Vamos a abrir una nota con respecto a este tema tan controvertido y que tan torticeramente se enfoca desde ambientes y medios “progres”. Verbigracia el Diario El País, el cual no se limita a informar sino que además comienza su artículo con un sonoro “La oposición a Educación para la Ciudadanía la ejercieron los padres, pero las consecuencias las van a pagar las hijas” con el que pretende poner de relieve el extremismo irracional de dichos padres y disculpar por completo la represión ejercida por la Administración.
Uno de los principales argumentos en esos medios es el de vincular siempre a quienes rechazan la asignatura de educación para la ciudadanía con fanatismos ultracatólicos. Tal cosa no es así, ya que hay personas que desde otros puntos de vista también rechazamos que el estado eduque a nuestros hijos en lo que podríamos llamar el fanatismo liberal-capitalista que se imparte en esa asignatura, del mismo modo que nos oponemos a la enseñanza religiosa en las escuelas.
Dice el artículo de El País que los padres y madres de las niñas “consideraron que la materia les adoctrinaba sobre cuestiones morales contrarias a las de su familia, algo que el Tribunal Supremo considera que no es cierto”. Alguien nos debería explicar qué pinta un tribunal judicial examinando inquisitorialmente los valores morales de unas personas concretas para ver si encajan o no con los que se enseñan en la asignatura de marras. Y en todo caso alguien nos tendría que ilustrar sobre las razones por las que es tal tribunal y no la familia de las niñas quien tiene derecho a decidir qué moralidad se enseña a éstas.
Alguno nos pondrá quizá el típico ejemplo extremo de unos hipotéticos padres que eduquen en valores, por ejemplo, propios de una secta destructiva. Bueno, llegados a casos tan extraordinarios incluso tendría sentido hablar y buscar salidas ponderadas, justas y lo más respetuosas posibles para todas las partes. Pero en este caso no se trata de eso. Más bien se discute el derecho del estado a imponer un café para todos a la hora de educar-adoctrinar con unas mismas ideas a todos los individuos jóvenes de la sociedad.
Se podrá decir que esas ideas son estupendas y que favorecen el civismo, la democracia, la igualdad de género etc. Bien, habrá a quien le parezcan eso, y no deja de ser hasta cierto punto razonable esa postura, y habrá, de hecho hay, a quien no nos lo parece. Porque no quiero que a mis hijos se les enseñen las “virtudes” de esta democracia que para mí no es tal. No quiero que les hablen del maravilloso orden constitucional que tenemos, que para mí es puro engaño cuando no injusticia y está al servicio de una minoría sin escrúpulos. No quiero que les cuenten, por ejemplo, lo estupenda que es la monarquía, que nuestros ejércitos garantizan la libertad y defienden la paz, que los partidos políticos son expresión de la voz del pueblo y mentiras de ese calibre. No quiero que a mis hijos los conviertan en ciudadanos engañados, sumisos y acríticos, convenientemente preparados para ser adultos que no estorben al poder y que se limiten a votar cada cuatro años y seguir todas las normas sin cuestionarlas, ya que la Ley viene a ser el dios de los “ciudadanos”.
Decía en el telediario el director del centro para justificar que no den el título a las niñas algo así como: “Si estas niñas hubieran asistido a la asignatura habrían aprendido algo que en ella se enseña, y es que las leyes hay que cumplirlas”. Sin comentarios.
Porque qué quieren que les diga. Un estado que mantiene un ejército embarrancado en guerras injustas (si las hay justas) en las que, por ejemplo, se masacra a niños que cogían leña para calentarse, un estado que permite la tortura y el abuso policial, un estado que fabrica y vende terribles armas a países en guerra y a dictaduras totalitarias, un estado dirigido por personas que han hecho de la mentira su forma habitual de dirigirse a quien sea, que cada dos por tres salen en el telediario por asuntos de corrupción y latrocinio, que redirigen los impuestos de la gente hacia el engorde de los beneficios de la banca, que muestran de mínimo a nulo respeto a las necesidades medioambientales etc etc etc, un estado así no es quién para encargarse de la educación en valores de nuestros hijos. ¿O les parece que lo progre y correcto sería decir que sí?
Cigala News.
Ver también:
Educación para la ciudadanía: educación para el militarismo
Dos alumnas se quedan sin el título de ESO por el rechazo a Ciudadanía
La Junta de Andalucía respalda a los docentes que les niegan el graduado
MANUEL PLANELLES – Sevilla
La oposición a Educación para la Ciudadanía la ejercieron los padres, pero las consecuencias las van a pagar las hijas. Dos alumnas de un instituto público de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) se han quedado sin el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por no cursar dos asignaturas: Educación para la Ciudadanía (3º de ESO) y Educación ético-cívica (4º de ESO). Consideraron que la materia les adoctrinaba sobre cuestiones morales contrarias a las de su familia, algo que el Tribunal Supremo considera que no es cierto.
Al tener pendientes estas dos materias, la obtención del graduado en ESO dependía del criterio del equipo docente. Los profesores entienden que las dos menores no cumplen con las competencias básicas y los objetivos generales de la etapa que les harían merecedoras del título, por lo que no se lo conceden. Se trata, por ejemplo, de conocimientos sobre la Constitución o el sistema de partidos políticos, que forman parte de estas asignaturas.
La Delegación de la Consejería de Educación en Sevilla, tras varios meses, ha decidido respaldar a los profesores. El delegado en Sevilla, Jaime Mougán, tiene previsto firmar en breve -previsiblemente hoy- la resolución que da la razón al centro.
Las alumnas están estudiando 1º de Bachillerato con una «matrícula condicionada», según detalló ayer Mougán. Pero ahora deberán volver a matricularse de 4º de Secundaria para adquirir todas las competencias necesarias para superar la etapa, señaló el delegado de Educación. La decisión tomada por la consejería andaluza -que puede ser recurrida por los afectados por la vía judicial- no ha sido sencilla. Incluso dentro de la Inspección Educativa, que ha elaborado varios informes sobre este asunto, hay disenso.
El equipo docente decidió no conceder el título de ESO a las dos alumnas -que en el resto de materias tienen un buen expediente- en septiembre del año pasado. Los padres acudieron a la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones, el órgano que media cuando hay discrepancias en las calificaciones de los alumnos. Esta comisión recomendó al centro educativo, en octubre, que reconsiderara su decisión por el perjuicio que se podría causar a las dos estudiantes.
Sin embargo, el equipo docente del instituto la ratificó el 26 de enero pasado y denegaron el título de ESO a las dos alumnas. Finalmente, el delegado de Educación, Jaime Mougán, ha tenido que resolver el asunto y se ha decantado por apoyar la decisión tomada por los profesores.
Las estudiantes tendrán que matricularse otra vez de 4º de Secundaria.
«No se puede dar carta de naturaleza a la abstención a una asignatura, porque se puede abrir una espita para que alguien decida no cursar otras asignaturas», señaló Mougán, quien reconoció que es el primer caso de este tipo que se detecta en la provincia. Un argumento similar fue el que utilizó recientemente ante el Tribunal Constitucional la Abogacía del Estado para rechazar la objeción: «Hoy la objeción recae sobre Educación para la Ciudadanía. Mañana podría objetarse la asignatura Ciencias de la Naturaleza, porque se explica en ella la teoría de la evolución, incompatible con la letra del relato bíblico de la Creación».
El Tribunal Supremo estableció en enero de 2009 que no existe el derecho a la objeción de conciencia a Ciudadanía. El Supremo resolvió así una polémica que duró años y que encontró respuestas distintas en función del tribunal regional que analizara el problema. Los que rechazaban, apoyados por la Iglesia católica, esta materia consideraban que tenía un carácter adoctrinador y que defendía una supuesta «ideología de género» y el «relativismo». Los defensores rechazan esas ideas y recuerdan que asignaturas similares se imparten en gran parte de Europa. Finalmente, el Supremo resolvió que Educación para la Ciudadanía «no implica fines de adoctrinamiento ni transgresión» de la Constitución. Sin embargo, la lucha de algunos contra la asignatura continuó, aunque ahora contra los manuales con los que se imparte la materia.
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fecapa), una de las instigadoras en Andalucía del rechazo a Educación para la Ciudadanía, ha criticado la decisión tomada por el instituto sevillano, al que ha acusado de practicar acoso docente. Según Fecapa, la decisión del instituto es «arbitraria, y contraria a derecho» y el resultado es que «se está persiguiendo a dos alumnas».
Las fechas de la batalla
– La ley. Abril de 2006. Se aprueba la Ley Orgánica de Educación, que incluye la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) en 5º o 6º de primaria y 2º o 3º de ESO. También se introducen contenidos de Educación para la Ciudadanía en asignaturas que ya existían: Ética de 4º de ESO y Filosofía de 1º de Bachillerato.
– La objeción. Junio-julio de 2006. El obispo Antonio Cañizares asegura que Educación para la Ciudadanía «es un ataque más a la familia». El Foro Español de la Familia llama a los padres a la objeción de conciencia.
– La primera sentencia. Marzo de 2008. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reconoce, por primera vez, el derecho de unos padres de Bollullos Par del Condado (Huelva) a que su hijo no curse la asignatura. Es la primera sentencia favorable a la objeción, luego vendrían otras en ambos sentidos.
– El no del Supremo. Enero-febrero de 2009. El Supremo dice que no se puede objetar. El Ministerio de Educación asegura que la polémica queda zanjada. La sentencia anima a vigilar que ningún manual se salte la neutralidad ideológica.
– Los libros de texto. Julio de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía admite a trámite el recurso de una familia contra un libro de Educación para la Ciudadanía. En octubre de 2010 se decidió que el libro era adoctrinador, pero en lugar de prohibirlo, volvió a avalar la objeción del alumno.
– El Constitucional. Diciembre de 2010. El primer recurso de amparo sobre la objeción está pendiente de decisión en el Tribunal Constitucional. El abogado del Estado argumenta que la educación no es monopolio de los padres.
– Enero de 2011. Un juzgado de Madrid anula el suspenso a una niña que no asistió a clase de Ciudadanía, pero hizo el examen y lo aprobó.
Diario El País
¿Libertad de los padres por encima de todo?
Comparto con el autor o autora de la nota la valoración sobre las características del estado al que estamos sometidas y su calidad moral: militarismo, impunidad de la tortura, corrupción. Difiero en su valoración del incidente al que se refiere, de la campaña de oposición a la ciudadanía de la que forma parte y del concepto de «libertad» de los padres para elegir la educación de sus hijas e hijos que parece defender.
Los contenidos de la educación para la ciudadanía en los que estos padres no querían que sus hijos fueran «adoctrinados», no eran el capitalismo ni el militarismo, que se transmiten mediante el conjunto del currículo y de forma extracurricular mediante la propaganda del alistamiento en las Fuerzas Armadas, la «colaboración» de empresas privadas que así se publicitan y prácticas similares. Eran: que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y que entre los matrimonios está el homosexual. Estos contenidos, calificados de «ideología de género que desintegra la familia» habían sido recurridos judicialmente sin éxito, al no avalar la sentencia el derecho de los padres a que sus hijos no conocieran esta parte del ordenamiento jurídico.
La objeción a la Ciudadanía formaba parte de una campaña de oposición al gobierno del PSOE por parte de la derecha ultracatólica española, organizada políticamente en el PP, no de ningún movimiento por la libertad. Esta campaña tomó diferentes formas según quienes la impulsaban estuvieran en la oposición o en el poder. En el País Valenciano la llevó a cabo el gobierno del PP ordenando que la asignatura se impartiera en inglés. Lo absurdo de tal norma y la evidencia de que con ella la Generalitat, representada por el Conseller de Educación, Font de Mora, utilizaba al profesorado y al sistema educativo como piezas en su particular batalla con el partido político rival, el PSOE, generó rechazo en parte de la comunidad educativa. Como muestra del mismo, algunas profesoras y profesoras se negaron a aplicar una norma que, además de disparatada, era manifiestamente ilegal, como se mostró posteriormente. La respuesta de la Consellería, amenazando con sanciones durísimas a las profesoras y profesores que «objetaran», fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del profesorado ante un deterioro implacable de la educación pública, y desencadenó un ciclo de movilizaciones en defensa de la educación pública que duró más de un año.
Este modelo de campaña, «en defensa de la libertad de los padres para educar a sus hijos», se ha aplicado y se está aplicando ahora a la educación sexual. En Andalucía, gobernada por el PSOE, se objeta y se recurre judicialmente, no ante el currículo oficial, que no lo hay, sino ante los contenidos que imparte el profesorado en el ejercicio de su libertad de cátedra, o que decide la comunidad educativa a través del consejo escolar. Mientras, en el País Valencià, la Consellería de Educación ha retirado los talleres que se estaban realizando en los centros, impartidos por personal sanitario, y si algún enseñante o centro se atreve con la educación sexual y expone una concepción de la sexualidad diferente al que este sector defiende, se aplica el modelo andaluz de «objeción» y denuncia. A la vez, curiosa coincidencia, el Arzobispado de Valencia ha lanzado su programa de educación afectivo-sexual que, según dice, «representa un material de referencia a la hora de impartir estas enseñanzas».
El tema de la libertad de los padres para educar a sus hijos es más complejo. En primer lugar, porque no se tiene en cuenta el paso progresivo de la libertad de los padres y madres a la de hijas e hijos. En terrenos como el divorcio o las intervenciones sanitarias, se tiene en cuenta la opinión del menor a partir de los 12 años, sin embargo en la educación, los defensores de la libertad de los padres coinciden con el estado en negar toda libertad de los hijos hasta los 18 años.
En segundo lugar, porque en nuestra sociedad la patria potestad no es absoluta, sino que está limitada por los derechos de los hijos e hijas. Este principio, relativamente reciente, del ordenamiento jurídico, tiene su origen en la idea de que dentro de la unidad familiar puede haber intereses diferentes y que por tanto el padre o tutor -o en las últimas décadas el padre y la madre- no representa siempre y en todos los casos los intereses de sus descendientes menores de edad, por lo que estos merecen protección judicial. Defender el principio de la libertad de los padres frente a la intromisión del estado es defender el absolutismo de la familia, la libertad de los mayores aun a costa de los derchos de los menores, no solo a educarlos en una secta o a enseñarles que la masturbación produce enfermedades, sino también a pegarles o corregirlos según su criterio, sea este el que sea. En tercer lugar, los padres que retiraron a su hijos de esta asignatura no cuestionaban la obligatoriedad de la escolarización, ni la legitimidad del estado para regular los contenidos de las demás asignaturas. Su posición solo sería congruente si lleva consigo el derecho de todos los padres y madres de que impedir que a sus hijas les enseñen la Navidad, el franquismo, o la evolución de las especies, o que estudien música o educación física. Frente al derecho de los padres a una educación a la carta según sus creencias, y frente al derecho del estado a imponer sus contenidos, la mejor opción me parece la escuela pública, laica, democrática y pluralista.
¿Libertad de los padres por encima de todo?
Difiero y trataré de resumir y no enrollarme mucho.
El comentario habla de educación de la ciudadanía como una asignatura donde se enseña la igualdad de sexos y la legitimidad del matrimonio homosexual. Me parece una visión brutalmente reduccionista que quiere ver las cosas desde una muy determinada mentalidad «progresista». En dicha asignatura hay todo un programa de lo que debe ser un buen ciudadano o ciudadana en infinidad de aspectos, siempre desde la visión de una determinada ideología: Llamémosle la «liberal-capitalista del estado del bienestar».
En el comentario se discute el derecho de la familia a educar a sus hijos menores de edad según sus sistemas de valores alertando que se puede caer una absolutización tiránica de la misma con perjuicios posibles para los derechos de los mismos. A cambio se habla del «estado» como la institución capacitada fuera de toda duda para educar a esos menores respetando sus derechos mediante la herramienta de «la escuela pública, laica, democrática y pluralista». No entiendo en virtud de qué los seres queridos del menor son vistos con sospecha, como personas capaces de vulnerar sus derechos, y el estado comandado por criminales y corruptos no.
Porque a mí la escuela estatal no me resulta pública: solo unos pocos deciden sobre su configuración y contenidos educacionales; no me resulta laica: amén de que en ella sigue existiendo la religión católica como asignatura se enseñan otras «religiones» no espirituales pero igualmente dogmáticas; no me resulta democrática: puesto que educa en los principios de la jerarquía y el darwinismo social; y por último no me resulta pluralista, puesto que ni puede ni quiere adaptarse a necesidades y sensibilidades diferentes. Es la escuela del sistema. Todas las escuelas lo son siempre en la sociedad en la que están, y están hechas para perpetuarlos. Esta no lo es menos y está para transmitir los valores de lo que tenemos ahora: un sistema no-democrático gobernado desde instituciones liberales y capitalistas.
Mi crítica a la institución de enseñanza de este sistema lo es a su misma raíz. No obstante, si queremos ser progresistas y quedar bien como tales no creo que nos podamos limitar a abrazar un modelo o una asignatura solo porque en ella se expresa la igualdad de género o la legitimidad del matrimonio homosexual (más cuando el resto de cosas que allí se enseñan suponen pura legitimación del resto del sistema que tenemos), aplaudiendo así a la represión del estado con quienes no están de acuerdo en dejar que sus hijos la reciban. Al final se cae en una absolutización tanto del estado en sí, como de sus mecanismos imperativos y represivos. Esta es la llamada estatolatría de la izquierda.
Si queremos ser progresistas, digo, y queremos hacer algún tipo de reivindicación de la educación estatal, al menos reivindiquemos una educación que se ciña a lo científico y profesional y que no se meta en adoctrinar a las niñas y niños ni con fines religiosos ni con fines políticos, como se hace en educación para la ciudadanía. En mi opinión lo normal es que los seres queridos de niños y niñas los eduquen con amor y buscando siempre lo mejor para ellos/as. Habrá casos de colores y gente que se equivoque. Habrá incluso situaciones extremas que hagan necesario algún tipo de intervención en favor de esos menores. Pero tal cosa será siempre excepción y no norma. Y me parece fatal prevenir esas excepciones adjudicando al estado, una instancia ajena y -repito- administrada para su interés por los peores elementos de la sociedad, la educación integral de los niños y jóvenes con carácter preeminente.
Saludos.
¿Libertad de los padres por encima de todo?
Y contestando a la pregunta: «¿Libertad de los padres por encima de todo?»
Sí, siempre que el menor sea respetado en toda la integridad que le es propia de acuerdo a su edad y capacidades.
Porque lo contrario sería «libertad del estado para controlar nuestras vidas en todos sus aspectos». Como por otra parte viene haciendo, y cada vez más. Con ayuda de cierta izquierda que ve en «lo público» una especie de nuevo dios.