Colombia: Militarismo y Movimiento Social

Raúl Zibechi *

Risal

«La mitad del país está en manos de los paras», sentencia Paula a la luz de
la vela de un bar en La Candelaria, el céntrico casco antiguo de Bogotá
declarado Patrimonio de la Humanidad. «Allí donde establecen su dominio,
imponen reglas de convivencia estrictas y vigilan las costumbres: el corte
de pelo de los jóvenes, la hora de cierre de bares y discotecas, y sobre
todo controlan y acosan a las mujeres». Paula trabaja en una ONG
ambientalista y no puede ocultar su angustia ante un país que, como sienten
tantos colombianos, se le escapa de las manos. Daniel, profesor
universitario, más calmo, añade: «Aquí hubo una guerra y la ganaron los
paramilitares, que no son sólo auxiliares del Estado, sino que encarnan un
proyecto de sociedad que supone hacer tabla rasa con las conquistas y
avances sociales de más de un siglo».

Ambas afirmaciones parecen, en primera instancia, exageradas. El viernes por
la noche, La Candelaria está repleta de jóvenes estudiantes de las muchas
universidades privadas que abundan en esa zona, que recalan en la gran
cantidad de tabernas que salpican ese hermoso barrio de calles estrechas
empedradas y viejas casonas coloniales. La noche transcurre en calma y nada
hace suponer que se vive en un país en guerra y, según mis anfitriones,
militarizado. Al salir del bar, se ven patrullas de uniformados ingresando a
los establecimientos nocturnos, pidiendo documentos o simplemente observando
a los parroquianos. Ya en el hotel, enciendo el televisor y aparece un
programa de las fuerzas armadas colombianas, donde hermosas jóvenes explican
las virtudes del trabajo social de los uniformados.

Con los días desaparecen las dudas. Bogotá es una ciudad erizada de
uniformes verde olivo. La presencia militar es parte ineludible de la vida
cotidiana. En la entrada principal de la Universidad Nacional, por ejemplo,
varias tanquetas recuerdan a los estudiantes que en cualquier momento los
soldados pueden ingresar a restaurar el «orden». La vigilancia se torna
control sistemático en todos los poros de la vida social. Y con ella, el
miedo, convertido, según todos los informes e informantes, en una verdadera
forma de vida que supone no relajar nunca la vigilancia.

Si la presencia militar es asfixiante en la gran ciudad, en las zonas
rurales es aún mucho mayor y, sobre todo, más indiscriminada. La violencia y
la guerra en Colombia tienen un eje central: la tierra. El control
territorial es la razón de ser de un conflicto que se prolonga ya medio
siglo, desde que en 1948 fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer
Gaitán, caudillo popular detestado por la oligarquía colombiana, una de las
más intransigentes del mundo. Con el tiempo y los cambios globales, la lucha
por la tierra -como medio de producción- está siendo sustituida por la
defensa del territorio–como espacio que alberga identidades, historias de
pueblos y riquezas naturales. Con un añadido: Colombia se ha convertido en
una pieza esencial en el ajedrez geopolítico regional, por su doble salida
al Pacífico y al Caribe, su cercanía con Panamá y las rutas marítimas más
importantes del globo, y por tener una extensa frontera con Venezuela, el
país que está en la mira de la Casa Blanca.

Ganar la guerra

Álvaro Uribe fue elegido como el presidente de la guerra. Medio siglo de
violencias civiles (desde el Bogotazo de 1948, insurrección popular
espontánea ante el asesinato de Gaitán) y veinte años de procesos de paz
fracasados generaron hondo escepticismo en una población cansada tanto de
los políticos y sus promesas electorales como de los grupos armados de
cualquier signo.

La guerra destruye el tejido social del país: casi tres millones de
desplazados, 8 mil homicidios anuales por razones político-sociales, 3.500
secuestros por año y cientos de desapariciones forzadas, son el resultado
trágico de un conflicto que parece no tener fin. En paralelo, Colombia
ostenta una de las más elevadas tasas de criminalidad en el mundo, con unos
27 mil homicidios al año1. El Estado parece incapaz de ofrecer seguridad y
justicia en una situación de creciente deterioro de las instituciones. Este
panorama explica las razones por la cuáles la población siente temor y
apostó por la seguridad, eligiendo en 2002 a Álvaro Uribe, promovido por los
sectores paramilitares, con un discurso de mano dura para acabar con la
guerra. La degradación de la situación viene de lejos. En 1978 el entonces
presidente Turbay Ayala (1978-1982) promulgó el Estatuto de Seguridad, que
otorga a las fuerzas armadas funciones judiciales, lo que abrió las puertas
a la violación sistemática de los derechos humanos. La Constitución de 1991
eliminó el estado de sitio, con el que había sido gobernado el país durante
un siglo, pero instaló el Estado de Conmoción.
Colombia vive en la disyuntiva permanente de construir un orden democrático
o un orden autoritario, que la multiplicidad de violencias y la elección de
Uribe inclinan, por ahora, hacia la segunda opción. Para empeorar el
panorama, el modelo neoliberal, generador de exclusión y marginación social,
y las políticas del gobierno de George W. Bush, entre ellas el Plan
Colombia, no hacen más que fortalecer el autoritarismo. La actual
administración decidió recortar los gastos sociales para financiar la
guerra. Las medidas adoptadas por Uribe muestran de forma nítida esta
orientación: creación de una red de informantes civiles de hasta un millón
de personas para apoyar a las fuerzas armadas, con frentes de seguridad en
los barrios y el comercio; vincular a esa red a taxistas y transportistas
para asegurar la seguridad en calles y carreteras; establecimiento del Día
de la Recompensa, que paga a los ciudadanos que en la semana anterior hayan
ayudado a las fuerzas públicas a evitar un acto terrorista y capturar al
responsable. Además, se aumentó el personal de las fuerzas armadas en 30 mil
efectivos y el de la Policía en 10 mil, y se crearon 120 mil «soldados
campesinos». Se crearon las Zonas de Rehabilitación y Consolidación, bajo
dirección militar, en las que los derechos ciudadanos, como los de reunión y
movilización, quedan restringidos.

A la vez que promueve la «desinstitucionalización del aparato público»,
generando situaciones de «informalidad jurídica» que propician la
discrecionalidad en el uso de la fuerza, el modelo alienta la reorganización
de la sociedad tomando como modelo al ejército. La analista María Teresa
Uribe sostiene que se apuesta al modelo del «ciudadano soldado», que
pretende «modelar la sociedad bajo los parámetros de la milicia y convertir
al ciudadano en un combatiente con compromisos y obligaciones en los
escenarios bélicos». Con ello, se estaría marchando hacia una «sociedad
vigilada», en la que «las confianzas entre vecinos, las viejas lealtades
solidarias y las tramas de sociabilidad se fracturan, se disuelven, se
atomizan, y en este contexto de sospechas mutuas declinan las acciones
colectivas, la deliberación pública, la organización social, y termina
imperando el silencio y el retraimiento de los individuos hacia la esfera
privada y doméstica» 2.

Guerrilla, paramilitares y narcotráfico

La anterior descripción, con ser acertada, no agota la problemática. La
guerra sucede en escenarios determinados por geografías e historias
particulares, que no admiten abstracciones ni generalizaciones. Colombia
está asentada en una geografía fragmentada: el territorio aparece dividido
por los tres ramales de la cordillera andina, atravesada por selvas y
montañas, bosques de nieblas permanentes, valles profundos y regiones
inaccesibles. El Estado colombiano–que fue integrando desde la Colonia de
forma gradual territorios, poblaciones y grupos sociales- nunca consiguió
asentarse en toda esta geografía. Sobre todo, nunca fue un Estado moderno, y
se muestra tributario del principal problema económico y social del país: la
concentración de la tierra, que generó un problema agrario que nunca fue
resuelto. En suma, en Colombia nunca hubo un verdadero Estado, ni algo que
se pareciera a una reforma agraria o redistribución de la tierra, lo que la
diferencia de buena parte de los países sudamericanos.

El enorme poder de las elites nacionales y regionales, tejido sobre la base
de la estratificación social y la marginación de las mayorías campesinas,
produjo dos hechos complementarios: la fragmentación de la presencia estatal
y la debilidad de los mecanismos de regulación social y, en contrapartida,
un amplio movimiento de colonización permanente, por la expulsión del
«excedente» de población campesina hacia los márgenes de la frontera
agrícola y, más recientemente, hacia la periferia de las grandes ciudades.
«En esas zonas la organización de la convivencia social queda abandonada al
libre juego de las personas y grupos sociales, por la ausencia de regulación
del Estado y la poca relación con la sociedad nacional»3.

En esos territorios nació la guerrilla, que no es sino la
continuación–ampliada y sistematizada, por cierto- de una dualidad de
poderes heredada de la colonia: los territorios aislados se fueron poblando
de grupos marginales, mestizos reacios al control de los curas, blancos sin
tierra, negros y mulatos cimarrones o fugados de la minas. Regiones que son
la perfecta contracara de las ciudades elitistas, gobernadas como feudos por
los grupos dominantes. Daniel Pécaut, uno de los más profundos conocedores
de Colombia, sostiene que el Estado conserva rasgos propios de los Estados
decimonónicos, de corte oligárquico y excluyente. Así es, por otro lado, la
cultura de las elites colombianas.

Las FARC, creadas en 1966, surgieron de grupos campesinos armados para
defender a las comunidades liberales, surgidas durante la Violencia4. Más
que continuidades ideológicas, casi imposibles, deben buscarse las
continuidades territoriales. La guerrilla nace y se consolida en las zonas
de colonización, donde los campesinos necesitaban protegerse del Estado y
los hacendados, y donde la geografía ofrecía refugios casi inexpugnables.
Posteriormente, los cambios culturales de los sesenta, la criminalización de
la protesta campesina, el nacimiento de poderosos movimientos urbanos
(obreros y estudiantiles) y la radicalización de las clases medias,
contribuyeron al nacimiento de otros grupos guerrilleros (ELN, EPL y M-19).
Actualmente las FARC cuentan con unos 20 mil combatientes, en tanto el ELN
tendría unos 4 mil. Los otros grupos se desarmaron a lo largo de los años
90.

Los grupos paramilitares (entre 10 y 20 mil miembros) nacieron de los grupos
civiles de «autodefensa», creados legalmente por el ejército a fines de los
años 60 para que les sirvieran de auxiliares en las operaciones de
contrainsurgencia. Amnistía Internacional y Americas Watch han documentado
profusamente la estrecha relación entre los paramilitares y las fuerzas de
seguridad del Estado, lo mismo que las Naciones Unidas y la OEA. A los
paramilitares se les atribuye la inmensa mayoría de las violaciones de los
derechos humanos en Colombia, y se han caracterizado por imponer el terror
en las zonas que controlan.

Pero no quedan ahí las cosas. Los paramilitares están estrechamente ligados
a los grandes terratenientes (que son su «cuna social») y al narcotráfico,
sectores cuyos límites son también difusos. Si bien el ejército entregaba
armas a las «autodefensas», quienes las organizaron fueron terratenientes
cafeteros y ganaderos, que optaron por enfrentar a las FARC en su mismo
terreno, armando partidas de campesinos adictos. Pero sus objetivos no son
sólo los guerrilleros, sino también líderes sindicales, profesores,
periodistas, defensores de los derechos humanos y políticos de izquierda.
Con los años, el crecimiento del narcotráfico modificó esta situación. El
informe de Americas Watch de 1990 señala: «Los narcotraficantes se han
convertido en grandes terratenientes y, como tales, han comenzado a
compartir la política de derecha de los terratenientes tradicionales y a
dirigir algunos de los más notorios grupos paramilitares»5.

Los diversos «ejércitos privados» terminaron por fusionarse en las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a lo largo de los años 90. Al poderío
económico y militar, desde 2002 suman porciones destacadas de poder
político, al haber contribuido a elegir a un presidente que, como Álvaro
Uribe, es considerado su amigo leal, además de contar con numerosos
legisladores que los respaldan. El 15 de julio de 2003 el gobierno y las AUC
firmaron un acuerdo para la desmovilización, pero aunque hace dos años
anunciaron un cese al fuego, en 2004 fueron responsables de la muerte o
desaparición de 1,300 personas, más del 70% de todos los homicidios del país
por motivos políticos no relacionados con los combates6. Actualmente se
suceden rondas de negociaciones en Santa Fé de Ralito. Mientras el gobierno
dice defender la desmovilización de las AUC y su sometimiento a la justicia,
los paramilitares rechazan esa posibilidad. Una de las mayores dificultades
estriba en que buena parte de los líderes paramilitares pueden ser
extraditados a Estados Unidos, donde serían juzgados por narcotráfico.

Las tres fases del Plan Colombia

El Plan Colombia es funcional a la militarización del país, pero también, y
de forma destacada, a la consolidación del paramilitarismo como alternativa
social y política. Algunos analistas, basados en declaraciones de los
propios jefes paramilitares, distinguen tres fases en su proceso de
consolidación y expansión. La experiencia en el Magdalena Medio, una de las
zonas estratégicas del país donde la ultraderecha consiguió desplazar
enclaves de la guerrilla y del movimiento sindical (como lo era la ciudad de
Barrancabermeja, ciudad petrolera), es un referente ineludible.

En la primera fase se trata de «liberar» mediante la guerra o el terror,
«amplias zonas de la subversión y de sus bases populares de apoyo imponiendo
el proceso de concentración de la tierra, la modernización vial, de
servicios y de infraestructura, el desarrollo del capitalismo ganadero y la
nueva estructura jerárquica y autoritaria en la organización social y
política de la región». En la segunda fase se trata de «llevar riqueza a la
región», a través de la generación de empleo, entrega de tierras, proyectos
productivos de diverso tipo y asistencia técnica y crediticia. Pero falta
agregar un detalle: «Los nuevos pobladores que ocupan las antiguas zonas
liberadas no son aquellos que fueron desplazados con violencia (pobres
excluidos), es una nueva población (pobres marginados traídos de otras
regiones), leales al ‘patroncito’ que rápidamente se organizan, conforman
sus grupos de base, esto es, la autodefensa paramilitar». La tercera fase es
de consolidación, cuando están dadas las condiciones para la expansión del
capitalismo multinacional y el Estado modernizante7.

Los objetivos del Plan Colombia están presentes en cada una de las tres
etapas: aunque el 80 por ciento de los recursos aparecen dedicados a la
guerra y al fortalecimiento de los aparatos militares, existen importantes
partidas dedicadas a planes de mejoras de infraestructura, salud, educación
y desarrollo alternativo (ver Plan Colombia). En este sentido es importante
concebir al Plan Colombia como un proyecto integral y de larga duración para
«abrir» toda una región al control de las multinacionales y de los Estados
Unidos. Por este motivo, suele apuntarse que el Plan Colombia es una suerte
de «preparación del terreno» para la imposición del ALCA8.

De hecho, en algunas regiones como el Magdalena Medio, parte de los recursos
del Plan Colombia cayeron en manos de los paramilitares a través de sus ONG,
que manejan los fondos sociales del Plan. En paralelo, al imponer un
estricto control de la vida cotidiana, el proyecto de dominación permite
«revivir el paternalismo de los viejos caciques sin las mínimas obligaciones
sociales de antaño»9. En Barrancabermeja, laboratorio paramilitar,
«prohibieron a los chicos llevar pelo largo, pendientes y pulseras. Cerraron
los bares de ambiente gay y las peluquerías que tenían hombres homosexuales
fueron traspasadas a mujeres. A un homosexual lo mataron y luego le cortaron
el pene y lo pusieron en la boca del cadáver». También establecieron un
horario para menores de edad y el estudio obligatorio hasta los 17 años.
Limitaron el horario para los establecimientos públicos e impusieron
sanciones y castigos para quienes incumplan las normas. El informe de varios
organismos de derechos humanos sobre el Magdalena Medio apunta: «En una
caminata por cualquiera de los barrios de Barrancabermeja y Puerto Wilches,
se puede ver a los jóvenes con machete en mano limpiando las zonas públicas
como parte de su castigo. En otros casos obligan a la gente a llevar rótulos
donde se señala que son ladrones, prostitutas, etc.»10. Al llegar al final
del informe, encuentro que la angustia de mis anfitriones en Bogotá, Paula y
Daniel, está más que justificada.

La difícil tarea de los movimientos sociales

¿Cómo puede actuar el movimiento social en una sociedad militarizada, en la
que los espacios para la acción pública están cerrados y donde los
activistas y dirigentes son asesinados o desaparecidos sistemáticamente? Y,
sobre todo, ¿cómo hacer para no reproducir, desde la sociedad civil, el
militarismo? Queda fuera de toda discusión, para quienes buscan la
desmilitarización, que todos los actores del conflicto violan los derechos
humanos, incluyendo a la guerrilla. En Colombia, señala Pécaut, «la
violencia no es solamente una serie de acontecimientos; es la irrupción de
una nueva modalidad de lo político»; o sea, lo político quedó, desde 1948 o
incluso antes, representado como violencia11. La profundidad de la violencia
en Colombia es tal que no sólo impregna todas las manifestaciones de lo
político y lo social, sino que las constituye.

Sin embargo, existen unas cuantas experiencias que buscan huir de la lógica
de la polarización, a través de la creación de espacios de paz,
desmilitarizados, vedados a los diferentes actores del conflicto:
guerrillas, paramilitares, ejército. No es algo sencillo, ya que incluso en
esos espacios los violentos irrumpen, asesinan, secuestran y torturan. Más
aún, esos espacios han sido considerados en algún momento, por todos los
actores de la violencia, como «enemigos» reales o potenciales. De ahí que
estas experiencias se muevan entre la tentación de responder a la violencia
con la violencia o, algo más frecuente aún, con el abandono del terreno,
cosa que unos y otros a menudo desean. Luis Angel Saavedra, director de
Inredh (una ONG de derechos humanos en Quito), sostiene que «el Plan
Colombia es parte de una gran estrategia para controlar los movimientos
sociales de América Latina y los recursos de esta parte del mundo»12.
Argumenta que en todos los países de la región andina se pusieron en marcha
planes similares de control militar con el pretexto de la coca, ya que son
los sitios donde los movimientos están más activos. De ahí la urgente
necesidad de encontrar alternativas al militarismo, que siempre favorece a
los dominadores.

El segundo problema, es que no existe un verdadero movimiento social de
alcance nacional que haya conseguido mostrarse como alternativa al
conflicto. Buena parte de las experiencias por la paz son iniciativas
locales, con la notable excepción del movimiento indígena, que de todos
modos representa apenas al dos por ciento de la población colombiana, aunque
su área geográfica de influencia es mucho mayor que su peso demográfico. Por
la importancia cualitativa de estos movimientos que van a contramano de la
guerra, vale la pena detenerse en algunas experiencias notables.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) forma parte de la Organización
Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que reúne a todas las etnias del país.
Como consecuencia de su centenaria resistencia, los indígenas consiguieron
el reconocimiento de sus territorios, llamados «resguardos indígenas», que
son 712 en todo el país y ocupan el 30% del territorio colombiano. La
Constitución de 1991 reconoce los derechos colectivos y los territorios de
los pueblos indios. Pero están siendo amenazados por lo que ellos denominan
una «nueva invasión». Para la implementación del ALCA, se está presionando
para eliminar el artículo 329 de la Constitución, que reconoce el carácter
inalienable de sus territorios.

Los pueblos indígenas del Cauca están resistiendo a la guerra desde su
decisión de no participar en el conflicto. Lo hacen de forma colectiva y
comunitaria, basados en sus cosmovisiones y cosmogonías, de forma desarmada
y no violenta. Sostienen que están viviendo una nueva invasión como
consecuencia de la globalización. El primer y fundamental paso es la defensa
del territorio, tanto de las personas como del hábitat cultural, social y
económico. Se trata de mantener las diversas formas de producción,
rescatando y fortaleciendo los modos tradicionales de cultivar la tierra,
conservando las semillas para prevenir la desaparición del cultivos. Todo lo
contrario de lo que pretende el ALCA. Pero postulan la organización
territorial como «una forma perfectamente viable para el conjunto de la
población en su resistencia a la guerra»13.

Resisten el desplazamiento y se aferran a su tierra, rescatan sus propios
idiomas como forma de resistir la homogeneización, fortalecen y valoran los
saberes tradicionales para la curación y todo aquello que afecta al
territorio y a la población. Crearon sus «guardias indígenas», organizadas
por las comunidades en base a comuneros desarmados que con sus bastones
ancestrales o «chontas» vigilan las comunidades para contribuir al control
interno y externo y proteger a sus habitantes. La guardia «depende
exclusivamente del cabildo y de la comunidad, que en grandes asambleas
decidieron reorganizarla, estableciendo reglas de control y estableciendo
criterios y requisitos para quienes integren o presten el servicio de
guardia» 14. Las guardias no cumplen funciones policiales, y todos los
comuneros deben integrarlas de forma rotativa. Han definido centros de
concertación o asambleas permanentes para que acudan todos los habitantes
cuando se presentan enfrentamientos armados entre la guerrilla y los
paramilitares o el ejército. Y hacen sonar sus alarmas para que la comunidad
cumpla con las indicaciones en momentos de peligro.

Las guardias han recuperado personas secuestradas por grupos armados, sin
violencia y amparadas en la masividad. Sostienen también que el sistema de
guardias puede ser utilizado por otros sectores de la población para
resistir la guerra. En efecto, además de las comunidades indígenas en
Colombia se conformaron en todo el territorio, en particular en áreas
rurales, grupos de población que han declarado su territorio como zona de
paz y exigen a los grupos armados que se retiren. San José de Apartadó, en
el norte del país, es la primera de estas comunidades de paz, creada en
1997, que se mantiene pese a las diversas agresiones que ha sufrido de
grupos armados, de derecha y de izquierda. En sólo siete años la pequeña
comunidad sufrió más de 360 violaciones de derechos humanos y más de 144
asesinatos, perpetrados por todos los actores del conflicto.

Pese a ello, San José de Apartadó persiste. En agosto comenzó a funcionar la
Universidad Campesina de la Resistencia, junto a otras 15 comunidades. Y
este mes de diciembre de 2004 está realizando el Segundo Encuentro de
Comunidades en Resistencia Civil, «inspirado en la vida y la solidaridad
como respuesta a las acciones de muerte que ha desarrollado el Estado
colombiano en contra de las comunidades», apunta la convocatoria. Es cierto
que el movimiento de comunidades de paz es aún pequeño para las dimensiones
del desafío, pero haberse mantenido y expandido en los últimos siete años,
los más violentos de la guerra, significa una esperanza.

Además de las movilizaciones urbanas contra la guerra, el Plan Colombia y el
ALCA, debe destacarse la Minga por la Vida, la Autonomía, la Libertad, la
Justicia y la Alegría de los pueblos indígenas, celebrada el pasado 13 de
septiembre. La Minga (trabajo colectivo en lengua indígena) fue una
impresionante movilización de 60 mil indígenas del Cauca (sur) que confluyó
en Cali durante tres días, apoyada por los 84 pueblos indígenas de Colombia.

Organizada por el CRIC, la Minga no estaba dirigida al gobierno (no había
una plataforma de reivindicaciones) sino al pueblo, al que llamó a defender
la vida contra la guerra y a oponerse al Tratado de Libre Comercio entre
Colombia y Estados Unidos. La gran movilización logró desmilitarizar la zona
durante tres días, y comenzó con la recuperación del alcalde indio de
Toribío, secuestrado por las FARC. La guardia indígena llegó masivamente,
desbordó a la tropa del grupo armado y rescató a su alcalde junto a toda su
comitiva.

Los indígenas mostraron que es posible abrir grietas en una sociedad
militarizada, si se tiene claro que no se combate la guerra con más guerra.
O, como dicen las mujeres indígenas del sur, luchar para hacer «tambalear
las lógicas dominantes de eliminación del contrario»; porque «en las lógicas
de vida no hay contrarios sino el fluir constante que no diseca sino que
crea». Denuncian la lógica de destrucción, ya la porten los opresores o los
oprimidos, porque «los fines y los medios no pueden ser distintos»15. Creen
que las transformaciones se hacen de abajo hacia arriba y de adentro hacia
fuera, de lo local a lo global y de lo singular a lo universal. Así,
consiguieron romper las barreras del militarismo y la indiferencia. Daniel,
el profesor de Bogotá, estuvo en Cali aquel miércoles de septiembre, cuando
miles de indios atravesaron las elegantes calles comerciales de la segunda
ciudad colombiana. «Fue emocionante–confiesa- ver a la población recibiendo
a los indígenas. La gente aplaudía y otros llorábamos. Es la otra Colombia,
la de la esperanza».

* Raúl Zibechi es miembro del Consejo de Redacción del semanario Brecha de
Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la
Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos
sociales. Es colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas
(www.americaspolicy.org).

Bibliografía

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Vélez, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Bogotá, 2004.

– Unidad Indígena (2004) periódico de la ONIC, No. 119, Bogotá, setiembre.

– Salgado Ruiz, Henry (2004) «Plan Colombia: ¿Guerra contra las drogas o
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de Puebla, Puebla, No. 7.

– Sarmiento, Libardo (1996) Un modelo piloto de modernización autoritaria en
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– Uribe, María Teresa, «El republicanismo patriótico», en Reelección: el
embrujo continúa, ob. cit.

– Zuluaga Nieto, Jaime (2003) «Colombia: entre la democracia y el
autoritarismo», revista OSAL No. 9, Buenos Aires, enero.

Fuentes de información

– Agencia Prensa Rural: www.prensarural.org

– Amnistía Internacional: www.es.amnesty.org

– AUC (Autodefensas Unidas de Colombia): www.colombialibre.org

– CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular): www.cinep.org

– CREDHOS (Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos):
www.credhos.org

– ELN(Ejército de Liberación Nacional): www.patrialibre.org

– FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): www.farcep.org

– Human Rights Watch: www.hrw.org

– Indepaz: www.indepaz.org.co

– ONIC (Organización de Nacionalidades Indígenas de Colombia):
www.onic.org.co

– Plan Colombia: www.ciponline.org/colombia/aid/plancolombia.htm

– Planeta Paz: www.planetapaz.org

– Via Alterna: www.viaalterna.com.co

Notas

1) Zuluaga Nieto, Jaime (2003) «Colombia: entre la democracia y el
autoritarismo», revista OSAL No. 9, Buenos Aires, enero.

2) Uribe, María Teresa, «El republicanismo patriótico», en Reelección: el
embrujo continúa, Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Plataforma
Colombiana de Derechos Humanos, Bogotá, 2004.

3) González, Fernán 2004 «Una mirada de largo plazo sobre la violencia en
Colombia», en revista Bajo el volcán, Puebla, No. 7.

4) Durante La Violencia–período de guerras entre liberales y conservadores-
murieron unas 200 mil personas. Liberales y comunistas, perseguidos
ferozmente por el Estado, se refugiaron en regiones remotas e inaccesibles y
resistieron durante más de una década hasta que, buena parte de ellos, se
reagruparon en lo que posteriormente serían las FARC, de orientación
comunista.

5) Americas Watch (1991) La ‘guerra’ contra las drogas en Colombia,
Universidad de los Andes, Bogotá.
Informe de Amnistía Internacional 2004.

6) Sarmiento, Libardo (1996) Un modelo piloto de modernización autoritaria
en Colombia, CREDHOS, Barrancabermeja. P.33

7) Salgado Ruiz, Henry (2004) «Plan Colombia: ¿Guerra contra las drogas o
contra las poblaciones amazónicas?», en Bajo el volcán, Universidad Autónoma
de Puebla, Puebla, No. 7.

8)Loingsigh, Gearóid (2002) La estrategia integral del paramilitarismo en el
Magdalena Medio de Colombia, en www.prensarural.org. p. 104

9) Ibidem. P.24

10) Pécaut, Daniel (1987) Orden y violencia: Colombia 1930-1954, Siglo XXI,
Bogotá. P.523

11) En www.prensarural.org

12) Caldón, José Domingo «Pueblos indígenas y resistencia a la guerra», en
La resistencia civil,

13) Acosta, Alfredo (2004) «Resistencia indígena ante una nueva invasión»,
en La resistencia civil. Estrategias de acción y protección en los contextos
de guerra y globalización, PIUCP, Bogotá.

14 Unidad Indígena (2004) periódico de la ONIC, No. 119, Bogotá, septiembre