Por Asma Alsharif | Reuters
YIDA, Arabia Saudita (Reuters) – Afuera de una residencia rodeada de palmeras en la periferia de Yida, la segunda mayor ciudad de Arabia Saudita, autos de la policía vigilan una corte donde 16 hombres fueron enjuiciados este año tras permanecer detenidos durante más de cuatro años.
Los hombres se enfrentan a cargos de «financiar el terrorismo» y coordinarse con Al Qaeda para tomar el poder, además de otros cargos finalmente presentados el año pasado.
Activistas de derechos humanos dicen que los prisioneros -de muy conocidas familias sauditas, incluyendo a profesores y un ex juez- en realidad fueron detenidos por negarse a atender las advertencias del Ministerio del Interior de abandonar el activismo y planeaban crear un partido político.
«Mi padre es una persona que no puede permanecer en silencio acerca de lo que está mal, ya sea en la calle, en nuestra casa o en la sociedad», dijo Eman al-Shemairi, hija de una de los hombres, en un video publicado en YouTube en marzo.
Pero los detenidos de Yida son más afortunados que muchos otros.
Miles de personas han desaparecido en el agujero negro de las prisiones sauditas sin acusación o señal alguna de cuándo podrían ser liberados, según grupos de derechos humanos sauditas e internacionales.
El Gobierno dice que es un Estado islámico que gobierna por medio de la sharia y le confiere a eruditos religiosos amplios poderes en la sociedad y un papel como asesores de la familia real saudita.
Según activistas, el resultado es que las fuerzas de seguridad pueden actuar con impunidad y los acusados están sujetos a la interpretación de ley sharia por parte de un solo juez. En muchos casos no se les permite tener contacto con sus abogados.
Sin un código penal, incluso hay confusión en cuanto a las definiciones, incluyendo lo que se califica como «detenciones» y «prisioneros políticos».
Los sauditas pueden hallarse a sí mismos en una puerta giratoria de detención, liberación y detención que dificulta calificar claramente a alguien como arrestado o mantener un registro de los antecedentes.
Y en un sistema en el que no hay espacio para partidos o procesos democráticos, no existe el concepto de delito de connotaciones políticas, y por lo tanto no hay prisioneros políticos.
El largo brazo de las fuerzas de seguridad, con la luz verde para detener a su voluntad, fue una queja predominante entre los manifestantes que salieron a las calles en Túnez y Egipto a comienzos de este año, derrocando a veteranos gobernantes y enviando ondas expansivas por toda la región.
El Gobierno dice que eso no ocurrirá en Arabia Saudita debido a su sistema islámico y a la popularidad del rey Abdullah, aunque no queda claro cuánta de esa popularidad se ha filtrado al resto de su familia.
«NO HAY PRISIONEROS POLITICOS»
«Reiteramos que no hay prisioneros políticos en el reino», afirmó el portavoz del Ministerio de Interior, Mansour al-Turki.
El ministerio dijo que 5.696 personas habían sido detenidas en el marco de casos de «militantes», agregando que 5.080 de ellos ya habían comparecido ante la justicia, mientras las autoridades tratan de procesar el cúmulo de arrestos desde fechas tan anteriores como el 2003.
Arabia Saudita empezó a combatir la militancia de Al Qaeda en 2003, deteniendo a miles de personas sospechosas de tener nexos con grupos militantes, pero decenas fueron arrestadas además a principios de este año luego de pequeñas protestas y reuniones a favor de la democracia en la Provincia Oriental.
Manifestantes se congregaron en marzo afuera del Ministerio del Interior en Riad para exigir la liberación de parientes.
Arabia Saudita tiene un aparato de «policía moral» dirigida por la poderosa elite clerical en coordinación con el Ministerio del Interior, lo que significa que es posible que algunos estén detenidos por la seguridad estatal por presuntos crímenes contra el Islam, como insultar al Profeta Mahoma, denigrar al Corán o sospechas de brujería.
Grupos de derechos humanos independientes dicen que puede haber entre 12.000 y 30.000 personas arrestadas en prisiones sauditas que son usadas específicamente para casos que involucran temas de seguridad nacional.
El organismo saudita de derechos humanos Human Rights First estima que el número de detenciones por parte del aparato de seguridad oscila entre 12.000 y 15.000, según su director Ibrahim al-Mugaiteeb.
«Monitoreamos los comunicados del Ministerio del Interior (…) pero en el caso de miles de personas arrestadas nos enteramos de ellos por sus familias», dijo Mugaiteeb.
La Asociación Saudita de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA, por sus siglas en inglés) considera que todas las prisiones conectadas con el Directorio de Investigaciones Generales (DGI), el aparato de seguridad estatal, están llenas, lo que acercaría el número total de detenidos a unos 30.000.
La semana pasada envió una carta abierta al Ministro del Interior, el príncipe Nayef, detallando los casos en los que decía que los atentados contra la seguridad habían sido fabricados para justificar arrestos de activistas políticos, pero que muchos simplemente habían sido víctimas de los caprichos de funcionarios de seguridad.
«LEY SOBRE TERRORISMO» EN CAMINO
Amnistía Internacional, con sede en Reino Unido, estima que el número de personas que han sido detenidas sin cargos formales en Arabia Saudita llega a miles, algunos por criticar al Gobierno y otros por razones de seguridad.
«Hay un alto nivel de misterio mantenido por la seguridad en Arabia Saudita lo que dificulta a organizaciones de derechos humanos tener un número preciso y detalles de las personas detenidas», dijo Dina El-Mamoud, una investigadora de Amnistía.
«Sabemos que miles de personas han sido detenidas arbitrariamente en Arabia Saudita desde el 2001», añadió.
Arabia Saudita está en proceso de estudiar una nueva legislación que fue criticada por Amnistía en julio, luego de que el organismo obtuviera una copia del borrador de la Ley Penal para Crímenes Terroristas y la Financiación del Terrorismo y la publicara en su sitio web.
Si es aprobada, la nueva ley permitiría que sospechosos acusados de «poner el peligro la unidad nacional» y de «dañar la reputación del Estado» sean detenidos e incomunicados de forma indefinida como sospechosos de terrorismo, si una corte especial lo aprobara, de acuerdo al borrador.
La ley además estipularía una sentencia en prisión mínima de 10 años por poner en duda la integridad del rey o del príncipe a la corona.
ACPRA dice que las cortes especiales son una violación de derechos.
«Estas cortes violan los derechos de los defendidos y prisioneros, documentan confesiones forzadas extraídas bajo tortura y coerción», afirmó el mes pasado la asociación.
(Editado en español por Marion Giraldo)
http://es-us.noticias.yahoo.com/detenidos-desaparecen-en-hoyo-negro-c%C3%A1rceles-sauditas-115938177.html