La expansión del aparato estatal, deseada, so pretexto de dar soporte al Estado de Bienestar y por otros motivos no menos indeseables, por fascistas, liberales e izquierdistas, hace que cada vez más parcelas de la vida social, personal e incluso íntima se rijan por disposiciones legales, esto es, por normas coercitivas basadas en el principio de la sanción legal, lo que hace del temor (en vez de, como debería ser, del convencimiento interior de la obligatoriedad axiológica, convivencia, ética y civilizacional de obrar o de abstenerse de obrar de un determinado modo) la causa agente del modo concreto de desenvolverse la vida social y de los comportamientos individuales.
De la entronización del derecho surgen cuatro tipos de males, al menos.
Uno es que cada vez la vida es menos libre en lo civil (por no hablar de lo político), pues se ordena de un modo decreciente por
el uso, la costumbre, las normas morales, los acuerdos entre particulares,
las ideas sublimes o los valores de la civilización. Hoy solo cuenta la ley,
esto es, la pena y el temor a la pena, lo que está contenido en la funesta
noción de Estado de derecho, como reivindicación de una sociedad aherrojada
por el derecho estatal –ni siquiera por su propio derecho–, lo que
da al traste, en primer lugar, con la eticidad y bonhomía de las personas,
haciendo que todos propendan a ser igualmente irresponsables o incluso
perversos si la ley no esta al acecho para amedrentar y castigar. De ello
toma su significación la admonición de H. D. Thoreau de que “lo más
deseable de todo no es cultivar el respeto por la ley, sino por la rectitud”,
que coincide en la intención con lo que expone Fenelon, al describir su
sociedad arquetípica asentada en el amor mutuo, la excelencia ética y la exaltación de la valía individual, en la cual, dice: “no hace falta juez entre
ellos, ya que su propia conciencia los juzga”.
En “Teoría de las Cortes”, alega Martínez Marina, contraviniendo el legicentrismo
de la modernidad, que “el gran numero de las leyes es un
testimonio auténtico de la corrupción del pueblo”, lo que es cierto, pero
olvida que tal aserto puede también ser formulado al revés: las muchas
leyes corrompen al pueblo, pues le habitúan a obrar por temor a la sanción
y no por convencimiento interior respecto al bien que ha de realizar
y el mal que tiene que evitar. Esto viene a cuento del vicio legicentrista
que domina a la izquierda institucional y a la contracultura, al feminismo,
ecologismo, sindicalismo y otros, que están persuadidos de que una masa compacta de las apropiadas leyes es capaz de resolverlo todo.
Pero
quien hace leyes demanda, solo con tal hecho, más jueces, más aparato
administrativo, más agentes policiales, más cárceles y, correlativamente,
menos ética, menos convicción interior, menos reflexión y debate sobre
valores, menos cavilación y expansión del intelecto, menos afecto por los
demás, menos libertad y calidad del sujeto en suma. Además, a la vista
de los logros alcanzados por varios decenios de legislación, por ejemplo,
medioambiental, promovida por los “verdes” en diversos países, se puede
formular el siguiente teorema: la proliferación de normas legales realizadas
con propósitos mejorantes no tiene casi ningún significado práctico
apreciable, aunque sí muchos efectos negativos deseados o no, pero
aquellas leyes que se proponen metas abiertamente funestas alcanzan una
eficacia grande.
En puridad, eso no es lo peor de tal tendencia, sino lo que está en la
advertencia que en “Teoría general del Derecho” realiza N. Bobbio, “la finalidad
de cualquier legislador (…) es (…) organizar la sociedad mediante la
fuerza”, lo que es la negación, superado un límite mínimo de juridicidad,
del proyecto de una sociedad libre y democrática. Además, la enorme
abundancia de normas legales, producto de un aparato estatal hambriento
de poder que desea controlarlo todo de forma absoluta, ha dado al traste
con uno de los “logros” del liberalismo: los principios de legalidad (consignados
en los arts. 9.3 y 103.1 de la Constitución de 1978) y de seguridad jurídica, concebidos como certeza sobre los efectos jurídicos de los
propios actos.
Si la exuberancia normativa alcanza un punto en el que se
hace inextricable maraña es imposible conocer, ni siquiera por encima, si
se está conculcando alguna disposición legal, de tal manera que se vive en
una permanente situación de inseguridad jurídica, que suele ser aprovechada
por las instituciones para engordar a costa del pueblo y para punir
vengativamente a quienes resistan a sus arbitrariedades. Esto es, la ley, lejos
de protegernos se vuelve contra nosotros, lo que otorga la razón a la
aserción de Platón de que “la justicia no es otra cosa que lo que es útil para
el mas fuerte”.
En segundo lugar, lo descrito lleva al Estado policial, categoría contenida,
quiérase o no, en la de Estado de derecho, pues sin cuerpos cada vez
más potentes encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes y perseguir
a los infractores no hay Estado de derecho, debido a que la norma
jurídica depende de la capacidad poseída por la autoridad para respaldarla
de facto e imponerla en los hechos.
En tercer lugar, al ser el derecho una
regla de conducta heterónoma, más aun siendo derecho del Estado, el individuo
queda vaciado de su esencia interior, al ser moldeado desde fuera
de si, lo que culmina en una perdida dramática de la calidad media de la
persona, como es observable hoy.
En cuarto, donde rige el derecho no
impera la libertad, pues aquel es constricción. Solo es cohonestable con
la libertad un derecho mínimo; realizado desde la política y la ética y no
desde el ansia de dominación; que sea de elaboración popular, y no estatal;
que se base en la costumbre del pueblo y no en las especulaciones de
leguleyos sabihondos; que realice el bien común y no el de una minoría;
que no se sirva de aparatos policiales o judiciales especializados sino de la
vigilancia y el quehacer jurídico de la masa popular políticamente organizada.
Un desacuerdo radical entre los turiferarios de la dictadura actual y
los amantes de la libertad es que mientras los primeros ponen el acento
en el derecho, los segundos lo ponemos en un combinado formado por
la intervención política directa de la multitud, los acuerdos entre las personas
y las normas éticas de elaboración popular, de tal manera que sea la
adhesión libre al bien, el civismo y la virtud la causa agente de lo principal
del obrar del individuo.
Con la realidad del Estado de Bienestar y, quizá más, con su continua
y terminante apología, realizada por la izquierda, se ha acostumbrado al
individuo común a depender en todo de los cuerpos de funcionarios y a
esperarlo todo de ellos, olvidando y echando a perder por falta de uso sus
capacidades y responsabilidades, su libertad y su amor por la libertad, así
como lo muchísimo que, en todos los ordenes, es posible alcanzar a través
de la libre asociación voluntaria con los iguales, pues sigue siendo una
gran verdad que “la unión hace la fuerza”. Ese desventurado sujeto de la
modernidad que trabaja en un empleo monótono realizando unas tareas
cada vez más simplificadas, que entrega forzadamente al Estado una parte
notoria de sus ingresos, y que recibe de éste prestaciones y servicios que
no administra es, por necesidad, un ser sobremanera pasivo, sin iniciativa
ni aprecio por la libertad, asocial y por tanto sin alegría, perezoso y sin
vitalidad, aferrado obsesivamente a las cosas materiales y desconocedor de
la centralidad de las personas y, a resultas de todo ello, situado constantemente
al borde de la desintegración y quiebra psíquica.
Si la democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo mismo, el régimen del Estado de
Bienestar ha de ser sustituido por un sistema de libre asociación asentado
en la gestión administrativa directa de todos los asuntos por los asociados.
Quienes, ganados por una mentalidad paternalista y asistencial destinada
a engranujar con dádivas materiales a los sojuzgados, tienen eso por imposible,
deberían meditar sobre una ajustada aserción de Kant: “el paternalismo
es el peor de los despotismos imaginables”. Porque el paternalismo,
impuesto como ideología dominante desde arriba, es el fundamento
doctrinal del Estado de Bienestar, mientras que su práctica es, en efecto, el
más eficiente de todos los despotismos.
Texto tomado del libro de Félix Rodrigo Mora “La Democracia y el Triunfo del Estado: Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora” (Ed. Manuscritos)