Al parecer quienes se oponen a cualquier negociación sobre lo que se ha dado en llamar el “encaje” de Cataluña en el Estado Español, esgrimen, entre otros bulos militaristas, que las amnistías y los referéndums no tienen cabida dentro del actual “marco” constitucional. Es falso.
Precisamente, y esto ya lo hemos denunciado muchas veces desde colectivos antimilitaristas y memorialistas, el proceso constituyente del régimen del 78 se basó en una execrable amnistía que, en esos años, estuvo propiciada por el chantaje militarista de parte del ejército profranquista, que estuvo durante una década amenazando al parlamento y la sociedad civil con un nuevo golpe de estado y una nueva guerra militarista. Aquella reprobable, aunque legalista, amnistía, a día de hoy sigue impidiendo que se juzguen en España los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, incluyendo torturas, desapariciones forzosas, robo de bebés y muertes de personas en custodia, además de los miles de personas asesinadas sin juicio o con juicios no garantistas.
Pero a lo largo de nuestra historia democrática postfranquista ha habido otras amnistías más o menos encubiertas. A los colectivos antimilitaristas nos afectó directamente la amnistía a los objetores de conciencia que habíamos sido “reconocidos” por el estado antes de 1989, cuyo objetivo era que los nuevos objetores no tuvieran nuestro apoyo solidario para desobedecer la ley militarista de objeción que entró en vigor en ese año. Algunos objetores conseguimos burlar esa amnistía renunciando a nuestra “condición” de objetores “reconocidos” para volver a ser “sorteados” en el nuevo remplazo de reclutamiento militar. Finalmente pudimos solidarizarnos, fuimos juzgados y sentenciados junto a los nuevos objetores insumisos, y algunos cumplieron más de dos años de prisión. No fue mi caso porque al promulgar la jueza una sentencia de solo cuatro meses y no tener antecedentes penales nunca se dictó entrada en prisión. Pero vamos que sí, que las amnistías, aunque las podamos considerar y calificar de antidemocráticas, execrables, partidistas o militaristas, han tenido y tienen cabida en el actual ordenamiento jurídico y la actual constitución.
Respecto a los referéndums, es necesario recordar que fue precisamente el gobierno de Felipe González, quien promulgó el referéndum sobre la pertinencia de la OTAN.
Tras décadas en las que la sociedad civil nos manifestamos reivindicando un referéndum sobre la permanencia o no en el organismo militarista, él, desoyendo el clamor popular, dictaminó un plebiscito sobre la pertinencia de seguir sólo en la estructura civil o integrase en la estructura militar. Una falacia porque La OTAN siempre fue y es un organismo con estructura militarista. En cualquier caso el resultado no fue vinculante, aunque la mayoría de la sociedad civil votó en contra de la integración en la estructura militar, al poco tiempo, desoyendo de nuevo a la sociedad civil, ese mismo gobierno integró a España en la estructura militar. Ese mismo “señor” que ahora se mesa los cabellos cuando se habla de referéndums. Así que siempre han tenido y tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico.
Pero hay y ha habido otros grandes bulos a lo largo de los últimos 45 años de democracia. Por ejemplo la supuesta división entre los partidos “constitucionalistas” y los que no lo son. Algunos de los partidos que más esgrimen actualmente el “constitucionalismo”, o se abstuvieron o votaron en contra de la actual constitución en el debate del congreso de 1978. De Alianza Popular, germen del actual partido de la oposición, sólo 8 diputados votaron a favor, mientras que los otros ocho se abstuvieron o votaron en contra. Junto con otros muchos partidos políticos legalizados. Y también tenemos que recordar que, en el (otro más) referéndum que hubo sobre la constitución, solo fue aprobada por el 59 por ciento del censo electoral. O sea que dentro del ordenamiento jurídico también se puede no ser constitucionalista. Y no es ningún delito.
Ya he escrito otras veces sobre que los delitos de “sedición”, “rebelión”, “injurias”, que sí están aún en el ordenamiento jurídico, pero que tienen un carácter militarista. Yo mismo, en 1982, ya fui acusado de “injurias al ejército” cuando devolví la cartilla militar a la capitanía militar de Badajoz con un texto donde enumeraba detalladamente las razones éticas, pacifistas, medioambientales y/o políticas por las que me negaba a colaborar con el militarismo. Aquella querella terminó siendo sobreseída.
Como habéis podido comprobar por estas experiencias vividas en primera persona, yo nunca he estado precisamente muy a favor de determinadas amnistías, referéndums, delitos y constituciones, pero, vamos que las razones de quienes ahora se manifiestan son simples bulos militaristas. A no ser que todos los gobiernos anteriores, de derechas y de “izquierdas” hayan estado violando sistemáticamente el ordenamiento y la actual constitución. Mira, eso sería de aplaudir.