Jara Calvo, Iruñea-Pamplona
A prisión por sentarse en la carretera, por poner pancartas en grúas, por pegar carteles… Según denuncia una plataforma popular de Pamplona, la persecución municipal está matando las iniciativas sociales. Y llaman a movilizarse para impedirlo.
Cuatro años de cárcel por subirse a una grúa. Eso es lo que el fiscal solicitó el 8 de enero para un activista que se encaramó a unas obras en el solar donde, durante diez años, estuvo el Euskal Jai, el emblemático centro social okupado del casco viejo de Pamplona. La acción se enmarcaba en una campaña organizada el año pasado por la plataforma Iruñerria Piztera Goaz! (¡Vamos a prender Pamplona y su comarca!) para “defender los gaztetxes y la cultura popular”.
En la acción de la grúa, participaron otros dos jóvenes que se enfrentan ahora a peticiones de dos años y medio de cárcel. Unas penas “absolutamente desproporcionadas” para Iruñerria Piztera Goaz!, que ha anunciado más iniciativas “en defensa de espacios propios y autogestionados”.
Una de estas iniciativas ha sido la convocatoria de una manifestación en Pamplona. El pasado 28 de diciembre cerca de mil personas recorrieron las calles del Casco Viejo de la ciudad bajo la atenta mirada de numerosas dotaciones de Policía Nacional y Municipal. Reflejo de la situación que vive la ciudad, al final del acto no se pudo leer el comunicado previsto ya que la policía no permitió la instalación de megafonía. Pese al control, durante el recorrido tres personas se subieron al tejado del nuevo centro hidrotermal que ocupa ahora el solar del Euskal Jai y desplegaron una pancarta.
El del 8 de enero no es el primer juicio ni será el último, ya que decenas de personas detenidas el año pasado durante la campaña de Iruñerria Piztera Goaz! están acusadas de desórdenes públicos, resistencia a la autoridad y otros cargos. En el marco de esa campaña se realizaron numerosas acciones de desobediencia civil como cortes de tráfico, encadenamientos o la ocupación del Palacio de Marqués de Rozalejo, un inmenso edificio deshabitado del centro de la ciudad. Hasta ahora ya se han celebrado seis juicios –por acciones como pegar carteles o subirse al quiosco de la plaza del Castillo– en los que han estado implicadas diez personas y que se han saldado con multas por valor de casi 5.000 euros.
60 personas acusadas
Y eso que aún están pendientes varios procesos más que afectan a cerca de 60 personas acusadas, entre otras cosas, de usurpación, desobediencia grave, atentado o daños. Las peticiones suman, en total, 46.000 euros en multas y numerosas penas de prisión. Entre éstas, destacan los dos años y medio de cárcel que se solicitan para 11 personas que participaron en un corte de carretera, dos encadenadas a un bidón y el resto realizando una sentada.
Ante este balance represivo, Iruñerria Piztera Goaz! incide en que “ir a la cárcel por haber realizado una acción política, pública y no violenta, abre un nuevo escenario político y represivo tanto para el conjunto de movimientos sociales como para cualquier grupo social que proteste”. Ante esta deriva, la plataforma reclama una reflexión porque “se está olvidando el papel histórico de los movimientos sociales como motor de cambio. Siempre ha habido gente que ha desobedecido, reivindicando causas que creían justas, sufriendo represión por ello. Hoy, sus luchas y reivindicaciones son consideradas como conquistas sociales”. Y remacha: “una sociedad viva es aquella que se enriquece con las discrepancias, reflexiona y, en consecuencia, avanza. Una sociedad que reprime toda disidencia está incapacitada para evolucionar. El Ayuntamiento de Pamplona es un claro ejemplo”.