Estamos dentro de la ley como el pie chino dentro del borceguí, como el boabab dentro del tiesto japonés. ¡Somos enanos voluntarios!
(Rafael Barrett)
El sistema penitenciario español vuelve a estar en situación crítica por la sobreocupación. Tras dos años de ralentización, en 2007 la población de las prisiones españolas se ha disparado de nuevo. Durante los once primeros meses del año este colectivo ha pasado de 63.905 a 67.340 personas.
O lo que es lo mismo: cada día hay diez internos más en las cárceles españolas. Se trata de un ritmo de crecimiento sólo comparable en democracia a los años 2001, 2002 y 2003, cuando el sistema llegó al hacinamiento. Este ejercicio termina con casi el doble de internos en los centros que hace 15 años.
Según las últimas estadísticas de Instituciones Penitenciarias, España tiene ya una ratio de 130 internos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de los 90 reclusos de media de los países de la Unión Europea. Y sin embargo, las cifras de criminalidad en España son ligeramente inferiores a la de esos
mismos estados.
Esta desproporción ha provocado incluso una seria llamada de atención del
Consejo de Europa, que el pasado mes alertó del «exceso» del recurso a la
prisión en España, que se sitúa en cifras por encima de los países con
códigos penales más duros como los balcánicos, escandinavos y Holanda.
Además, España encabeza en el viejo continente la proporción de mujeres
presas. Mientras que en Europa sólo el 4,7% de la población penitenciaria es
mujer, en España este porcentaje crece hasta el 7,7.
¿Qué pasa en las cárceles españolas? ¿Por qué hay cada día más presos si no
hay más delincuencia? «Lo que ocurre principalmente es que el sistema
penitenciario está comenzando a pagar ahora el endurecimiento de la reforma
del Código Penal de 2003 del último Gobierno del PP. Hay un alargamiento de
condenas sobre todo entre internos que cumplen más de cinco años y que no
logran el tercer grado porque no pueden hacer frente al pago de la
responsabilidad civil, tal y como exige la reforma. No es que entren más
personas, es que tardan mucho más en salir», explica la directora de
prisiones, Mercedes Gallizo.
ESTANCIA MEDIA ELEVADA
El Consejo de Europa le da la razón: España es ya el país con la estancia
media en prisión más elevada de entre los 48 estados presentes en este
organismo internacional.
La «prueba» de que no hay ingresos masivos, según Gallizo, es que apenas ha
crecido la proporción de presos preventivos, que ronda desde hace años el
25% del total. De los más de 67.000 presos de las cárceles españolas, 16.374
internos están a la espera de juicio.
Hay más causas. La directora asegura que también la anulación del sistema de
redenciones en 1995 está detrás de esta sobreocupación (Gallizo nunca habla
de hacinamiento). A esta situación ya complicada hay que sumar, según los
analistas de Instituciones Penitenciaras, las nuevas tipologías delictivas
que están llevando a miles de personas a las cárceles, tales como la
violencia de género, la pederastia y la corrupción, principalmente. «Y
todavía no se ha dejado sentir la reforma que encarcela a los conductores
ebrios o temerarios», advierten los especialistas.
Pero sobre todo, sostiene Gallizo, detrás de las preocupantes cifras de
crecimiento carcelario está «el retraso histórico en la implantación de
programas de régimen abierto para los presos con delitos menores y con
mayores posibilidades para la reinserción». Mientras que en España sólo el
17% de los internos cumple su condena en la calle, en muchos países europeos
son más de la mitad de los reclusos.
El régimen abierto se ha convertido en la punta de lanza de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en esta legislatura. En cuatro años
se ha triplicado el número de presos en este sistema, pasando de 500 a
1.500. (del 10,9% de la población al 17,6).
Gallizo se había planteado como uno de los objetivos de la legislatura abrir
un debate público sobre el futuro del sistema penitenciario español, una
quimera habida cuenta «de la crispación política existente».
Pero la directora tiene clara cuál es la solución: o seguir pagando por
mantener a miles de personas entre rejas (sólo la construcción de una plaza
en una nueva cárcel cuesta cerca de 80.000 euros a las arcas públicas, sin
contar los sueldos de los funcionarios, policías y mantenimiento), o apostar
por el régimen abierto para los presos con delitos menos graves. «Un sistema
muchísimo más barato, sin apenas incidencias en los años que lo llevamos
aplicando y que permite al preso trabajar para la comunidad o pagar la
responsabilidad civil a sus víctimas», apostilla.
Tomado del Diario Vasco
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