Álvaro Uribe sostiene que en Colombia no hay conflicto armado sino amenaza terrorista

Artículo interesante de la revista «Semana» de Colombia.

El lunes 31 de enero el presidente Álvaro Uribe se reunió con todo el cuerpo diplomático acreditado en Colombia en el Palacio de Nariño.

En el majestuoso Salón Bolívar, el Presidente tomó la palabra y en un tono pausado pero firme se dirigió a una treintena de embajadores. Después de agradecer las palabras
del nuncio apostólico y hacer un completo diagnóstico sobre la problemática nacional, Uribe remató su discurso advirtiendo que en Colombia no había un conflicto armado sino una amenaza terrorista. Palabras que repitió tres días
después en Cartagena, durante la reunión de los 24 países y las
organizaciones multilaterales que conforman la mesa de donantes (G24). No es
la primera vez que Uribe lo dice. Pero sí es cada vez más evidente que no se
trata de un capricho lingüístico del primer mandatario sino de una
concepción de cómo enfrentar el tema de la violencia que azota el país.

A esa misma hora, a 800 kilómetros de distancia del solemne ambiente
diplomático, en medio de la selva húmeda de las costas pacíficas se estaba
gestando lo que sería uno de los ataques militares más sangrientos de la
guerrilla contra el gobierno de Uribe. A las 2:10 de la madrugada del día
siguiente, cerca de un centenar de hombres de las Farc atacaron a Iscuandé,
un pequeño puerto incrustado en las costas de Nariño que ha sido estratégico
para el tráfico de drogas. Mimetizados en el espeso follaje de la selva y
ayudados por una lluvia pertinaz, los guerrilleros abrieron fuego contra la
base donde dormían 60 militares, la mitad de los cuales eran soldados
campesinos. La guerrilla no escatimó en su artillería de fuego: pipetas de
gas, ametralladoras, fusiles… «En ese momento la noche se volvió día y
todo se cubrió de un rojo intenso», dijo a El Tiempo uno de los pobladores
que vive al frente de la base. Al despuntar el día, y después de cuatro
horas de intenso fuego cruzado, la escena no podía ser más dantesca: hombres
calcinados, cadáveres ensangrentados, gritos de ayuda, hierros retorcidos, y
lo que había sido la noche anterior la base militar de Iscuandé no era más
que unas ruinas humeantes con olor a pólvora y muerte. El saldo final: 15
infantes muertos y 26 heridos.

Esa mañana la noticia sonó como de otra época. La mayoría de los colombianos
ya no recordaba cómo era levantarse, prender el radio y encontrar el relato
de una toma violenta a un pueblo como ocurría con tanta frecuencia hace unos
años. Sobre todo cuando aún estaban frescos los recuerdos de unas vacaciones
decembrinas en que los colombianos salieron a disfrutar el país de manera
tranquila, cuando el flujo vehicular en carretera aumentó 30 por ciento, y
cuando en 2004 los homicidios se redujeron en 15 por ciento, los secuestros
en 42 por ciento y el desplazamiento forzado en 37 por ciento.

Después de los hechos de Iscuandé se alzaron voces diciendo que era el fin
del repliegue de las Farc. Y es que el ataque en Nariño cerró un enero negro
que empezó con una masacre de 16 campesinos de Tame (Arauca), la muerte de
siete soldados en un campo minado en Tolima y la fuga masiva de 20
guerrilleros en la cárcel Picaleña de Ibagué, luego de un ataque con
dinamita a esa prisión que dejó seis muertos y cuatro heridos. Y febrero
empezó con la emboscada a una caravana militar en Putumayo con un saldo de
siete soldados y un civil muertos.

Estos ataques le corroboraban a la comunidad internacional, a las ONG, a la
Iglesia y los gremios económicos reunidos en Cartagena que, a pesar de los
avances en seguridad, en Colombia hay un conflicto armado interno y que de
él se desprende una crisis humanitaria. En una declaración histórica por la
pluralidad de organizaciones que la firman, dijeron que «observamos con
preocupación la persistencia de la crisis humanitaria, graves violaciones a
los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario» y que «la
solución política negociada es el instrumento idóneo para terminar con el
conflicto armado interno». Pero los mismos hechos le dieron a Uribe el
argumento contrario: este no es un conflicto ni una guerra interna sino una
lucha antiterrorista.

A pesar de que para el colombiano de a pie esta discusión no pasa de ser una
disyuntiva semántica sin efectos prácticos, lo cierto es que caracterizar la
realidad colombiana como un conflicto armado interno o como un desafío
terrorista tiene enormes implicaciones sobre la población civil, los
combatientes, la comunidad internacional, la ayuda humanitaria o la
mediación política, todos aspectos fundamentales para ponerle punto final a
la violencia que desde hace tantos años viene flagelando al país.

El ministro de Defensa Jorge Uribe visitó las ruinas de la base de la Armada
en Iscuandé, Nariño, después del ataque de las Farc la semana anterior.¿Acto
de guerra o terrorismo?

La doctrina Uribe

¿Por qué Uribe insiste con tanta vehemencia en que no hay conflicto interno
armado ni guerra en Colombia? José Obdulio Gaviria, el hombre más cercano a
Uribe que hace las veces de ideólogo y asesor político, acaba de publicar un
libro de 284 páginas para explicar por qué no hay una guerra. El libro
titulado Sofismas del terrorismo en Colombia se extiende en los mismos
argumentos que ha expresado el Presidente en diversos foros. El primero es
que no existe un conflicto porque Colombia es una democracia legítima y no
una dictadura ni un régimen opresivo. Por lo tanto no hay justificación para
que un puñado de violentos continúen en armas. Segundo, porque después de la
caída del muro de Berlín la guerrillas colombianas ya no luchan por un ideal
político sino que actúan como mafias vinculadas al narcotráfico y a la
captura de rentas como la gasolina, la coca y el oro. En consecuencia, más
que revolucionarios en busca de un nuevo régimen son bandas criminales con
poderosos aparatos militares. Y por último, porque en su lógica criminal la
principal víctima son los civiles. En síntesis, son simples terroristas que
no respetan las normas humanitarias.

Uribe usa este artilugio del lenguaje como un arma para devaluar
políticamente a las Farc y al ELN y quitarles toda aura de romanticismo
frente a la comunidad internacional y toda pretensión de legitimidad a sus
acciones armadas. Quiere mostrarlos como un Pablo Escobar que pone bombas y
no como un Che Guevara que reivindica con su fusil al hombro causas
sociales. Uribe se apoya en el nuevo paradigma del pos 11 de septiembre y
alínea su discurso con la cruzada antiterrorista del presidente George W.
Bush, que aunque con menos furor también ha calado en algunos países de la
Unión Europea.

En esta dirección, el gobierno ha manifestado su interés en que la ayuda
humanitaria de organismos internacionales como la ONU no se destine
solamente a aliviar la crisis humanitaria -si no hay guerra no hay crisis
humanitaria- sino que también se apoye la reinserción de los desmovilizados.

Y con este giro Uribe busca romper con la idea de que la población debe ser
neutral frente a las acciones de la guerrilla. «En las sociedades
democráticas no hay neutralidad de los ciudadanos frente al delito», ha
dicho en varios discursos. «No hay distinción entre policías y ciudadanos».
Desde su posesión Uribe ha insistido en que dado que los civiles son las
principales víctimas de las guerrillas ellos deben tomar partido y una
posición activa contra los grupos armados. Por ejemplo, sirviendo como
cooperantes o informantes.

Este discurso fue recibido con recelo por delegados de varios países en
Cartagena y de hecho fue el punto más difícil de conciliar para la
declaración final. La comunidad internacional no ve las cosas de manera tan
simple. Ver la problemática colombiana como una simple lucha antiterrorista
puede tener preocupantes implicaciones en el mediano y largo plazo.

En el plano jurídico, la consecuencia práctica de que no haya un conflicto
armado interno sino una amenaza terrorista es que dejaría de regir el
Protocolo II de Ginebra. Si no hay guerra sino la persecución de criminales,
no se aplicaría el Derecho Internacional Humanitario que la regula y que
busca humanizarla. Es decir, se diluye la obligación de respetarle la vida
al enemigo cuando se rinde, de proteger los bienes y la vida de los civiles,
de respetar las misiones médicas, de diferenciar entre civiles y
combatientes. Esto último significaría que el Estado no reconoce la
distinción entre combatientes y civiles y por esa vía podría ponerles a los
ciudadanos mayores obligaciones respecto de la política de seguridad
democrática que a la postre los podría convertir en objetivo militar.

La semana pasada el presidente Álvaro Uribe se encontró con el cuerpo
diplomático en Bogotá y con la mesa de donantes en Cartagena . En ambas
ocasiones dijo que en Colombia no hay conflicto armado sino un desafío
terrorista a la democracia. Pocos comparten su posición.

Decir que en Colombia no hay conflicto es sobre todo un argumento para
quitarle aire político a la guerrilla. Pero puede tener efectos como que las
organizaciones humanitarias disminuyan su apoyo y se vayan a países donde sí
se reconoce la guerra

Si no existe conflicto armado sino desafío terrorista, negociar con los
grupos armados reformas estructurales es imposible. Solo se puede negociar
su desmovilización

En el terreno diplomático podría significar el retiro de varios organismos
humanitarios. Estos por un lado son los ojos del mundo en Colombia y
supervisan al gobierno en temas como el cumplimiento de los derechos humanos
-por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos- .
Pero a la vez cumplen una misión humanitaria imprescindible para las
víctimas de la guerra. Organizaciones como Acnur, cuya misión es prestar
ayuda de emergencia a los desplazados, y el Comité Internacional de la Cruz
Roja, cuya misión en Colombia es la tercera más grande del mundo, bien
podrían empacar sus maletas e irse a otros lugares del planeta igual de
necesitados. ¿Para qué continuar con las brigadas médicas en los Montes de
María si el gobierno tiene acceso a todos los rincones del país? ¿Cómo
llevarles cartas a los secuestrados de la guerrilla si se les niega la
posibilidad de que busquen contacto con los grupos armados?

En el terreno político, significaría cerrar el margen de maniobra para una
negociación política con los grupos armados. Con terroristas no se negocia.
Se les somete por la fuerza. No obstante, Uribe deja abierta la posibilidad
de llevar a cabo procesos de desmovilización con la condición de un cese del
fuego. Procesos que, como en el caso del que se sigue en Santa Fe de Ralito
con los paramilitares, no incluyan ninguna agenda política.

¿Tiene razón Uribe?

El Presidente tiene razón en que las guerrillas y los paramilitares carecen
de justificación para su lucha armada y sus coletazos sangrientos. Es cierto
que la guerrilla comete a diario actos terroristas y arremete contra los
civiles, vive del narcotráfico y además no representa a casi nadie. Sin
embargo, la falta de legitimidad de los grupos armados no niega la
existencia del conflicto.

Es más, la definición de si existe un conflicto no depende del capricho o de
la apreciación del presidente de turno sino de unas condiciones objetivas.
El Protocolo II de Ginebra se aplica cuando en un territorio las Fuerzas
Armadas se enfrentan a «fuerzas armadas disidentes o grupos armados
organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre
una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente
Protocolo». En Colombia es difícil negar -aunque José Obdulio Gaviria lo
intenta- que las Farc tienen un mando responsable como es el Secretariado.
También es indudable que aún ejercen control sobre fracciones del
territorio. Lejano, a veces ocasional, pero lo ejercen. ¿Cómo explicar de
otra manera que puedan tener campos de concentración donde llevan
secuestrados soldados y policías más de cinco años? Aunque el gobierno de
Uribe ha avanzado muchísimo en arrebatarles su retaguardia en el sur del
país, conservan todavía la capacidad para realizar operaciones militares
como lo demostró el ataque a Iscuandé.

Por todo lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido en sus
sentencias que existe un conflicto armado, el Congreso de la República ha
desarrollado leyes como la de los desplazados a raíz del conflicto y la gran
mayoría de colombianos cree que en Colombia existe una guerra. Es más,
eligieron a Álvaro Uribe porque fue el único candidato que prometió ganarla.
Más aún: las Fuerzas Armadas piensan, se preparan y actúan para la guerra.
«Estamos en guerra y vamos ganando», entonan al unísono los soldados al
formar.

En conclusión, es entendible que el Presidente utilice el eslogan de la
lucha antiterrorista para deslegitimar políticamente a la guerrilla y a los
paramilitares. Y ojalá ese discurso de criminalizar la lucha armada logre
cerrarle los pocos espacios políticos que todavía le quedan a la guerrilla
colombiana en la comunidad internacional. Lo que sería muy grave es que este
discurso trascienda el terreno simbólico y termine orientando la estrategia
de seguridad del gobierno. Porque si bien los guerrilleros y los
paramilitares son terroristas, no se circunscriben a eso. También es cierto
que ambos grupos son narcotraficantes. Y tienen motivaciones políticas. Las
Farc, cuyo origen es sin duda político, insisten en que quieren tomarse el
poder y enarbolan una agenda de 10 reformas para el país. Los paramilitares
cuentan con una sólida base social en ciertas regiones del país, tienen
representación indirecta en el Congreso e hicieron una verdadera ‘operación
avispa armada’ para controlar por medio del terror y la intimidación gran
parte de los gobiernos locales en regiones como la Costa y los Llanos
Orientales, entre otras.

En el terreno militar la confusión es aún mayor. «No reconocer el trasfondo
político de la confrontación puede llevar a un error de mayores
consecuencias: menospreciar y subestimar al oponente», dice el coronel
retirado Carlos Alfonso Velásquez. «Si nos atenemos a la posición del
gobierno, las Fuerzas Militares estarían ubicando el centro de gravedad
donde no está». En el libro On Strategy, el coronel Harry G. Summers Jr.
demuestra que por ubicar mal ese ‘centro de gravedad’, Estados Unidos perdió
la guerra en Vietnam. Mientras que los norvietnamitas y sus apoyados, los
vietcong, acertaron en identificar el centro de gravedad de Estados Unidos
en «la personalidad de sus líderes políticos sensibilizada por la opinión
pública, lo que además obstaculizaba la alianza con el gobierno de Vietnam
del Sur», la potencia mundial creyó que el centro de gravedad eran las
guerrillas del vietcong en sí mismas.

Si el gobierno realmente piensa que las guerrillas son esencialmente
terroristas, entonces la única acción realmente consecuente sería reforzar
la Policía, que es la encargada de capturar a los delincuentes; reforzar la
persecución de los bienes y dineros de guerrilleros y paramilitares, y crear
un servicio de inteligencia exterior o por lo menos enviar a Interpol la
lista de los terroristas para evitar situaciones tipo Granda.

Pero si reconoce que las guerrillas y los paramilitares, además de cometer
acciones terroristas, tienen motivaciones políticas y controlan territorios
quizá pondría su centro de gravedad en reforzar la legitimidad del Estado en
el país marginal, donde transcurre la mayor parte del conflicto armado. Así
está redactado en la Política de Seguridad elaborada por el Ministerio de
Defensa al comienzo de este gobierno. Se haría entonces menos énfasis en la
política de capturas masivas, que ha alienado a la población en contra de
las Fuerzas Armadas en muchos pueblos, y se haría más énfasis, por ejemplo,
en cortar todo vínculo entre militares y autodefensas. Pero, sobre todo, se
esforzaría menos por atacar en sus discursos -y ahora en sus libros- a sus
opositores políticos, incluidos los defensores de los derechos humanos, y
más por llevar al Estado a las regiones abandonadas de país. Llevar jueces,
fiscales, colegios y alternativas económicas a las zonas donde los soldados
están peleando con tanto esfuerzo y sacrificio el Plan Patriota. Detrás del
fusil tiene que venir la legitimidad.

Porque si bien José Obdulio tiene razón en que en Colombia existe un Estado
legítimo y que después de la Constitución del 91 hay una democracia mucho
más plural e incluyente, es una realidad que se vive sobre todo en el país
de los centros urbanos. Ahí funciona el Estado, se mueve la economía, la
vida es cosmopolita y los colombianos viven en el siglo XXI. Pero a medida
que se alejan de ese país urbano se entra a otro país. Un país marginal,
rural, abandonado, anclado en el siglo XVII y controlado por los señores de
la guerra.

En varias regiones hay decenas de municipios donde el Estado está controlado
por los paramilitares. Tampoco se conoce mucho del Estado legítimo en
Cartagena del Chairá o Calamar, en el Guaviare. Tiene razón el ex
guerrillero salvadoreño Joaquín Villalobos cuando dice que la guerra en
Colombia se ha prolongado por décadas no tanto porque la guerrilla sea
fuerte, sino por la debilidad del Estado. El verdadero desafío del gobierno
es comprender que esta es una guerra con muchas caras. Simplificarla sólo es
un ejercicio de propaganda y haría bien el Presidente en encomendarle esa
labor sólo a José Obdulio.

Semana febrero 9 2005