La moratoria de la Unión Europea sobre la anterior ley urbanística no ha puesto fin al respaldo oficial a la especulación. La nueva ley repite los mismos esquemas.
Fernando Díaz Orueta*
El nuevo boom desarrollista que arrasa la península se manifiesta con especial crudeza en el País Valenciano. Tanto su litoral, de norte a sur, como numerosas áreas del interior, están siendo destruidos por un modelo urbanístico antidemocrático.
El territorio ha quedado en
manos de grupos económicos que
trabajan con los gobiernos locales
de distinto signo político, favorecidos
por la legislación del suelo.
La resolución del Parlamento
Europeo de diciembre de 2005, al
solicitar una moratoria en la recalificación
de terrenos rústicos y la modificación
de aspectos importantes
de la Ley Reguladora de la Actividad
Urbanística (LRAU), significó un reforzamiento
de las posiciones de los
sectores críticos. Esta resolución se
produjo como consecuencia de la
denuncia al Parlamento Europeo
por la asociación Abusos Urbanísticos
No (AUN) y fue respaldada
por unas 15.000 firmas.
En respuesta, el Gobierno valenciano
aceleró la tramitación de la
nueva ley conocida como Ley
Urbanística Valenciana (LUV).
A juicio de la Generalitat, la aprobación
rápida de esta ley hacía innecesaria
la puesta en práctica de la moratoria
europea. En ese contexto,
decenas de ayuntamientos valencianos
aprobaron rápidamente numerosos
Programas de Actuación
Integrada (PAI) adaptados a la
LRAU, aprovechando el período
transitorio para evitar así las posibles
nuevas limitaciones que podría
introducir la LUV.
La LUV, ya vigente desde el pasado
1 de febrero, no ha supuesto un
cambio profundo respecto a la situación
anterior. La nueva norma
no modifica aspectos sustanciales
como, por ejemplo, la posibilidad
de las reclasificaciones masivas de
suelo o la figura del Agente Urbanizador.
A principios de abril, la
propia Comisión Europea abría un
nuevo expediente a España indicando
que la LUV no resolvía varios aspectos
de la LRAU contrarios al derecho
comunitario. La Comisión
dado dos meses de plazo a la Generalitat
para modificar estos aspectos.
Por el momento, el Gobierno
valenciano se mantiene enrocado
en sus posiciones, afirmando que
los cambios solicitados por la UE
materia de contratación pública
expropiaciones son responsabilidad
del Gobierno central y que, en
conjunto, la LUV es un ejemplo
lo que debe ser una ley de desarrollo
urbanístico. Esta posición es respaldada
por la Federación
Promotores Inmobiliarios y Agentes
Urbanizadores de la Comunidad
Valenciana que, en unas jornadas
sobre la nueva legislación, mostraba
una gran tranquilidad ante el futuro.
Como afirmó uno de los conferenciantes:
“Hay PAI de crianza,
de reserva y gran reserva y todos
han sacado del armario antes
que entrara la nueva ley en vigor”
(Levante, 3 de abril de 2006).
Más allá del enorme impacto mediático
de la intervención de las instituciones
europeas que ha obligado
a la Generalitat a moverse ahora
en posiciones defensivas, resulta
mucho más importante la organización
de la oposición social a este
modelo económico y territorial.
ese sentido, la coordinación creciente
de las diversas asociaciones
grupos locales de diverso tipo surgidos
en los últimos años constituye
una excelente noticia. La recuperación
urgente de la democracia municipal
pasa por el cuestionamiento
social y político del urbanismo neoliberal
y del consenso social tejido
pacientemente a su alrededor. Y esta
es una tarea que no puede
confiarse básicamente a las instituciones
europeas. De hecho, su actuación
respecto al urbanismo valenciano
debe ser interpretada más
como el intento de frenar los excesos
de un modelo que no es cuestionado
globalmente desde Europa,
no tanto como la apuesta necesaria
por una alternativa económica y territorial
radicalmente diferente.
Además de la respuesta
de las instituciones de la
UE, resulta mucho más
importante la oposición
social a este modelo.
* Fernando Díaz Orueta, del Grupo
de Investigación Ciudad, Territorio y
Cambio Social Universidad de Alicante.
Grupos coordinados contra el ‘boom’
El 1 de abril se daban
cita en Murcia representantes
de numerosas
organizaciones sociales,
la mayoría de ellas integradas
a su vez en diversas
plataformas y coordinadoras
territoriales,
fundamentalmente de
Murcia, Andalucía, Madrid
y el País Valenciano. Producto
de los debates iniciados
ya en una reunión
previa celebrada en
Madrid, acordaban constituir
la Coordinadora Ciudadana
por la Defensa
del Territorio, invitando a
otras organizaciones del
Estado español a sumarse
a esta iniciativa. Su objetivo
central es coordinar los
esfuerzos de los grupos
que resisten el avance de
la especulación urbanística,
la destrucción territorial
y el desmantelamiento
de los mecanismos democráticos
locales de participación.
La segunda asamblea
de la coordinadora
está prevista para el próximo
24 de junio.
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