Amnistía acusa a España de impunidad en delitos de torturas

MADRID (Reuters, por Daniel Flynn)

España permite con frecuencia que los delitos de tortura de agentes de la
policía contra inmigrantes ilegales y los sospechosos de pertenecer a ETA queden
si castigo y no concede las indemnizaciones adecuadas a las víctimas, informó
Amnistía Internacional en un informe publicado el viernes.

El análisis de 450 sentencias dictadas entre los años 1980 y 2004 ha
permitido a esta organización que vigila el cumplimiento de los derechos
humanos afirmar que los sucesivos gobiernos españoles han negado la
comisión de torturas por las fuerzas de seguridad, la excesiva duración de
los procesos y la impunidad que parece amparar a los funcionarios
responsables de torturas y malos tratos.

Una portavoz del Gobierno no quiso hacer ningún comentario.

Aunque la organización manifiesta que la tortura no es sistemática en
España, Amnistía identifica un problema en aumento: el de las denuncias
de detenciones ilegales y malos tratos con componentes racistas.

Con sus lazos históricos con Latinoamérica y su proximidad geográfica
con el norte de África, España fue en 2003 la principal entrada de los
inmigrantes clandestinos a la Unión Europea.

Amnistía también advirtió a España de que la práctica de detener en
régimen de incomunicación -como sucede con los sospechosos de pertenecer a ETA o
a Al Qaeda-, propicia la tortura.

A pesar de los daños psicológicos inflingidos por las torturas, AI dice
que los tribunales españoles toman como instrumento orientativo para
establecer las indemnizaciones el baremo de la Ley de Uso y Circulación
de Vehículos de Motor.

En un tercio de los casos, aproximadamente, las víctimas recibieron
menos de 600 euros – una cantidad insuficiente para compensar los costes
del tratamiento médicos y la terapia.

«Es preocupante que, a pesar de que las torturas o malos tratos han
resultado probados en el juicio, muchas víctimas no obtienen indemnización
alguna», dice el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán, en el
informe titulado «España: Acabar con la doble injusticia».

PROCESOS LEGALES DEMASIADO LARGOS

«La duración de los procesos por tortura y malos tratos es excesiva. La
mayoría de las víctimas de la amplia muestra de sentencias analizadas
por Amnistía Internacional ha tenido que esperar más de siete años desde
el momento en que ocurrieron los hechos para acceder a una
indemnización», añadió.

El grupo activista en pro de los derechos humanos dijo que con frecuencia las
víctimas no podían ser indemnizadas adecuadamente, porque no se podía
identificar a los culpables directos.

El informe cita el caso de una ciudadana brasileña violada bajo custodia
policial en Bilbao. Aunque la Sala Segunda de la Audiencia Provincial
de Vizcaya le dio la razón, sus violadores no pudieron ser identificados porque
ninguno de los agentes colaboró aportando pruebas contra sus
compañeros.

Amnistía pide sanciones para los funcionarios que encubren los actos de
tortura, y exige que el Estado español ratifique a la mayor brevedad posible el
Protocolo Adicional de la convención contra la Tortura de las
Naciones Unidas.

Al Gobierno socialista le pide que adopte las medidas legislativas específicas
con la dotación presupuestaria apropiada para garantizar que las víctimas de las
torturas y malos tratos puedan acceder a una reparación completa.

Las indemnizaciones adecuadas no sólo es un requisito de la legislación
internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas, sino que
unas sanciones adecuadas servirían para disuadir a potenciales torturadores,
según AI.

Otra recomendación pide al Fiscal General del Estado que publiquen
periódicamente datos exhaustivos sobre las denuncias de torturas y malos
tratos.