La Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja constancia de nuevas agresiones; los hechos que dejamos a la historia y a la humanidad son:
El día 23 de febrero de 2004 a las 5:30 a.m. el ejército entró a un potrero de propiedad de Yair Arteaga, miembro de la comunidad, y se llevaron 14 reses de su propiedad; dicho potrero está ubicado en la vía hacia Apartadó, a cinco minutos de San José.
Dentro de la tropa del ejército que realizó este operativo se encontraban dos encapuchados; uno de los encapuchados entro a San José hacia las 5:10 a.m. y estuvo al frente de las casas de varios líderes de la comunidad. Allí se quitó la máscara y algunas personas en San José pudieron identificar que se trataba del señor Wilmar Durango Areiza.
Después de que el ejército saca el ganado del potrero en el que se encontraba, lo llevan hasta el sitio llamado Caracolí (ubicado a 20 minutos de San José de Apartado en la vía hacia Apartadó). La comunidad comunica este hecho a la Defensoría y ésta a su vez pregunta al ejército. El ejército responde que se trata de un operativo a una finca del señor Arturo David, que habían retenido reses de su propiedad y que se trata de ganado robado por lo que este hecho había pasado a la fiscalía especializada para ser investigado. La comunidad manda, a través de la defensoría, los documentos que certifican que la finca y las reses son propiedad del señor Yair Arteaga, así mismo los certificados de vacunación, la marca de la reses, en fin la documentación que legitima la propiedad de la finca y del ganado.
Ya en horas de la tarde el ejército afirma que lo sucedido fue que las reses estaban en un espacio público y que estaban afectando el paso por la carretera y que por ello se las habían llevado pero que no había problema y que se las entregarían a la defensoría el 24 de febrero.
Es evidente el montaje y la mentira que se buscó realizar por parte del ejército con el objetivo de judicializar a Arturo David miembro de la comunidad. Ya desde hace un año se le mencionaba dentro de la lista de miembros, líderes y acompañantes que el ejército junto con la fiscalía han intentado vincular a procesos judiciales. Este hecho también evidencia el vínculo entre el señor Wilmar Durango, quien ya había amenazado a miembros y líderes de la comunidad, y el ejército.
Como hemos denunciado anteriormente, el señor Wilmar Durango estuvo en los robos del 9 de diciembre de 2003 y del 28 de enero de 2004. El manifestó a varias personas que estaba trabajando con los paramilitares y el día 31 de enero de 2004 realizó amenazas contra miembros y líderes de la comunidad y se le ha visto varias veces en el Terminal de Transporte de Apartadó con los paramilitares. De igual manera en el operativo que realizó el ejército en la vereda Mulatos Altos entre los días 14 y 15 de febrero, varias familias vieron al señor Wilmar Durango junto con la tropa del ejército.
Estos hechos evidencian el accionar conjunto de los paramilitares y las fuerzas militares, además demuestra que los planes de exterminio y judicializacion son también desde acciones conjuntas. Es transparente nuestro caminar y vemos como por todos los medios se trata de enlodar, acabar y judicializar a nuestros miembros y líderes de la comunidad. Este nuevo hecho evidencia estos planes perversos y criminales contra un proceso que apuesta por la vida y la solidaridad, un espacio de paz en medio de la guerra donde se respete a la población civil. Pedimos la solidaridad para exigirle al Estado Colombiano que cesen dichas acciones de terror y el rompimiento del vínculo con los paramilitares, así como el hacer acciones que acaben con el círculo de impunidad que permanece sobre todos los crímenes cometidos en contra de la comunidad.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Febrero 24 de 2004