O sea, que la administración se ha dotado de –otra- herramienta legal para criminalizar y multar a algunas de las personas más débiles de la sociedad. El chatarreo es una actividad de gente marginal y de inmigrantes sin medios de ningún tipo. Es una tarea ecológica, no molesta y socialmente útil. Ahora esta gente estará también por esta razón bajo la mirada de la policía. Nota de Tortuga.
El gobierno exprime a los chatarreros ambulantes con la nueva Ley de Residuos
Mientras el Estado regala dinero a los bancos, impone duras normas y presiones económicas a personas en situación de precariedad y marginalidad social.
Indignado
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Mientras el Estado tira por el retrete millones de euros de nuestro dinero en forma de rescate financiero a multitud de delincuentes económicos, y se permite que macroempresas con beneficios millonarios como Telefónica abusen de miles de trabajadores; con la nueva Ley de Residuos aprobada por el Gobierno los chatarreros ambulantes, personas que se dedican a una dura actividad marginal debido a la precariedad de sus condiciones de vida, estarán obligados a partir de este momento a estar dados de alta en el epígrafe 621 (Hacienda) y autorizados por su Comunidad Autónoma para el ejercicio de esta actividad, bajo la amenaza de no seguir comprándoles la chatarra que día a día, recolectan y transportan pesadamente, muchas veces en carros de ruedas impulsados por ellos mismos.
Como se puede apreciar en el documento gráfico que adjunto, con la aprobación de la nueva Ley de Residuos, se obliga a personas que ya viven en condiciones de vida miserables a empeorar sus condiciones de vida con presiones contributivas que la mayoría no van a poder soportar. A partir de ahora los chatarreros ambulantes deberán pagar una licencia para poder continuar con su actividad y deberán declarar sus ingresos. Previsiblemente muchos de ellos simplemente desistirán de continuar con este medio de subsistencia y caerán en la miseria total que con esta precaria actividad económica trataban de evitar.
No sería una mala noticia para los ciudadanos el aumento del control fiscal en cualquier actividad económica por muy pequeña que esta sea, sino contrastase con la impunidad fiscal manifiesta en grandes empresas y en las cuentas de políticos implicados en casos de evasión fiscal como Fabra y Artur Más a los que se ha dejado de investigar por haber prescrito sus delitos (aún habiendo sido estos ámpliamente demostrados). Tampoco es muy motivador el panorama político plagado de casos de corrupción. Es perfectamente posible que una parte de los ingresos que estos chatarreros ambulantes deberán declarar a Hacienda, vaya diréctamente a pagar los 1800 euros mensuales en dietas de desplazamiento y alojamiento que cobra cualquier diputado no residente en Madrid aparte de su sueldo neto de demasiados miles de Euros. O a cualquier senador o senadora que en dos años ha cobrado 300.000 euros limpios sólo por plantear dos preguntas en la cámara del Senado y no aparecer más por allí en todo ese tiempo. Eso aparte de sus otros sueldos millonarios perféctamente compatibles con éste.
Con estas agresiones sociales queda perfectamente claro que los políticos, banqueros y grandes empresarios de este país están dispuestos a robarnos TODO.
¿LO VAMOS A PERMITIR?