Derecho de resistencia, por Paolo Virno

Publicado originalmente en Il Manifesto del 14 de noviembre de 2004. Republicado más tarde en rekombinant.org

Seattle, Niza, Praga, Génova: el movimiento global ha ganado visibilidad y credibilidad gracias a la reiterada y dramática ruptura del orden público. Negarlo no es, desde luego, un delito: como no lo es, por lo demás, sostener que los niños vienen de París. Es sólo una estupidez autodescalificadora. Si no se quiere «salir del siglo XIX» como los cangrejos, esto es, debatiendo sobre los excesos de la Comuna de París o frunciendo el ceño al recordar la sanguinaria arrogancia de Cromwell, conviene plantearse una cuestión espinosa: ¿cómo concebir el uso de la fuerza hoy, en la época en la que el Estado moderno se derrumba junto con su monopolio de la decisión política? Sería fácil explicar a Giampaolo Pansa (que en La Repubblica de ayer ha entonado un lívido mantra contra el movimiento de 1977) por qué fue algo bueno y justo echar a Luciano Lama [entonces secretario general de la CGIL] de la universidad de Roma en febrero de aquel año lejano. Fácil, pero ocioso. Lo que importa es orientarse en el presente, después de que muchas de las viejas brújulas se hayan roto.

Todo aconseja no entregarse a ninguna forma de fetichismo con respecto a la no violencia y la violencia. Y desde luego es estúpido identificar la radicalidad de una lucha con su tasa de ilegalidad. Pero no lo es menos elevar la lenidad a inoxidable criterio-guía de la acción. Por lo demás, no hay que preocuparse en exceso: el tránsito del conflicto de la latencia a la visibilidad se encarga siempre de llevarse por delante los «eternos principios» adoptados en cada momento por los políticos de profesión. Sobre la antigua (pero no agotada) cuestión de las formas de lucha, la discusión da vueltas sobre sí misma, abandonándose a sofismas faltos de ingenio y a citaciones multiusos. Bien mirado, esa discusión paga los efectos en cadena de un cambio drástico de paradigma teórico. Un cambio tal que llega a escindir aquello que parecía inseparable o a arrimar cuanto se colocaba en las antípodas. En pocas palabras: la lucha contra el trabajo asalariado, a diferencia de aquella contra la tiranía o contra la indigencia, ya no está en relación con la enfática perspectiva de la «toma del poder».

Precisamente en virtud de sus caracteres sumamente avanzados, se perfila como una transformación totalmente social, que se confronta de cerca con el «poder», pero sin soñar una organización alternativa del Estado, sino que está encaminada a entumecer y a extinguir toda forma de mando sobre la actividad de las mujeres y de los hombres y, por lo tanto, el Estado a secas. Dicho de otra manera: mientras la «revolución política» era considerada la premisa inevitable para modificar las relaciones sociales, ahora este botín adicional se torna en el paso preliminar. La lucha puede cumplir su índole destructiva sólo si de antemano resalta en altorrelieve otro modo de vivir, de comunicar e incluso de producir. Sólo si, en definitiva, se tiene algo que perder además de las propias cadenas.

Con todo, el tema de la violencia, idolatrado o exorcizado, ha sido uña y carne con la «toma del poder». ¿Qué sucede cuando se considera a la existente la última forma posible de Estado, merecedora de la corrosión y la ruina, y no desde luego de verse reemplazada por un Hiperestado «de todo el pueblo»? ¿Acaso la no violencia se convierte en el nuevo culto a oficiar? No lo parece en absoluto. Cabría, a lo sumo, servirse de un oximoron imprevisto: el recurso a la fuerza debe concebirse en relación a un orden positivo que ha de ser defendido y salvaguardado. El éxodo del trabajo asalariado no es un gesto cóncavo, un menos algebraico. Huyendo, uno está obligado a construir distintas relaciones sociales y nuevas formas de vida: se requiere mucho gusto por el presente y mucha inventividad.

De esta suerte, el conflicto se entablará para preservar lo «nuevo» que entretanto se ha instituido. La violencia, de haberla, no avanza hacia un «futuro radiante», sino que intenta prolongar algo que ya existe, aun informalmente. Frente a la hipocresía o a la distraída memez que caracteriza hoy a la discusión sobre legalidad e ilegalidad, conviene remontarse a una categoría premoderna: el ius resistentiae, el derecho de resistencia. Con esta expresión, en el derecho medieval no se entendía en absoluto la facultad obvia de defenderse cuando se sufre una agresión. Tampoco, sin embargo, un levantamiento general contra el poder constituido. La distinción es nítida con respecto a la seditio y a la rebellio, en las cuales se arremete contra el conjunto de las instituciones vigentes para edificar otras. Por el contrario, el «derecho de resistencia» tiene un significado bastante peculiar. Este derecho puede ser ejercido cuando un liga artesana, o la comunidad en su conjunto o incluso un individuo ven alteradas sus prerrogativas positivas por parte del poder central, válidas de hecho o por tradición.

El aspecto más destacado del ius resistentiae, lo que le convierte en el último grito en el tema legalidad/ilegalidad, es la defensa de una transformación efectiva, tangible y ya acontecida, de las formas de vida. Los pasos grandes o pequeños, los desprendimientos o las avalanchas de la lucha contra el trabajo asalariado admiten un derecho de resistencia ilimitado, mientras que excluyen una teoría de la guerra civil.