Con motivo de la Junta de Accionistas de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) activistas de la Campaña ¿Quién debe a quién?, en la que participa Ecologistas en Acción, han realizado una acción simulando las muertes provocadas por la compañía.
Para manifestar su repulsa ante las actividades de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) y el «déficit» de la nueva ley de internacionalización de las empresas españolas, activistas de la Campaña ¿Quién debe a quién? han realizado una performance con motivo de la Junta de Accionistas de CESCE. La simulación de las muertes causadas por la empresa semipública bajo el lema «CESCE: instrumento criminal del Estado» ha tenido lugar frente a la sede de la compañía, en la calle Velázquez 74, al llegar los accionistas a la junta.
Con esta acción, la campaña ¿Quién debe a quién? continúa la denuncia de las irregularidades de los proyectos asegurados por CESCE que desde hace años lleva a cabo. En términos generales, CESCE causa graves impactos ambientales y sociales, así como sus mecanismos de prevención y control son claramente insuficientes.
Además, la campaña manifiesta una vez más que según la Ley de 2006 sigue pendiente la reforma de CESCE, puesto que es uno de los mecanismos de generación de deuda externa y de empobrecimiento para los países del Sur. Dicha reforma no se ha tenido en cuenta en la recién aprobada Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM).
La campaña ¿Quién debe a Quién? expresa su más enérgico rechazo a dicha ley y acusa al Gobierno crear las condiciones políticas y legales para que empresas españolas violen impunemente los Derechos Humanos a través de los proyectos asegurados por CESCE.
La Ley FIEM, aprobada el 10 de junio en el Congreso de Diputados, supone la creación de un nuevo instrumento de crédito, generador de más deuda externa en los países empobrecidos, con el único objetivo de apoyar a las empresas españolas en sus operaciones en el exterior. Esta nueva ley supondrá un grave retroceso en las obligaciones de nuestro país con relación a los compromisos internacionales de derechos humanos, la generación de deuda externa y la lucha contra la pobreza, profundizando la falta de control público, transparencia y rendición de cuentas.
Desde ¿Quién debe a Quién? se acusa al Gobierno españól de querer buscar una salida a la crisis económica, apoyando a las empresas españolas a costa de los derechos humanos en el Sur, sufragado con los fondos de los contribuyentes y a cargo de la deuda externa de los países del Sur.
De hecho, a pesar de la retórica de la Ley en cuanto a excluir de los créditos FIEM las operaciones de empresas que hayan contribuido a la violación de los derechos humanos, que hayan participado en prácticas de corrupción, que hayan violado los acuerdos en materia de derechos de los trabajadores, de la infancia u otros, no se dota al FIEM de ningún mecanismo específico de transparencia y acceso público a la información, control de los fondos, participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas, evaluación de impactos ni rendición de cuentas con mecanismos legales de sanción.
El Gobierno español ha incumplido con su obligación de reformar la Compañía Española de Seguros y Crédito a la Exportación (CESCE), ya que la ley no incorpora las modificaciones necesarias en CESCE para garantizar que no se genere más deuda externa ilegítima o no se apoyen proyectos social y ambientalmente insostenible. Se mantiene la falta de transparencia y control ciudadano y parlamentario de CESCE.
«El Gobierno muestra su cara más hipócrita al dar luz verde a una la Ley que permite seguir canalizando fondos de los ciudadanos a intereses privados con absoluta falta de control público, al mismo tiempo que recorta las políticas sociales y de cooperación aquí», concluye la campaña en su comunicado.
La puesta en marcha de FIEM supondrá un empeoramiento de la crisis de la deuda en los países del Sur, generando más deudas ilegítimas y contribuyendo a la acumulación de deudas ecológicas y climáticas.
Ante esta situación, la campaña ¿Quién debe a Quién? permanecerá movilizada en su denuncia del apoyo público, a través de CESCE y FIEM, a las empresas transnacionales españolas responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos, sociales y laborales en los países del Sur.