Joana García Grenzner.Redacción
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía cree que la decisión de las autoridades de aislar y trasladar a siete presos de la cárcel de Córdoba tras un motín podría ocultar torturas.
El motín, tildado de “incidente reglamental muy grave” por la directora del Centro Penitenciario de Córdoba, Ana Martín, se originó el 30 de octubre cuando un preso del módulo 12 quiso salir a una zona ajardinada y los funcionarios se negaron, según la información que se ha difundido. Uno de los carceleros, a los que Martín agradeció la “profesionalidad” al sofocar la revuelta, fue herido en el hombro. La directora aisló temporalmente a siete presos y el 31 de octubre extendió su restricción de comunicaciones a los contactos con sus abogados por la “agresividad manifiesta” que, según el centro, presentaban 24 horas después de los hechos. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció que la medida dejaba a los presos totalmente incomunicados en “la más absoluta indefensión” y vulneraba el derecho fundamental a acceder a la tutela judicial efectiva en cualquier momento, por lo que lo denunciará judicialmente. Según el artículo 48.3 del Reglamento Penitenciario, la suspensión de comunicaciones de presos o presas con su defensa sólo puede hacerse si lo ordena un juzgado. Según la APDHA, “esta falta de transparencia evidencia que se oculta algo”. La asociación expresa su temor a que los presos hayan sufrido torturas y asegura que es la primera vez que se niega asistencia jurídica a presos en casos en los que estos podrían formular acusaciones penales, por lo que ha denunciado los hechos ante el Defensor del Pueblo Andaluz y organismos internacionales contra la tortura.
No es la primera vez que en este centro de Córdoba ocurren hechos similares. El 29 de agosto de 2007, cuatro carceleros fueron heridos en un intento de motín. La APDHA informó entonces de que al menos ocho presos del centro habían denunciado agresiones desde 2006 y criticó que Instituciones Penitenciarias y la Fiscalía no investiguen estas acusaciones porque creen que el funcionario siempre dice la verdad. La dirección, que dijo no tener constancia de malos tratos, no permite la entrada de la APDHA en la cárcel. Sin embargo, en agosto de 2007 integrantes de la asociación pudieron acceder en calidad de defensas de los internos y comprobar la situación de sus defendidos, lo que ahora no les ha sido permitido.
El 1 de noviembre, Instituciones Penitenciarias trasladó a uno de los presos acusados de amotinarse al Centro Penitenciario de Sevilla y a los seis restantes a los de Puerto I y Puerto III. Algunos de estos centros también acumulan acusaciones. La APDHA, Liberación (Federación Provincial de Drogodependencias) y Enlace (Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida) denuncian que varios funcionarios de la prisión de Sevilla que están procesados por malos tratos, obstrucción a la justicia y falsedad en documento oficial siguen en activo. Por otro lado, la Asociación por la Defensa de los Derechos Sociales e Individuales (ADDSI) alerta de irregularidades en el Centro Penitenciario Puerto III, inaugurado en junio. En el módulo de aislamiento, que consta de ocho galerías de régimen cerrado y especial, se mantiene a seis de los nueve ocupantes separados del resto y totalmente incomunicados. Cada preso ocupa toda una galería y sale al patio solo; todo su contacto humano es con ordenanzas y funcionarios o hablando a gritos por las ventanas con otros presos; no hay ninguna actividad educativa, sociocultural o deportiva ni tratamientos de formación o reinserción; no les dejan usar sus propias sábanas y mantas y sólo les dan una toalla. Según ADDSI, se les está sometiendo a un régimen extremo e inhumano de aislamiento con efectos físicos y psíquicos devastadores.
Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT), en 2006 se denunciaron 14 casos de malos tratos en cárceles andaluzas y sólo resultó condenado un funcionario de la prisión de Granada. Siempre según la CPT, Andalucía es la segunda región del Estado con más casos de denuncias de abusos y torturas. Entre las diez provincias españolas con más denuncias figuran tres andaluzas: Sevilla (59 casos), Málaga (35) y Cádiz (23).