El día que se habló del Grupo Tortuga en el Congreso de los Diputados

Más información sobre la acción y el juicio

CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 816

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES

Sesión núm. 102,
celebrada el lunes, 22 de septiembre de 2003

ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de la Policía (Díaz de Mera y García Consuegra) para
informar sobre los propósitos que tiene el Gobierno sobre la elaboración de una «ley de policía»
y acerca de los criterios y fines que inspira el proyectado texto legal. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/001174.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25680

Preguntas:

(Hay varias preguntas en la sesión matinal, hsta llegar a la parte que nos interesa, nota de Tortuga)

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de
la tarde.

– DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ (GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA
ACTUACIÓN POLICIAL EN LA DETENCIÓN
DE SEIS MIEMBROS DEL DENOMINADO
«COLECTIVO TORTUGA» EL DÍA 1
DE FEBRERO DE 2003 EN ALICANTE
POR CAUSAR DAÑOS AL PATRIMONIO
PÚBLICO. (Número de expediente 181/003700.)

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):
Pasamos a la siguiente pregunta, de la que es autora
doña Juana Serna, que se refiere a la detención del
Colectivo Tortuga.
Para su formulación, tiene la palabra la señora diputada.

La señora SERNA MASIÁ: Buenas tardes, señor
director general.
Como usted sabe perfectamente, los hechos que
vamos a tratar esta tarde se refieren a lo siguiente. El 1
de febrero de este año en Alicante, sábado, 12 de la
mañana, en pleno corazón de la ciudad, como si aquí
estuviésemos en la Puerta del Sol, un paseo marítimo
lleno de gente, de turistas, hubo una protesta de un
colectivo antimilitarista, que se autodenomina Colectivo
Tortuga, y que se manifestó e hizo su propuesta frente
a un conjunto escultórico de tres soldados, que es un
monumento que el señor Trillo, hace como año y
medio, como ministro de Defensa, regaló a la ciudad
de Alicante, que por cierto ha traído muchísima polémica,
dadas las circunstancias. Este colectivo quería
simbólicamente manifestarse en contra de la guerra de
Irak. La cuestión está en que fueron seis jóvenes, tres
chicas y tres chicos. Las chicas -supongo que quizá
usted lo sabe también- portaban una pancarta que textualmente
decía: Ningún ejército, ninguna guerra, otro
mundo es posible. Los chicos portaban un bote de pintura
blanca y un mazo, con el que, según consta en las
diligencias abiertas, intentaban -entre comillas-
demoler de forma simbólica el monumento.

Pues bien, esta propuesta de este grupo antimilitarista
y pacifista acabó en cinco minutos porque la actuación
de la policía fue contundente y consideramos,
como le explicaré ahora, que fue también desproporcionada,
porque pistola en mano forcejearon con estos
jóvenes, con los chicos, que fueron detenidos -también
consta en las diligencias- por causar daños al
patrimonio artístico de la ciudad, y por esta falta -va a
ser previsiblemente una falta- pasaron la noche en el
calabozo. La policía confirma estos hechos e indica que
la actuación de los policías no fue improvisada y, por
tanto, no fue espontánea, que tenían conocimiento previo
de la acción, que iban de paisano y estaban mezclados
entre la gente a la espera de lo que ocurriese y que
hubo forcejeos con los pacifistas, pero, sorprendentemente,
dicen: no nos consta que ningún agente sacara
su arma. Al día siguiente, domingo, en todos los periódicos
nacionales sale la foto, donde se ve al agente en
cuestión con un arma y forcejeando con uno de estos
jóvenes antimilitaristas. Esos son los hechos. A nosotros
nos parece que esa actuación fue totalmente contundente,
desproporcionada. Por eso quería hacer una
muy breve valoración del asunto.

Mire, señor director general, el Grupo Parlamentario
Socialista, que desde luego está totalmente de acuerdo
con la libre expresión de cualquier colectivo, está en
desacuerdo, sin embargo, con que este grupo pacifista,
aunque fuese para hacerlo simbólicamente, usase un
mazo. Consideramos que podía haberlo hecho de otra
manera, por tanto, sí que mostramos nuestro desacuerdo
ante esta cuestión, pero nuestro desacuerdo es total
y profundo contra la actuación de la policía y contra las
declaraciones de sus jefes. En contra de la policía porque
nos parece que esa actuación no solamente era desproporcionada,
sino que además era irresponsable, por
sacar una pistola en pleno sábado, en una ciudad turística
como Alicante, en un momento en que aquel paseo
marítimo está lleno de gente; se le podía haber escapado
un tiro en ese forcejeo, por lo que nos parece irresponsable
y que va contra el más mínimo sentido
común. Podría haber habido una desgracia enorme, un
atentado para la propia vida del policía y para la gente
que estaba allí en aquellos momentos y que había rodeado
a todo aquel grupo para ver qué es lo que estaba
ocurriendo. Lo más grave es que creo que es totalmente
ilegal, como quiero después recordarle.

Sobre esta actuación hicieron declaraciones en ese
momento tanto el subdelegado del Gobierno, señor
Garrido, como el comisario jefe provincial de la Policía
Nacional, señor don Baldomero Araujo, defendiendo y
justificando la actuación con las que nuestro desacuerdo
fue total. Yo sé que usted conoce perfectamente,
señor director general, la Ley 2/1986 de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, pero quisiera recordarle
brevemente un pequeño apartado del preámbulo y
el artículo correspondiente. Dice el preámbulo de esta
ley -abro comillas-que a través de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad se ejerce el monopolio por parte de
las administraciones públicas del uso institucionalizado
de la coacción jurídica, lo que hace imprescindible
la utilización de armas por parte de los funcionarios de
policía. Ello, por su indudable trascendencia sobre la
vida y la integridad física de las personas, exige el establecimiento
de límites y la consagración de principios
sobre moderación y excepcionalidad en dicha utilización.

Precisamente porque el preámbulo establece eso,
el artículo 5.2, letra d) -señor director general, supongo
que lo recordará; también lo leo textualmente- dice
que solamente deberán utilizar las armas en las situaciones
en las que exista un riesgo racionalmente grave
para su vida, su integridad física o la de terceras personas
o en aquellas circunstancias que puedan suponer un
grave riesgo para la seguridad ciudadana.

En la situación que estamos comentando -y hay
constancia gráfica de todo ello- no existía riesgo
racionalmente grave para la vida del policía o de los
policías ni para su integridad física ni para la de terceras
personas y desde luego no había un grave riesgo
para la seguridad ciudadana, entre otras cosas porque la
misma policía declara o indica, tanto en los medios de
comunicación como ante la jueza que instruyó el caso,
que los miembros de este Colectivo Tortuga forcejearon
con ellos pero que en ningún momento se resistieron
a la autoridad de la policía. Por tanto, no entendemos
por qué sacaron un arma ante estos hechos. Nos
parece bastante inaceptable lo que dijeron el subdelegado
y el comisario.

Nosotros, pensando que el Gobierno no estaría de
acuerdo con lo que había ocurrido y que es una actuación
concreta, excepcional, pero ilegal, de la Policía
Nacional, en este caso en la ciudad de Alicante, es por
lo que queríamos preguntarle -la pregunta, desde
luego, es literal- si considera correcta la actuación
policial en este caso el día 1 de febrero en Alicante.

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):
Señor director general.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA
POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): El día
1 de febrero, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía
de la Comisaría provincial de Alicante, en el ejercicio
de las funciones que tienen atribuidas de captación,
recepción y análisis de cuantos datos puedan tener interés
para el orden y la seguridad pública, tenían conocimiento
de que el denominado Colectivo Tortuga, entre
cuyas actividades figuran las antimilitaristas, pretendía
llevar a cabo una acción sin determinar contra alguna
institución oficial, edificio o monumento representativo
del Estado. Dado que integrantes del citado colectivo
en ocasiones anteriores habían llevado a cabo actuaciones
de carácter radical y de apoyo a grupos
radicales, la Comisaría provincial de Alicante, para
proteger los derechos y libertades fundamentales y la
seguridad de las personas y bienes que pudieran verse
afectados por dicha acción, puso en marcha un dispositivo
de vigilancia compuesto por policías de paisano
situados en distintos lugares, apoyados por policías de
uniforme y vehículos con distintivos, a fin de detectar y
detener a los posibles autores en caso de que ejecutaran
las acciones temidas.

Sobre las 11,15 horas del día 1, se localizó a dos grupos
de personas que merodeaban en la plaza del Mar,
por lo que los agentes allí situados alertaron al resto y
permanecieron a la expectativa. En esos instantes, y de
manera sorpresiva, un vehículo monovolumen paró
delante del monumento al Ejército español, del que se
bajaron varias personas que vestían una indumentaria
compuesta por un mono blanco y un casco; en las
manos llevaban un mazo de grandes proporciones, un
martillo y dos botes de pintura, confirmándose así las
informaciones recabadas. Ante la inminencia de los
acontecimientos, la respuesta policial tuvo que ser
inmediata para tratar de impedir que se provocaran
daños al grupo escultórico.

A la vista de su actitud violenta
y de su comportamiento amenazante y agresivo,
especialmente del portador del gran mazo, uno de los
policías intervinientes exhibió el arma reglamentaria
con el fin de intimidar al aparente agresor, sin que se
produjeran consecuencias de ninguna clase. Tras forcejear
físicamente con ellos, se procedió a la detención de
seis activistas. Aunque no se pudo impedir que arrojaran
la pintura blanca a las esculturas, se evitó su destrucción
y, de forma inmediata, fueron limpiadas por
operarios municipales, lo que evitó que los perjuicios
fueran irreparables. Tras su detención, los seis activistas
fueron trasladados a las dependencias de la comisaría
provincial. Posteriormente, solicitaron el procedimiento
de habeas corpus, por lo que fueron presentados
ante la magistrada juez de guardia, que ratificó la
detención y devolvió a todos los detenidos a las dependencias
policiales para continuar con los trámites e
investigaciones pertinentes y ultimar la instrucción del
atestado.

Por todo lo anterior, fueron instruidas las diligencias
policiales número 2574, elevadas al juzgado de
instrucción en funciones de guardia, que dispuso la
libertad con cargos de los presentados.
En algunos comunicados de ciertos colectivos se dijo
que la actuación policial impidió el ejercicio del derecho
constitucional de manifestación. Hay que puntualizar
que ninguna persona o grupo efectuó comunicación
alguna para la celebración de una reunión o manifestación
en las vías públicas de la ciudad de Alicante el día
1 de febrero; requisito que establece el artículo 21.2 de
la Constitución y la normativa que la desarrolla para el
ejercicio del derecho de reunión en los lugares de tránsito
públicos y manifestaciones, Ley orgánica 9/1983,
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión,
modificada por la Ley orgánica 9/1999, de 21 de abril.
En consecuencia, y sin perjuicio de lo que pueda determinar
la autoridad judicial que conoce de los hechos, la
intervención policial ha sido conforme a los principios
de actuación previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, tantas veces citada por usted y por mí.

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):
Señora Serna.

La señora SERNA MASIÁ: Señor director general,
como habrá visto, los hechos que usted ha relatado no
son distintos de los que yo le he contado a usted. Quizás
usted tenga conocimiento de alguna cuestión más
interna, pero lo que nosotros preguntamos es si lo considera
correcto, si se atiene al artículo 5, que le he leído
expresamente -en todo lo demás estaríamos más o
menos de acuerdo, podríamos debatirlo-, en el sentido
de que la Policía Nacional solamente debe utilizar
las armas en situaciones en que exista un riesgo racionalmente
grave para la vida, para su vida, su integridad
física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias
que pueda suponer un grave riesgo para la seguridad
ciudadana. Señor director general, como indica el
informe que le pasan, en cinco minutos aquello había
terminado. Aquellos jóvenes forcejearon para poder
tirar la pintura, pero en ningún momento agredieron a
la policía. Es más, se tiraron al suelo, los llevaron al
furgón, etcétera. No hubo absolutamente nada, ninguna
circunstancia para que un policía sacase su pistola.
Dice, cosa que me sorprende enormemente, que exhibió
la pistola (faltaría más que se hubiese puesto a tirar
tiros), pero la cuestión es que esa actuación es totalmente
ilegal, no se atiene a la legalidad democrática
vigente. Por eso yo quería conocer su opinión.

Me
parecía mucho más importante saber cómo consideraba
el Gobierno lo que podría haber sido una actuación de
total negligencia por parte de la policía en este caso
concreto. Desde luego que es excepcional, pero sí
merecería que usted dijese cómo considera este asunto,
lo que considera el comisario jefe de la Policía Nacional
en la comisaría de Alicante ya lo conocemos y estamos
en profundo desacuerdo porque, aparte de irresponsable
y desproporcionado, que son términos
valorativos, es más grave que todo esto, porque es una
actuación ilegal. Esto es lo que nosotros queríamos
conocer de usted, cómo lo considera, cómo lo valora,
cómo lo ve y si va a tomar alguna medida al respecto,
pidiendo algún informe más exhaustivo que el que le
han indicado simplemente y que, como ha visto, yo
misma se lo he dado.

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):
Señor director general.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA
POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): He
contestado con precisión a lo que usted me ha preguntado
y se lo voy a reiterar. En consecuencia, y sin perjuicio
de lo que pueda determinar la autoridad judicial
que conoce de los hechos -y a la cual todos nos subordinamos
-, la intervención policial ha sido conforme a
los principios de actuación previstos en el artículo 5 de
la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, tantas veces invocada por usted y por mí.
Con esto contesto, pero usted quiere más y se merece
algo más, por lo que voy a intentar ahora dar una argumentación
con el fin de que podamos hacer una valoración
objetiva de esa situación.

Usted ha utilizado dos verbos que en el Diccionario
de la Real Academia tienen connotaciones bien diferentes:
el verbo utilizar y el verbo exhibir. Me limito a
lo recogido en el «Diario de Sesiones», hace cinco
minutos usted ha empleado la palabra utilizar y yo
estoy empleando, con subordinación a lo que sucedió,
el verbo exhibir. Son matices bien diferentes.
En cuanto al riesgo, ¿cómo se evalúa el riesgo?, ¿quién
evalúa el riesgo? Usted acaba de evaluar el riesgo, pero el
riesgo no se evalúa en el Congreso de los Diputados. El
riesgo se evalúa sobre el terreno, es decir, in situ.

¿Cuáles
son las consecuencias de evaluar bien o mal el riesgo?
Eso solamente se puede manejar dialécticamente en términos
de prospectiva. Usted lo está utilizando aquí en
términos de prospectiva, con todo el derecho, y en términos
de prospectiva lo estoy utilizando yo, igualmente en
términos dialécticos. Si usted lo que quiere es conocer la
opinión del director general de la Policía, que no es el
objeto de su pregunta, porque su pregunta la he contestado
con total precisión, le digo, en términos de controversia
dialéctica, que es muy diferente utilizar y muy diferente
exhibir. Lo uno y lo otro está íntimamente
vinculado y subordinado a la evaluación del riesgo.

Compartirá usted conmigo que evalúa mejor el riesgo
el que está allí, aunque la autoridad judicial determinará
si exhibió el arma con subordinación al principio
de legalidad o no, pero coincidirá usted conmigo en
que el policía que está allí en aquel momento está en
mejores condiciones que usted y que yo de evaluar el
riesgo. Siento mucho no poder ser más preciso, pero
considero que ya lo he sido bastante. Es un asunto que
tiene su complejidad, es un asunto que está judicializado
y terminaré mi argumentación diciéndole que al
principio de su intervención usted se ha referido a las
diligencias. (La señora Serna Masiá pide la palabra.)
Sí, usted al principio de su intervención se ha referido a
las diligencias.

El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García):
Señora Serna Masiá, no tiene usted la palabra.

La señora SERNA MASIÁ: No es para polemizar,
es por una cuestión de información. Las diligencias se
han abierto para los jóvenes, no para la policía, señor
director general. No está judicializado para la policía.

El señor DIRECTOR GENERAL DE LA
POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Si
estoy hablando de lo mismo que usted. Estoy hablando
de las diligencias a las que usted se ha referido, las diligencias
que se han abierto a los jóvenes. Estoy hablando
de eso, no estoy hablando de la policía. Estoy
hablando de lo mismo que usted.

Termino mi argumentación y mi información. Don
F.M.J. dice lo siguiente en esas diligencias. Declaró
que en una acción no violenta y antimilitarista procedieron
a intentar demoler la estatua, y cuando se le preguntó
si demoler una estatua no era violento, contestó
que la violencia no iba dirigida contra las personas.
Esto lo ha omitido usted, seguramente porque no tiene
el detalle de la información de la declaración que hizo
la persona que he llamado F.M.J., pero puede usted
constatar lo que acabo de decir en cualquier momento.

Así que lamento -y lo subrayo- no poder ser más
preciso pero creo que he contestado a lo que a usted le
interesaba.