ni las
consecuencias sociales ni las necesidades
reales de la población en general,
y de la más empobrecida en
particular. Un crecimiento basado en
la explotación de las clases asalariadas
y en la esquilmación del entorno.