Pues sí, los pederastas nos caen mal a todo el mundo, y nos parece muy importante que no puedan cometer sus agresiones sexuales sobre menores. Aunque los motivos del problema son profundos y los verdaderos mecanismos para afrontarlo y resolverlo deberían abordar otras cuestiones de la sociedad más allá de las estrictamente judiciales, cierto es que este sistema dispone para ello de una serie de leyes y procedimientos.
Entre los principios legales de este sistema, y siendo principal, está la doctrina de que la policía tiene que observar unas determinadas reglas a la hora de perseguir delitos, dándose ámbitos de la persona y de la vida privada que teóricamente están protegidos por la misma constitución y que precisan de una orden judicial para poder ser violados por los policías. Pues bien, en esta polémica sentencia el Tribunal Constitucional valida como prueba los contenidos del disco duro del ordenador de un ciudadano obtenidos por la policía sin su consentimiento y sin orden judicial alguna. Los jueces argumentan que la gravedad del delito perseguido ampara la acción policial. En resumen, a partir de ahora son los agentes de la policía y no los jueces quienes decidirán legalmente cuándo y cómo cada uno de nuestros derechos pueden ser violados. Todo va a depender de la subjetividad con respecto a la gravedad del presunto delito que anden investigando.
Esta validación de pruebas que viene a hacer del todo prescindible de una vez por todas a la misma Constitución, contrasta fuertemente con otros casos, como los relacionados con corrupción de políticos. En el caso Brugal, que afecta a más que posibles chachullos de políticos y empresarios en Alacant, el enésimo juez que instruye el caso, además de que se le extraviaran no pocas grabaciones de la policía a los imputados, ha declarado la nulidad de la mayor parte de ellas (las que no se han perdido en el juzgado), efectuadas cumpliendo todos los requisitos y desde luego autorizadas por un juez a la policía. Pequeñas y subjetivas minucias han bastado al juez para eliminar las pruebas conseguidas por la policía en la investigación de delitos también de considerable gravedad.
Como pueden ver, en un estado occidental solo hay un poder, se vista de político conservador, de político progresista, de banquero, juez o militar. Nota de Tortuga.
El Tribunal Constitucional avala el registro del disco duro de un pedófilo sin orden judicial
La Sala alega que la gravedad del delito justifica la actuación policial a pesar de que los datos contenidos en el ordenador están constitucionalmente protegidos.
AGENCIAS – Madrid
El Tribunal Constitucional ha rechazado conceder el amparo a un hombre que fue condenado en 2008 a cuatro años de cárcel, después de que los técnicos que le repararon el ordenador descubrieran archivos de contenido pedófilo y se lo comunicaran a la policía. La sección segunda considera que los datos contenidos en el disco duro están «constitucionalmente protegidos», aunque en este caso, y dada la gravedad del delito está justificado que se analizara su contenido sin orden judicial.
Carlos T. R. almacenaba en su ordenador 157 vídeos y más de 3.000 fotografías de menores -algunos de ellos de tan solo 13 años- denudos o realizando actos de naturaleza sexual, obtenidos e intercambiados a través de eMule.
El recurrente se descubrió cuando llevó su ordenador a una tienda informática para cambiar la grabadora. Una vez efectuada la reparación, el técnico abrió un par de archivos para comprobar el correcto funcionamiento de las piezas y se encontró con imágenes pornográficas de adolescentes. A continuación, lo denunció ante la Policía, que intervino el portátil y lo examinó sin esperar a que se autorizase el registro.
Por este motivo, el condenado alegaba en su recurso ante el Constitucional que la prueba de cargo obtenida en su contra se consiguió sin que el denunciante de los hechos ni la Policía tuvieran su consentimiento para abrir los archivos y sin autorización judicial. La sala ha estimado que, si bien el hombre no autorizó de forma expresa al encargado de la tienda para acceder al contenido de su disco duro, sí que puso a su disposición el portatil para que lo reparara, advirtiéndole incluso de que no tenía ninguna contraseña para su acceso. Por tanto, según los magistrados, el empleado no se extralimitó.
El tribunal subraya que los datos contenidos en el disco duro, los revelados en redes sociales, la descarga de archivos en internet, las compras electrónicas forman parte del ámbito personal y deben estar constitucionalmente protegidos, ya que pueden «afectar al núcleo más profundo de la intimidad». Aun así, el Constitucional avala el registro al concluir que estaba justificada porque «perseguía un fin legítimo como es la investigación de un delito grave como es la pornografía infantil».
La excepción que confirma la regla
Los magistrados explican que existe una habilitación legal para efectuar un «primer análisis» con el objeto de comprobar los delitos, descubrir sus autores y recoger pruebas.
«Nos encontramos ante uno de los supuestos excepcionados de la regla general, que permite nuestra jurisprudencia, pues existen y pueden constatarse razones para entender que la actuación de la Policía era necesaria, resultando, además, la medida de investigación razonable en términos de proporcionalidad», recoge la sentencia.
Sin embargo, Elisa Pérez Vela ha emitido un voto particular para expresar su discrepacia. La magistrada dice no entender «por qué, estando el ordenador físicamente en poder de la Policía, las diligencias de investigación no podían esperar a que su realización contara con la autorización judicial pertinente». Vera apunta que bastaba con mantener el ordenador apagado para evitar un posible borrado de archivos, ya que se encontraba en poder de la Policía.
La sentencia se pone de manifiesto la «necesidad de el legislador regule esta materia con más precisión». En la actualidad, se aplican los artículos 545 y siguientes de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (que data de 1882), que regula ‘la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica’. No recoge supuestos específicos relacionados con registro de datos informáticos, pero exige la existencia de una orden judicial.
El País