Por Humberto Tobón y Tobón
Risaralda tiene dos problemas cruciales que no se han enfrentado con
responsabilidad: el desempleo y la pobreza.
Las autoridades risaraldenses, a pesar de la gravedad de los dos temas, no han sido capaces de implementar un plan de choque.
El desempleo es impresionante en todos los municipios. Sin embargo, sólo Pereira es el foco de atención de este problema. Todos los reflectores y todas las referencias miran a la ciudad capital y se olvidan del drama que también viven los habitantes de otras localidades.
Los miles de desocupados de la provincia risaraldense parecen invisibles
debido a que sólo Pereira figura en las cifras oficiales del DANE, lo cual
le ha favorecido al gobierno departamental para sacarle el cuerpo al
problema, poder mirar para otro lado como si nada estuviera ocurriendo y no cargar con las consecuencias políticas.
Los habitantes de Quinchía o Pueblo Rico que perdieron sus trabajos y que no tienen muchas posibilidades de generar ingresos para sus familias, aspiran a que el gobierno departamental implemente proyectos que eviten el deterioro
de su calidad de vida. Sin embargo, la respuesta que encuentran está dada
en términos asistencialistas y no a través de políticas públicas que mejoren
la economía local.
Las miles de familias que derivaban su sustento de las remesas que llegaban
desde el exterior, hoy observan desconsoladas cómo sus ingresos no les
alcanzan para vivir y que a pesar de tener disposición de trabajar, no hay
un plan gubernamental en este sentido que salga en su auxilio.
Los comerciantes de Santa Rosa y Santuario que han debido cerrar sus
negocios, tienen ante sí un panorama desolador, ya que las posibilidades de
reiniciar sus actividades chocan de frente con la ausencia de alternativas,
pues las Alcaldías son incapaces de promover por sí mismas estrategias para
generar fuentes de ingreso y tampoco cuentan con la asistencia técnica de la
Gobernación para este fin.
Se esperaría que las autoridades departamentales estuviesen pensando
seriamente en un modelo de desarrollo económico local, que ofertara
soluciones reales para que la gente pudiera asociarse y ejecutar proyectos
productivos que garantizaran los ingresos mínimos que necesitan para poder
vivir. Pero no es así.
Este creciente desempleo en Risaralda está conduciendo a un aumento
increíble de la pobreza y la miseria y la respuesta que entrega la
institucionalidad es la distribución de mercaditos sociales de menos de
cuatro dólares cada mes.