Alfons Garcia, Valencia
¡Vaya cosas tiene la política en el siglo XXI! La consellera de Bienestar Social del Gobierno valenciano, Alicia de Miguel (PP), se alineó ayer con el paradigma de la socialdemocracia europea (Suecia) y defendió la abolición de la prostitución y la penalización a los clientes. No se quedó ahí. De Miguel realizó un alegato en favor de las utopías: «La erradicación de la prostitución es una tarea impresionantemente compleja, pero creo que hay que luchar por utopías, aunque parezcan imposibles. No hace tanto las mujeres no podían salir de este país sin permiso del marido». Frente a ella, profesoras y responsables de los grupos de estudio sobre la mujer de las universidades valencianas abogaron por posiciones más pragmáticas y reivindicaron, al menos a corto plazo, la regularización de esta actividad, ya que supondría dotar de algunos derechos a un colectivo que ahora carece de ellos.
La consellera, que inauguró las Primeras Jornadas de Reflexión sobre la Prostitución en la Comunidad, dejó claro que sus argumentos no eran personales. «El Gobierno está convencido de que [esta práctica] atenta contra la dignidad de las mujeres, es un atentado contra ellas y una forma de violencia de género», dijo. Rechazó así la regularización de esta actividad (fórmula que ha planteado Cataluña y que funciona desde hace años en Holanda), porque «estamos ante la compra/venta de un ser humano» (la comparó con el comercio de órganos) y una forma de explotación «en el 99% de los casos», opinó.
Declaró «más interesante» el modelo sueco y, aunque el tema está en estudio, avanzó que «iremos más por ahí». «Nos parece que la penalización de los clientes es la filosofía más interesante», sentenció. Aclaró que no es «una cuestión de moralina, sino de dignidad».
La «hoja de ruta» del Consell pasa por elaborar un plan -en el que ya está trabajando- que erradique la prostitución. La consellera habló de medidas de dignidad, formación laboral e inclusión, con hincapié en las inmigrantes.
El discurso fue acogido con evidentes reticencias por el auditorio, mayoritariamente universitario. Incluso Olaya Castells, la representante de Causas Unidas (una ONG que trabaja con este colectivo en Castelló), abordó a De Miguel ante las cámaras para preguntarle qué quería decir con erradicación y defender la legalización como medio de acabar con mafias y proxenetas.
El debate está abierto, pero la directora del Institut d’Estudis de la Dona de la Universitat, María Luisa Moltó, se preguntó si se puede abolir algo por decreto. Afirmó que la venta del cuerpo no es aceptable a largo plazo, pero a corto término consideró viable la legalización si lo hacen como trabajadoras autónomas. María José Ortí, de la Fundación Isonomía (UJI), pidió escuchar a las afectadas y sentenció que las que defienden la abolición no lo han hecho. La profesora de Trabajo Social Magdalena López incidió en que es un trabajo que existe, pero a quienes lo realizan se les sustraen sus derechos.