Lástima que la información del artículo solo proporcione tres lineas (al final) en relación a esta importante nueva vuelta de tuerca en el control social que se trama en el Parlamento.
En cualquier caso no es éste un tema fácil y más de un lector aplaudirá la medida de facilitar que padres conflictivos puedan perder la custodia de sus hijos y tengan más dificultades en recuperarla. Se puede arguir que es por el bien de los menores.
Pero no es menos cierto que el estado aplica muchas veces criterios legales que no sabe o no quiere adaptar a la individualidad, la subjetividad etc, produciéndose no pocos excesos y resultando dañados e injustamente tratados no pocos menores y no pocas familias. Este futuro cambio legal proporciona más poder al estado para penetrar en las relaciones paterno/materno filiales imponiendo su fría legalidad. Es uno más de los numerosos pequeños cambios que van recortando uno a uno todos los contornos de nuestra libertad en cuanto individuos.
Nota de Tortuga.
Los centros de menores hasta los seis años deberán cerrar
JOAQUINA PRADES – Madrid
La comisión especial del Senado para la reforma de la futura ley de adopción aprobó ayer el cierre de los centros de acogida de menores abandonados entre los cero y seis años. Ha sido el punto más polémico, puesto que existen intereses creados en torno a estos centros, cuya gestión está privatizada y corresponde a empresas de servicios, ONG y órdenes religiosas. Algunos representantes del PP opusieron resistencia y han hecho constar su discrepancia. En España hay cerca de 35.000 menores desamparados. Los expertos han coincidido en que los más pequeños siempre están mejor en una familia, propia o ajena, que en un centro. Y que España figurase a la cabeza del entorno europeo en institucionalización de bebés no solo era perjudicial para los niños, sino la opción más gravosa para las arcas públicas (entre 2.000 y 6.000 euros mensuales por plaza).
El documento, aprobado por unanimidad, establece la creación de una gran bolsa de familias de acogida, con criterios de selección e idoneidad similares en todas las comunidades, que serán beneficiarias de ayudas económicas y de asesoramiento.
Y restringe los derechos de los padres biológicos que no sean merecedores de la patria potestad, o no puedan asumirla, y acorta los plazos para reclamarla hasta un límite de seis meses.
El País