Movilización contra la ley minera en Ecuador
SERGIO DE CASTRO (QUITO, ECUADOR)
Con cortes de carretera, marchas y concentraciones en diferentes partes del país se desarrollaron las movilizaciones que el 20 de enero convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en contra de la Ley Minera, aprobada esa semana. Según la organización indígena, “la ley minera atenta contra el derecho al agua, a la tierra y el derecho a vivir en un ambiente sano”, a la vez que “promueve la minería a gran escala cuyos beneficios son exclusivamente para las transnacionales”.
Lourdes Tibán, secretaria ejecutiva del Consejo de Desarrollo de Movimientos y Pueblos del Ecuador (CODENPE) –que sería cerrado por Correa días después de las movilizaciones bajo acusaciones de clientelismo contra Tibán– declaraba a DIAGONAL que “el sólo hecho de que haya sido aprobada una ley sin consulta [previa] viola la constitución”. Acusaciones a las que se han sumado, entre otros, Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente y antiguo aliado de Correa. Lo que según Tibán supone “una derecha que se camufla con el socialismo” ya llevó al movimiento indígena a realizar movilizaciones en el sur del país en diciembre. Completan la reciente agenda de protestas contra el mandatario una huelga de hambre a las puertas de la Asamblea Nacional por parte de organizaciones ecologistas contra la Ley Minera y una marcha de varios miles de personas por las calles de Quito convocada por el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT).
Mesías Tatamuez, su presidente, declaraba a DIAGONAL que la Ley Minera “se la impuso para ayudar sólo a las multinacionales”. “Esperemos que Correa no apruebe esta ley y las siguientes”, en referencia a las leyes de Aguas y de Soberanía Alimentaria. Correa, por su parte, ha respondido calificando de “fundamentalistas” y de “izquierda infantil” a quienes reclamaban un debate público anterior a la aprobación de la Ley Minera.
Ante la fuerte presencia policial que se dio durante las movilizaciones (1.200 efectivos sólo en Quito) y las alrededor de diez detenciones efectuadas por la policía ecuatoriana, la CONAIE denunciaba las “medidas de represión y violencia” ejercidas por la fuerza pública que “atentan” contra “el derecho a la resistencia”, presente en la Constitución. Asimismo, Correa declaraba que se actuaría “con todo el rigor de la ley” contra quienes agredieron a los seis policías que resultaron heridos el 20 de enero, mientras la CONAIE ha recalcado el carácter pacífico de sus acciones.