Antón Corpas
Diagonal
A veces uno ha de comenzar justificándose para evitar que se lea entre líneas lo que no ha escrito en ninguna parte. Es algo que procuro no hacer, ya que provoca fácilmente un efecto somnífero sobre la lectura. La respuesta del colectivo Kontracorriente al artículo firmado por mí y titulado originalmente Pornografía infantil y net-inquisición (publicado en el nº 88 de DIAGONAL y respondido en el nº 89), me obliga a justificarme, pero no a rectificar. En el artículo en ningún caso existía una defensa velada de las “relaciones sexuales de consentimiento” entre niños y adultos, ni, desde luego, trataba de considerar las relaciones de abuso o explotación como algo privado. Ni lo decía ni lo insinuaba en ninguna parte.
Dicho esto, vuelvo a preguntarme si cuando la Policía o la institución judicial detienen y procesan a decenas de consumidores de pornografía infantil en internet, se está protegiendo a quienes sufren algún tipo de violencia. Al respecto, es necesario señalar dos realidades distintas pero ambas igual de preocupantes y macabras en las que aquéllos padecen una situación de desprotección.
Casa y vacaciones
Dice la Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA) que el 80% de las agresiones sexuales a menores se producen en el seno de la familia (La Opinión de Málaga, 21/10/2008). Casi todo el mundo conoce de cerca a algún adulto que ha sufrido abusos sexuales de niño y nos consta que, además de producirse en el entorno familiar, parientes o allegados que tienen una sexualidad a priori ‘normal’ aprovechan el poder adulto y la ambigüedad de las ‘relaciones de confianza’ para cometer agresiones que luego tendrán efectos profundos y alargados en el tiempo. Es algo que generalmente pasa desapercibido en las sucesivas reformas de la Ley del Menor, más preocupadas por endurecer el trato de los ‘menores delincuentes’ que por proteger a los niños allí donde son vulnerables.
A otra escala, sin que existan cifras oficiales sobre cuántos turistas españoles han cometido violaciones y abusos de menores en destinos como Latinoamérica o Asia en el marco del denominado turismo sexual, la Asociación Catalana de Apoyo a la Infancia Maltratada calcula que serían alrededor de 30.000. La misma asociación indica que el motivo no tiene por qué ser una particular atracción sexual, “sino que muchos utilizan los servicios de menores de manera esporádica, escudados en estereotipos falsos como que ‘en estos países los niños maduran antes’ o que ‘a estos niños y adolescentes les haces un favor porque no tienen qué comer”, (Levante-EMV, 10/11/2008).
Para proteger a quienes sufren ese relativismo geográfico-moral de una parte de nuestro ciudadano medio, seguramente sería necesario investigar qué rutas turísticas facilitan el acceso al turismo sexual con niños, de qué manera quienes viajan contactan con ellos y qué redes y agentes permiten que funcionen de manera impune. Eso requeriría una labor diplomática seguramente conflictiva con los países de destino, dedicar una buena porción presupuestaria a personal judicial y policial y, a la larga, implicaría el descrédito moral y social de ciertos itinerarios turísticos. Algo que por ahora no forma parte de las prioridades ni del Ministerio del Interior ni del de Exteriores o el de Turismo y Comercio.
Proteger
Más cómodo, barato y menos conflictivo que cuestionar lo que ocurre en el seno de la familia o que investigar y perseguir determinado tipo de turismo es elaborar el perfil de un enemigo: el pederasta de la red. Basta con acumular las direcciones informáticas de un centenar de personas desde cualquier despacho para ejecutar una operación de efectos mediáticos inmediatos y en la que se genere ese clima tan querido por las doctrinas neoconservadoras, donde la ‘seguridad’ (gracias a la Policía) y el ‘pánico’ (a un ‘enemigo’ abstracto) son casi lo mismo.
En realidad, estamos ante un uso torticero de la ‘protección de los menores’ para unos fines que nada tienen que ver con evitar las violencias a las que está sometida la infancia. Se manipula la sensibilidad social hacia esta cuestión para aumentar la potestad de Policía y jueces para intervenir en la red. “Proteger a nuestros niños” es un argumento tan efectivo o infalible para justificar la arbitrariedad policial y judicial como “defendernos de los terroristas” o “liberar a las mujeres iraquíes” para justificar una invasión militar. Nadie puede estar en contra de ninguno de estos fines, pero tienen que demostrarnos que realmente están haciendo eso y no otra cosa.
Parafernalia
En esa figuración del nuevo monstruo que es el pederasta de internet, se abre camino, además, una percepción y una conciencia equivocadas sobre el asunto, que recuerdan algunos tópicos que pensábamos superados. Durante un tiempo fue un lugar común considerar que el maltrato y el abuso de menores era algo propio de las ‘clases bajas’, un fruto de la ‘incultura’. Igualmente, para el imaginario popular, homosexualidad y pederastia también fueron conceptos emparentados hasta no hace tanto, ya que se consideraba que la homosexualidad conllevaba una sexualidad compulsiva e incontrolada.
Hoy, la persecución del pedófilo en internet y toda su parafernalia mediático-espectacular va camino de socializar la idea de que el peligro para los menores no está en las relaciones sociales o de género, sino que reside en aquellos ‘seres anómalos’ que tienen ‘deseos anormales’.
Es el poder
El feminismo nos ha enseñado que la violación de una mujer no es fruto del deseo, y, de la misma manera, quien abusa de un menor no lo hace por atracción sexual. El padre, el vecino, el marido, el turista…, cualquiera de ellos comete una agresión, entre otras cosas, porque su posición y el contexto que lo rodea lo permiten. Y da igual cuáles son sus fantasías, qué tipo de literatura o cine consumen ni qué descargan o distribuyen desde su disco duro. Es el ‘poder’, en su más amplio sentido, y no los deseos.