El gobierno español también rescatará a autopistas de peaje privadas con nuestro dinero

El PP da más garantías para paliar la quiebra de las autopistas de peaje

Las enmiendas a los Presupuestos incluyen medidas sobre las concesionarias.

Fernando Garea. Madrid

El PP ha incluido en sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado nuevas garantías para intentar salvar a las empresas concesionarias de las autopistas de peaje en situación de quiebra. Estas sociedades tienen acumuladas pérdidas que, según las últimas estimaciones, superan los 4.000 millones de euros.

El origen del agujero está en los contratos que firmaron cuando fueron proyectadas con el segundo Gobierno de José María Aznar, con unas previsiones de ingresos muy superiores a los que han resultado finalmente. Ese fiasco sobre las previsiones ha hecho que anualmente en todos los Presupuestos se hayan incluido ayudas directas o garantías para que renegocien su deuda con los bancos y evitar así su quiebra.

En caso de concurso de acreedores se recuperará el dinero público
Tanto los gobiernos del PSOE como ahora los del PP han ido buscando esas soluciones y casi siempre vía enmiendas, presentadas y aprobadas con posterioridad a la presentación del proyecto de Presupuestos. Hace dos años el Ejecutivo ya les concedió un ventajoso préstamo para que prosiguieran su actividad y ahora, vía enmiendas, se añaden nuevas garantías para evitar su quiebra. El actual Gobierno ya incluyó garantías en el proyecto de ley de Presupuestos, la previsión de cuentas de compensación en las que se consignen “anualmente la diferencia entre los ingresos de peaje que se hubieran producido de haberse alcanzado el 80% de los ingresos previstos en el plan económico financiero presentado en la oferta de licitación por dicha sociedad y los ingresos de peaje reales”. La enmienda del PP a los Presupuestos permite a las empresas concesionarias solicitar a Fomento préstamos participativos. Se añade que “el Ministerio de Fomento dentro del primer trimestre de cada año podrá otorgar los mencionados préstamos participativos a las sociedades concesionarias que lo hubieran solicitado”. El procedimiento establecido incluye un periodo de carencia para estas empresas en el pago de intereses que se extiende a 2014.

La novedad de las enmiendas es que extiende también hasta 2018 la existencia de estas garantías. El proyecto de Presupuestos hablaba de tres años, es decir, hasta 2015. Se mencionaba la posibilidad de extenderlo hasta 2021 solo como posibilidad, pero esa solución no gustaba a las entidades bancarias afectadas en la negociación de la deuda de estas sociedades. Por primera vez, además, se contempla la posibilidad de quiebra o concurso de acreedores de estas empresas, ya que se incluye en la enmienda la previsión de que en ese caso todas las ayudas públicas retornarían a la Administración. “Los saldos de las cuentas de compensación y los intereses devengados serán exigibles en todo caso por la Administración en el supuesto de que la concesionaria fuera declarada en concurso de acreedores”, asegura la enmienda presentada el viernes por el PP.

Las ayudas y garantías en los últimos años se han dirigido a las radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5), la autopista de peaje a Barajas, la Ocaña-La Roda y la autopista Alicante-Cartagena-Vera. Ahora se incluyen la de Santiago de Compostela-Ourense y la León-Astorga. Según el portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, estas medidas son solo “parches, que eluden una solución definitiva”. En estas autopistas entraron constructoras (Ferrovial, ACS, OHL, Cintra, Sacyr, Sando, Isolux…) y cajas de ahorros, como Caja Madrid, Unicaja, Cajamurcia o Cajamar. El fiasco de las autopistas de peaje ha lastrado aún más estos dos sectores, de por sí afectados notablemente por la crisis económica. En Madrid, cuatro concesionarias se han acogido a concursos de acreedores. Entre ellas se encuentra Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y R-5 (participada por Abertis, Sacyr y ACS), para refinanciar con la banca acreedora una deuda de 666 millones de euros. Además, las dos sociedades que gestionan la autopista de peaje R-4 solicitaron el concurso voluntario de acreedores por una deuda de 575 millones.

El País