SANT JOAN D’ALACANT
La acusación amplía a ocho los guardias civiles implicados en las presuntas torturas.
El abogado de la familia del fallecido y la acusación popular piden que se juzge a dos de los agentes por homicidio culposo.
ANA VAQUER
Tanto la acusación particular como la popular, ejercida por la Asociación contra la Tortura, han pedido que se amplíe a ocho, el número de guardias civiles implicados en un presunto caso de tortura a un detenido en el cuartel de Sant Joan el 20 de septiembre de 1999, que entró en coma y murió un año y medio después. El titular del juzgado número uno de San Vicente ha apreciado un posible delito de torturas en la actuación de tres agentes que estaban aquel día en el cuartel y otro posible delito de omisión de socorro de un cuarto guardia civil.
Sin embargo, los abogados de ambas acusaciones estiman que otros cuatro agentes, que también se encontraban en las dependencias en el momento de producirse los hechos, son culpables, igualmente, de no haberlas impedido y de encubrirlas. Además entienden que dos de los agentes son culpables también, de lesiones graves dolosas en concurso con un delito de homicidio culposo por el que piden una pena de nueve años de prisión. Las acusaciones solicitan la apertura de un juicio oral ante la Audiencia Provincial. Además el abogado de la familia de la víctima pide una indemnización de 300.000 euros.
Detención
El fallecido fue detenido junto con su sobrino en Parque Ansaldo, acusado de amenazas y tráfico de drogas. Pero escapó del cuartel. Más tarde, dos agentes lo capturaron de nuevo y, según la acusación, fue «objeto de agresiones» que pudieron ser escuchadas por su sobrino. El agente que custodiaba su puerta en el momento de la huida fue incluso sancionado por este hecho.
En el escrito que presenta la acusación particular calificando los delitos, explica que ya en el calabozo y durante el trayecto hasta el mismo, «le propinaron una brutal paliza reprochándole haberse escapado». Además añade que el agente responsable de su custodia «visiblemente irritado por la huida», le agredió «de modo más violento». El abogado indica en este documento que el sobrino pidió que dejaran de golpearle y que los hechos fueron presenciados y consentidos por todos los agentes que se encontraban en el cuartel.
Deterioro de la salud
El detenido pasó la noche en la
Comisaria Centro de Alicante y a la mañana siguiente su estado de salud había empeorado. «No obstante no le condujeron a urgencias, justificándolo en que presentaba síndrome de abstinencia». Según la acusación, lo trasladaron al cuartel para recoger sus cosas «y no pudo ni bajar del coche» y tampoco «se ordenó su ingreso en el hospital». Fue llevado ante el juez de guardia en San Vicente y allí se desplomó y entró en coma. Un año y medio después falleció.
Tanto la defensa como el Ministerio Fiscal han pedido el sobreseimiento del caso al no observar ningún delito.
En cambio para la abogada de la acusación popular, ejercida por la Asociación contra la Tortura, Mercé Teodoro, «existen indicios objetivos de apaleamiento porque la víctima tenía hematomas en los intestinos y según los forenses, para que se produzca esta lesión los golpes deben ser fuertes». Además, según la letrada «existe un testigo presencial que afirma que le dieron patadas». La abogada también se reafirma en que todos los agentes que estaban en el cuartel pudieron escuchar lo ocurrido porque es «un recinto muy pequeño donde hubiera sido imposible no oírlo».
Contradicciones con la investigación de Roquetas
A.V.
El abogado de la acusación particular, José Luis Romero ha cuestionado la actuación del Ministerio Fiscal en este caso. «Mientras estamos viendo que en Roquetas de Mar, la Fiscalía se ha interesado desde un primer momento, aquí tardó dos años en hacer la primera actuación». «Además el fiscal no ha acudido ni una sola de las declaraciones ni tampoco a las diligencias que se han producido en los seis años de investigación, a pesar de que solicitó algunas. Sólo la tenacidad de las dos acusaciones y la independencia judicial, si la Audiencia Provincial no lo impide permitirá que los agentes sean juzgados».
El letrado se muestra indignado porque en un primer momento el fiscal solicitó la imputación de varios agentes pero más tarde «sorpresivamente» fue sustituido por otro. «El siguiente ha pedido el sobreseimiento, no sé si siguiendo las instrucciones del fiscal jefe, de un proceso abreviado que cuenta con más de 1.500 folios», indica el letrado. «Yo entiendo que el segundo fiscal ha hecho una lectura superficial y su actuación ha sido displicente», manifiesta. Romero exige a la Fiscalía que cumpla la función constitucional que tiene atribuida. Además lamenta que un hecho que ocurrió en 1999 no haya sido sometido a juicio seis años después. «Lo de la justicia inmediata es una entelequia», concluye.
Delito
El letrado de la acusación particular explica que ha optado por calificar el delito más grave como lesiones dolosas en concurse con un homicidio culposo «porque se entiende que cuando se produjeron las torturas los agentes no tenían intención de causar la muerte al detenido».
El abogado ha pedido la apertura de un juicio oral así como que testifiquen varios doctores, dos médicos forenses y un perito caligráfico. Además en el escrito de calificación se añade que «procede declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado».