La falta de análisis críticos sobre la Monarquía, el Ejército y la Iglesia debilitan nuestra democracia.
Vicenç Navarro
Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra
Un síntoma de la gran debilidad de la democracia en nuestro país es que, 25 años después de ser establecida, continúan habiendo tabús en los medios de información (y persuasión) televisivos, temas sobre los cuales estos medios pasan de puntillas, sin analizarlos críticamente. Entre ellos están la Monarquía, el Ejército y la Iglesia. Permítanme que haga una lista de hechos que en una sociedad democrática habrían sido sujetos a análisis críticos y que no lo han sido.
Referente a la Monarquía, existen los siguientes hechos:
Uno, cuatro consejeros económicos de la Casa Real bien conocidos y de los cuales el Monarca ha hecho gala de amistad, Javier de la Rosa, Manuel Prado y Colón de Carvajal, José María Ruiz-Mateos y Mario Conde (del cual el Monarca dijo que era su mejor asesor económico), han terminado en la cárcel sin que nadie haya investigado la relación entre estos asesores y el Rey.
Dos, el Monarca recibe constantemente regalos (incluyen desde yates y palacios a coches lujosos para su uso personal) de grupos empresariales y de personas que intentan influenciar las intervenciones públicas del Monarca sin que estén reguladas este tipo de transacciones, habiéndose el Rey opuesto a la propuesta del anterior Gobierno socialista de regularlas.
Y tres, el Monarca ha pedido, en el pasado, fondos a dictadores que gobernaban países árabes –como el Sha de Persia– para apoyar a partidos conservadores en España –como la UCD de Adolfo Suárez– e impedir la victoria de las izquierdas, y podríamos continuar con un largo etcétera.
Cada una de estas realidades han sido citadas y documentadas en distintas fuentes. Ninguna de ellas, sin embargo, ha sido comentada en los medios televisivos del país, de donde la mayoría de la ciudadanía obtiene su información fundamental sobre la vida política. Tal silencio sería impensable en otras democracias, más completas y más libres que la nuestra.
Lo mismo ocurre en cuanto al Ejército, que no ha denunciado a los generales que protagonizaron el golpe militar de 1936, tal como un Ejército de un Estado democrático hubiera hecho. En realidad, se presenta como heredero de aquel Ejército golpista, oponiéndose al homenaje a los militares del Ejército que apoyaron a la República y que fueron asesinados por los sublevados por su lealtad a un Gobierno democráticamente elegido. Es más, las Cortes españolas no establecieron una comisión para averiguar la trama (todavía desconocida) detrás del fallido golpe militar de 1981 en el que participaron elementos importantes del Ejército, que no está constitucionalmente bajo un mando civil sino que su jefe máximo es el Monarca, el cual no ha jurado la Constitución. Tal situación de falta de actitud crítica hacia estos hechos en los medios televisivos es otro indicador de nuestra democracia incompleta.
La otra institución que raramente es sometida a crítica en los medios de información televisivos es la Iglesia católica. Su participación en la brutal represión que tuvo lugar durante e inmediatamente después de la mal llamada guerra civil (que fue en realidad un golpe militar en contra de un Gobierno democráticamente constituido, llevado a cabo por intereses corporativos que representaban un sector minoritario de la población) y su papel central en la reproducción de la dictadura franquista, no han sido analizados en ninguno de los medios televisivos públicos o privados.
Las críticas que se realizan a tal institución, que aparecen sólo en medios de información progresistas, se limitan a cuestionarla por su comportamiento actual cuando intenta imponer sus valores religiosos y morales al resto de la ciudadanía. Pero muy raramente aparecen reportajes radiofónicos o televisivos o denuncias escritas documentando cómo tal institución impuso sus valores a través de una brutal y sangrienta represión, que tuvo especial intensidad contra los maestros que enseñaban los valores democráticos a la juventud española durante la República.
Excepto el excelente documental de los campos fascistas de exterminio en Extremadura por la televisión española, no ha habido ningún otro programa televisivo en España que analizara la enorme brutalidad del franquismo, tanto durante la mal llamada guerra civil, como durante la dictadura, brutalidad que contó con el apoyo activo del Ejército y de la Iglesia. Programas como Els nens perduts del franquisme o Les foses del silenci, galardonados por la televisión europea, no son todavía conocidos por los telespectadores españoles, excepto en Catalunya, en el País Vasco y en Andalucía (a la una de la madrugada).
Pero ni en Catalunya ni en el País Vasco se ha analizado televisivamente el papel de la Iglesia católica en la represión franquista. Hacerlo no sería, como erróneamente lo ha interpretado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Fernando Sebastián, un revanchismo contra los vencedores de la guerra civil (revancha sería que se pidiera que se les hiciera a ellos lo que ellos hicieron a los vencidos), sino la recuperación de la historia real del país con el consiguiente reforzamiento de la democracia. Contribuiría a ello si la Iglesia pidiera perdón al pueblo español por su apoyo a la dictadura, lo cual dudo que haga, pues no detecto conciencia de error en sus proclamas.
¿Hasta cuándo continuará la existencia de estos tabús, mostrándose lo enormemente incompleta que es nuestra democracia?
Soy consciente de que hay una gran resistencia por parte de las fuerzas progresistas a recuperar la historia real de nuestro país, evitando el enfrentamiento con tales grupos de poder. Pero deberían ser conscientes de que tal resistencia implica la reproducción de una cultura conservadora que está dañando a la democracia española, obstaculizando que se recupere la memoria histórica y con ella se establezca una cultura progresista alternativa.
El mejor indicador de este coste es que, según una encuesta reciente de valores en la Unión Europea, España es uno de los países de la UE-15 donde la Monarquía, el Ejército y la Iglesia están mejor valoradas, mientras que los partidos políticos y los sindicatos están entre los peor considerados.
¿Hasta cuándo las fuerzas progresistas no descubrirán el coste de su silencio?
>Un silencio clamoroso: los hijos naturales del Rey
Una de las cuestiones menos abordadas por los pretendidos expertos en la cosa monárquica son los derechos que sobre la corona tendrían los hijos naturales del Rey o del Príncipe de Asturias. Pongamos, por ejemplo, que Mencía, la famosa hija de Isabel Sartorius fuese hija de don Felipe…
Uno de los pocos, por no decir el único, en abordar el tema es Luis Español Bouché. Vale la pena leer este artículo suyo, publicado por el Adelantado de Segovia el 13 de juliode 2003 con el título: «Los reyes naturales». El autor ya había abordado esas cuestiones en su obra «Nuevos y viejos problemas en la Sucesión de la Corona Española, Madrid, Hidalguía, 1999. En la segunda entrega de las memorias de Leandro de Borbón Ruíz se reproduce prácticamente el artículo entero, lo que da una idea de su importancia…
LOS REYES NATURALES
El 30 de junio de 1833, hace exactamente 180 años, la futura Isabel II era jurada como Princesa de Asturias. Aquella jura fue uno de los últimos actos que quiso el rey Fernando VII, para afianzar la posición de su hija. Los obscuros acontecimientos de la Granja, meses antes, a punto estuvieron de acabar con los derechos de la joven infantita, y poco tiempo después de aquella jura moría el rey Fernando y el carlismo se echaba al monte, iniciando un siglo de confrontaciones civiles. En consecuencia, nada menos baladí, para nuestro Estado, que es una monarquía, que el tema de la sucesión a la corona.
Hace años, en un libro cuidadosamente silenciado, abordé un asunto del que se habla poco pero que importa mucho a la estabilidad de nuestra monarquía y por lo tanto de nuestro sistema político: el hecho de que con la Constitución en la mano, los hijos naturales de los miembros de la Real Casa estén equiparados en derecho con los demás príncipes. No hace falta ser un profundo tratadista para comprender que, por su propia naturaleza, a la monarquía le interesa ofrecer estabilidad. Imagínese lo que supondría trastocar el orden sucesorio cada vez que una persona demostrase su filiación natural con el monarca. Se trataría de algo profundamente desestabilizador para un sistema cuya virtud, de tener alguna, reside en la claridad. Además, existe un problema de educación: es bueno que la persona que puede llegar a ceñir la Corona reciba una educación conforme a sus posibles obligaciones.
La sucesión de la Corona española ¿ha de ser necesariamente la legítima? Puesto que el actual Derecho Civil ha equiparado a los hijos naturales y a los legítimos, ¿con qué argumentos se podría negar la Corona a un hipotético hijo natural de un rey de España? Porque desde luego la tradición de la monarquía no es ningún principio legal. Y sería difícilmente comprensible, en términos de equidad, que pudieran ser llamadas a reinar personas nacidas de un matrimonio morganático —contra la costumbre de los últimos 225 años— y que se mantuviera apartados de la Corona a los vástagos ilegítimos. Dado que la vigente Constitución deroga toda disposición que se le oponga, resulta también pueril pretender aplicar una normativa preconstitucional en contra de lo que la Constitución rige, puesto que en el artículo 39 de nuestra magna carta se dicta lo siguiente, en lo que no es precisamente un modelo de buen castellano: «2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley, con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad (…)»
Desde luego, nadie negará que en España siempre ha existido simpatía hacia los hijos naturales y personajes como el Jeromín del padre Coloma o el Bernardo del Carpio, del Romancero, han dejado su huella en nuestra literatura. Tampoco nos debiera asombrar la posibilidad de que reinara un hijo natural, que no sería la primera vez en la historia de España: ¿quiénes fueron los sucesores de Alfonso XI? ¿cómo llegó al trono la casa de Trastámara? También vienen de líneas bastardas las casas de Aviz y de Braganza o la de los duques normandos que reinaron en Inglaterra.
Si se diera el caso de que un Rey de España —o su sucesor— tuviera un hijo natural, ¿qué ocurriría con la Corona? La Constitución me parece taxativa al respecto: el hijo, se trate de un varón o de una hembra, se convertiría en el heredero virtual de su padre, y que el Rey o el Príncipe lo reconocieran en el momento o más tarde, motu propio o a través de la oportuna sentencia judicial, lo mismo da. En consecuencia, habrá que tomar el toro por los cuernos y plantearse la necesidad de revisar la propia Constitución.
Como si no fueran suficientes las dificultades, las nuevas tecnologías en el campo de la biología amenazan con hacer saltar por los aires no ya los principios de la Monarquía sino los fundamentos mismos de la familia tradicional y exigirán en un futuro inmediato la revisión de numerosos principios del Derecho Civil. Aldoux Huxley se ha quedado corto. En breve, con material genético robado —un cabello tomado de un cepillo, una muestra de saliva— se van a poder crear seres humanos, hijos nuestros, sin que expresemos ningún consentimiento al respecto. Y un niño no es un disco compacto, no puedes destruir la copia pirata… Que todas estas posibilidades sean ilegales, no significa que no sean posibles y hemos de tenerlas en cuenta.
En su día transmití estas inquietudes a las correspondientes autoridades, pero me temo que no se ha hecho nada al respecto. El Título II de nuestra Constitución se pensó mal, se redactó mal y tiene más de un fleco cargado de amenazas. Cuando hace un mes nos enteramos de que don Leandro Ruíz-Moragas ha visto reconocida ante los Tribunales su filiación —ahora se llama Leandro de Borbón—, no he podido dejar de meditar acerca de nuestra tradicional incuria, que consiste en esperar cuidadosamente a que los problemas estallen en lugar de tomar medidas adecuadas.
¿Qué le podríamos pedir a una buena Ley de Sucesión de la Corona? Entre otras cosas, procurar que se sepa quién puede ser llamado a la sucesión; y procurar que los presuntos herederos reciban una educación congruente con su posible destino.
De todos modos, todo lo relativo a filiaciones naturales parece hipotecado, como ya hemos subrayado, por el desarrollo de las nuevas tecnologías biológicas.
En relación con este asunto, sería deseable que las Cortes no demorasen durante más tiempo el necesario debate sobre la Monarquía y su futuro. Y un debate de verdad, que no se reduzca al íntimo pasteleo de obscuras comisiones. La demanda de don Leandro y la lógica sentencia subsiguiente nos recuerdan la urgencia de aclarar cualquier duda sobre la Sucesión a la Corona con una ley bien redactada y alguna dosis de sentido común. Si las Cortes prescinden de esa estricta obligación, otros serán los foros en que se discutirá acerca de la cuestión, y no precisamente los más adecuados.