Madrid – Agencias
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, el primer texto legal de este rango que recibe luz verde en la historia de la democracia y que «reconoce» a las asociaciones militares como «interlocutores» de la Administración General del Estado.
El texto, que llegará al Parlamento cuando sea ratificado por el Consejo de Estado y una vez más por el Gobierno, ha sido sometido al criterio del Gabinete a propuesta de la ministra de Defensa, Carme Chacón. Defensa redactó a comienzos de este año el primer documento de líneas generales de esta norma, presentado primero a los grupos parlamentarios y concretado posteriormente tras varias reuniones con las asociaciones militares más representativas.
El anteproyecto constituye el primer impulso del Gobierno a una ley que regula la actividad de estos colectivos profesionales y les reconoce como «interlocutores». Las asociaciones mantuvieron su primer contacto oficial con representantes del Ministerio en esta legislatura, a pesar de que la aprobación de esta norma figuraba como el mandato de la Ley de Defensa Nacional incumplido desde 2005 por el Ejecutivo socialista.
Hasta este año, las asociaciones militares han sido consideradas legales porque consta su inscripción en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, pero sus dirigentes han tenido limitadas sus actividades como líderes asociativos porque estaban sometidos al Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas del mismo modo que cualquier militar en activo o en la reserva que no liderara un colectivo ajeno al Ministerio de Defensa.
La aprobación del anteproyecto supone un reconocimiento, por un lado, a la actividad de la Asociación de Militares Españoles (AME), integrada mayoritariamente por militares retirados y la primera organización que consiguió ver aceptada su inscripción en el Ministerio del Interior tras una sentencia judicial a su favor.
Por otro lado, el texto representa un reconocimiento a las actividades de la principal asociación por número de afiliados en activo, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), que ha visto arrestado en dos ocasiones a su presidente, el brigada del Ejército Jorge Bravo, por acciones y declaraciones que realizó como líder de AUME y siempre sin uniforme. Su último arresto provocó la primera manifestación de militares vestidos de uniforme y con careta de Bravo en la puerta lateral del Ministerio de Defensa.
A día de hoy, todo militar que sea sancionado por falta grave en tres ocasiones puede ser expulsado de las Fuerzas Armadas, si bien lo previsible con la nueva ley es que las acciones de líderes asociativos no puedan ser consideradas como faltas graves siempre que no incumplan lo estipulado en la citada norma.
El anteproyecto aprobado este viernes, 14 de mayo, incluye, entre otros puntos significativos, el derecho de las asociaciones a «recibir información» del Ministerio de Defensa, crea un «registro específico» de estos colectivos y aborda en qué casos se podrá limitar la aplicación del arresto militar, la sanción que supone una privación de libertad sin que el castigado tenga derecho a recurrir ante un juez el castigo decidido por un superior militar.
Chacón condiciona la ley al consenso
La ministra Carme Chacón ha asegurado hoy que el Gobierno ha puesto como «requisito indispensable» a esta futura ley orgánica de Derechos y Libertades de los miembros de las Fuerzas Armadas que exista un amplísimo consenso parlamentario sin el que no será aprobada.
El anteproyecto no sólo regulará derechos de los militares como el de libertad de expresión, reunión, asociación, e intimidad y dignidad personal. Regula además derechos de carácter profesional, como la jornada laboral, el régimen de permisos y los cauces de participación de los militares para exponer quejas o sugerir propuestas a sus mandos, además de establecer un régimen jurídico propio de las asociaciones militares.
El anteproyecto establece como límites al ejercicio de estos derechos los derivados de los principios de unidad, jerarquía, disciplina y neutralidad que rigen cualquier organización militar.
Chacón ha anunciado que el Gobierno ha decidido trasladar el anteproyecto de ley al Consejo de Estado para que emita dictamen, pese a que no es un trámite preceptivo, «para no tener ninguna duda» sobre sus aspectos legales.
Su objetivo es la normalización y actualización de los derechos y deberes de los militares en el marco constitucional, por lo que afectará a otros preceptos, como la ley de las Reales Ordenanzas o el Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas.
Chacón ha confiado en que la futura ley cuente con un amplio consenso parlamentario, y ha recordado que, en los contactos mantenidos en los últimos meses, los grupos políticos han coincidido en la oportunidad de esta iniciativa y no han planteado objeciones a las líneas generales del anteproyecto de ley.
Cooperación del PP
Así, ha agradecido especialmente la «cooperación» del PP en una norma que afectará «no sólo a 130.000 personas, sino a todas sus familias y a todos los españoles, por las especiales misiones que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas».
Como principales novedades de esta norma, se crea el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, que será el órgano de relación de las asociaciones profesionales con el Ministerio de Defensa, y el Observatorio de la Vida Militar, cuyos miembros serán designados por el Congreso de los Diputados.
Según el anteproyecto, los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ejercer el derecho de reunión, pero no organizar ni participar en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, ni manifestarse vestidos con el uniforme militar.
Se establece el derecho a la intimidad y dignidad personal, con medidas y garantías análogas a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, y se dispone el derecho a la inviolabilidad del domicilio, incluido el que esté ubicado dentro de las unidades militares.
Además, los militares podrán desplazarse libremente por todo el territorio nacional, atendiendo a las exigencias de disponibilidad, y tendrá derecho a la libertad de expresión y comunicación, en los términos establecidos en la Constitución, y respetando las decisiones y disposiciones de las autoridades y mandos militares.
La Razón