El último número, 109, de la revista “Papeles de relaciones ecososiales y cambio global” –enésima metamorfosis de aquellos “Papeles para la paz” del CIP- recupera algo de su temática original con un número monográfico dedicado a “Debates para la paz a comienzos del siglo XXI”. Los artículos son de interés variopinto –desde uno totalmente despreciable sobre ‘la violencia revolucionaria como dimisión moral de la izquierda’ hasta éste del que transcribo extractos a continuación (Crates).

El miedo de las mujeres como instrumento del patriarcado / Claves para una política pública de seguridad que incorpore las necesidades y demandas de las mujeres. – María Naredo Molero, jurista experta en derechos humanos y género.

La ausencia de un debate en profundidad sobre el concepto de “seguridad ciudadana” tiene como principal consecuencia la persistencia de mitos y creencias erróneas en torno al mismo. Este artículo propone argumentos útiles, que parten de la complejidad del fenómeno de la seguridad, y de sus múltiples causas y manifestaciones, para desarticular estas premisas erróneas e incorporar un enfoque sensible al género en este campo de las políticas públicas.

Las políticas de seguridad ciudadana al uso han venido considerándola casi como un sinónimo de ‘ausencia de criminalidad callejera’. Esta reducción ha dejado fuera de foco buena parte de las relaciones y actitudes de las que queremos ‘cuidarnos’ las mujeres, pero además ha contribuido a la conformación de la seguridad como un derecho ‘contra’ –mi seguridad contra tu libertad; la seguridad de una parte de la ciudadanía contra la seguridad de otra-.

La seguridad no sólo no está reñida con la libertad, sino que más bien no resulta concebible sin ella. Está íntimamente relacionada con la libertad de movimiento y uso de los espacios urbanos, y con la libertad en las relaciones personales, especialmente en la esfera íntima. Un enfoque democrático de la seguridad pública, lejos de tomar la defensa de este derecho como pretexto para recortar libertades, debería empeñarse en garantizarla al conjunto de la ciudadanía en igualdad de condiciones.

La reducción de las múltiples formas de seguridad a una concreta –y en determinados entornos, más bien anecdótica- , la criminalidad callejera relacionada generalmente con los delitos contra la propiedad, se basa en cuatro decisiones:
1. Tomar como sujeto de protección a un ‘ciudadano tipo’, con la pretensión de que representa las necesidades de seguridad del conjunto de la ciudadanía, pero cuya identidad encaja a la perfección con la del hombre-propietario.
2. Diferenciar nítidamente dos ámbitos de la vida ciudadana: el espacio público (peligroso) y el espacio privado (referente de seguridad).
3. Identificar a determinados grupos sociales, en general precisamente a los más desfavorecidos socialmente, con el peligro.
4. Medir la inseguridad ciudadana a través de las cifras de criminalidad documentada.

Estas cuatro decisiones han impactado en la falta de visibilidad y atención de las necesidades de seguridad de las mujeres y de una parte de los hombres que, por su edad o circunstancias personales, tampoco se identifican con ese ciudadano tipo.

La gestión pública de la seguridad ha puesto su atención en los ataques a la libertad en el marco de la delincuencia contra la propiedad entre personas desconocidas, y sin embargo, la experiencia de las mujeres discurre por cauces bien distintos. La experiencia de las mujeres se obstina en ubicar la restricción de libertades y la merma en el disfrute de los derechos humanos fundamentalmente en el entorno conocido, y muy especialmente en el domicilio familiar y en el ámbito laboral. Las personas que entablan relaciones de abuso y opresión con las mujeres no suelen encajar en el estereotipo de ciudadanos peligrosos, sino que generalmente forman parte del círculo de hombres cercanos, cualquiera que sea la edad y clase social de las mujeres. En las vivencias de las mujeres el referente del domicilio como ‘guarida’ frente a los peligros de la calle queda en entredicho.

Por tanto, encontramos que la decisión de poner el acento en los espacios públicos y en las personas desconocidas como fuentes de peligro, ha desenfocado los principales espacios y relaciones que provocan agresiones a la seguridad de las mujeres. Y que la pretensión de medir la inseguridad a partir de la criminalidad documentada ha ido en la misma dirección. Tengamos en cuenta que, en la experiencia de las mujeres, los abusos (hasta los más graves) denunciados son una excepción. La mayor parte de las fuentes de inseguridad objetiva vividas por las mujeres son delitos no denunciados u otras microviolencias no tipificadas como delito.

Uno de los elementos esenciales que deberían caracterizar a las políticas de seguridad con enfoque de género es reconocer la importancia del componente subjetivo (el sentimiento, la percepción) de la seguridad y desvincularla, al menos en gran parte, de las fuentes objetivas de inseguridad. Según las estadísticas, las mujeres son menos victimizadas que los hombres en el espacio público, y sin embargo su miedo es mayor. Esta aparente paradoja no se explica sólo a partir del impacto que pueda tener la violencia contra las mujeres en el espacio privado. Es preciso ir más allá de las agresiones concretas vividas y buscar las raíces del miedo en la socialización, en la educación de las mujeres y de los hombres, y comprender la función de estos mecanismos de creación del miedo. Una de las características que diferencian la socialización de las mujeres de la de los hombres respecto al uso del espacio público y a las relaciones personales, es el aprendizaje de estrategias de autoprotección por parte de las mujeres.
Estas experiencias pueden incidir en una menor exposición al riesgo, pero no son inocuas. Las estrategias de autoprotección generan sentimientos de alerta, de miedo, y limitan las relaciones y el uso de los espacios públicos. CAFSU elaboró un listado de ‘efectos del sentimiento de inseguridad’ en la vida de las mujeres que recogía, entre otros, los siguientes:
– Restricciones en la movilidad.
– Obstáculos para la participación de la vida social.
– Dependencia de la protección de otras personas –generalmente hombres-.
– Falta de autoconfianza y desconfianza en personas desconocidas.
– Sentimiento de culpabilidad y de responsabilidad ante un incidente.
– Transmisión del sentimiento de inseguridad a las niñas.
– Invalidación de su propia experiencia –no debería tener miedo…-.

Reflexionar sobre el impacto de las estrategias aprendidas de autroprotección en la vida de cada mujer es interesante, pero aún lo es más plantear el efecto de dicho aprendizaje en la posición de las mujeres en la vida social –familiar, laboral, política, vecinal…-, y más concretamente, en el reparto de oportunidades y libertades propio del patriarcado. El escritor Eduardo Galeano identificó como uno de los temores de nuestro tiempo “el miedo del hombre a la mujer sin miedo”, lo cual revela hasta qué punto la inseguridad de las mujeres es un ingrediente básico para el mantenimiento del status quo de las relaciones de dominación patriarcal. Y a la inversa, la gran capacidad de transformación social que se derivaría de la superación de ese temor aprendido por parte de las mujeres.

Por todo ello, el abordaje del sentimiento de inseguridad de las mujeres debería ser una cuestión central en el planteamiento de las políticas de seguridad ciudadana. Profundizar desde un enfoque de género en la génesis del miedo permitiría formular propuestas de fomento de la seguridad que atiendan a sus verdaderas raíces. Se evitaría así canalizar todo un conjunto de inseguridades personales y sociales difusas en forma de castigo a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Ya se ha indicado que las agresiones contra las mujeres muy a menudo aparecen infra-representadas en las estadísticas oficiales y que, en gran parte, esto es debido a que provienen generalmente de hombres conocidos, cuya relación con las mujeres se ubica en el ámbito privado o laboral. Estos espacios han sido escasamente considerados por las políticas de seguridad, con la excepción de los casos más graves de agresiones físicas contra las mujeres. Tampoco ha sido objeto de estudio y atención el impacto que pueden tener las agresiones que muchas mujeres reciben en esos espacios invisibles de relación –la familia, la pareja, el trabajo- sobre su percepción de seguridad en la utilización del espacio público.

En el caso de las relaciones íntimas o de pareja, la opresión y la falta de libertad de las mujeres es causa y consecuencia de la sociedad patriarcal y se asienta en la visión de ‘complementariedad’ y, por tanto, de dependencia. Como dos caras de una misma moneda, se establece sobre un modelo de masculinidad orientado a proteger, controlar y negar el propio miedo, y sobre un modelo de feminidad caracterizado por los temores difusos y la búsqueda de protección masculina.
Las estrategias públicas de seguridad podrían apoyar una socialización femenina exenta de miedos difusos y mal orientados, y a la vez fomentar la capacidad de las mujeres de identificar las relaciones nocivas de las que es preciso cuidarse. Una línea de acción clave, relacionada con la incidencia en el aprendizaje del miedo por parte de las niñas, es que la educación potencie la seguridad de las niñas, el establecimiento de relaciones seguras y la normalización del uso de todo tipo de espacios.

El enfoque tradicional atribuía la gestión de la seguridad humana a una sola instancia: la policial. Pero, además, sería fundamental convocar a instancias que trabajan en el ámbito educativo y de defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género para poner en marcha acciones dirigidas a promover las relaciones seguras y fomentar la libertad de las niñas y las mujeres para correr riesgos. También deberían ser convocadas a este abordaje interdisciplinar las instancias encargadas del diseño urbano. El urbanismo puede fomentar el uso de los espacios públicos y la comunicación vecinal o, por el contrario, incidir en el uso de esos espacios meras zonas de tránsito: los barrios con mezcla de usos son una estrategia fundamental para el fomento de la seguridad, desde las posibilidades que ofrece el control social informal. La garantía de formar parte de una red social y comunitaria es otra importante fuente de seguridad, como lo es la posibilidad de apropiación y uso del espacio público cercano.

Existen estrategias dirigidas a potenciar las redes y espacios de apoyo entre mujeres. Este tipo de acciones, además de reforzar el sentimiento de seguridad, contribuyen a generar redes de conocimiento compartido en materia de derechos de las mujeres, y ayudan a que afloren las agresiones más ocultas. Un ejemplo de estrategia en este sentido es el proyecto desarrollado en Petrozavodsk (Rusia), un municipio de cerca de 300.000 habitantes en el que las mujeres organizadas en red se han constituido en referente de seguridad para los barrios –especialmente en lo relativo a la violencia oculta contra mujeres y niñas-. A la vez, se ha logrado involucrar a instancias sociales, educativas y de planeamiento urbano del municipio y promover la incorporación del enfoque de género en la elaboración y tratamiento de los datos sobre criminalidad.

Promover el uso del espacio público por parte de mujeres de todas las edades es otra estrategia interesante. Las caminatas exploratorias, los talleres de debate sobre el espacio urbano y la elaboración de mapas de percepción de la inseguridad son ejemplos de participación de las mujeres en las estrategias de seguridad. El desarrollo de estas actividades contribuye decisivamente a la apropiación del espacio por parte de las mujeres y a la creación de redes vecinales. En el Estado español, cabe destacar la experiencia de ‘El mapa de la ciudad prohibida para las mujeres’, desarrollado en un buen número de municipios vascos.

La importancia de este tipo de estrategias reside en el cambio de enfoque que ejemplifican. En ellas, las mujeres no son sujetos pasivos a proteger y controlar, sino personas autónomas y expertas, en posición de elevar sus demandas y de contribuir a generar estrategias de cambio de su propia realidad. Actualmente, este enfoque es aún excepcional, pero su generalización podría abrir una profunda brecha en los cimientos del patriarcado. Y demostrar que existe una alternativa democrática al actual modelo de gestión de la seguridad ciudadana.

One thought on “El miedo de las mujeres como instrumento del patriarcado”
  1. El miedo de las mujeres como instrumento del patriarcado
    Entrevista. – “Es esencial que la violencia contra las mujeres se instale en la lógica de los derechos y se aleje cuanto antes de la de la asistencia, muy poco emancipadora.”

    María Naredo Molero es abogada e investigadora especializada en cuestiones de género. Además de haber trabajado como abogada de mujeres víctimas de violencia de género, ha desarrollado varias investigaciones sobre la respuesta institucional ante la violencia de género y criminalización de mujeres de etnia gitana. Cuenta con diversas publicaciones en este ámbito. Hasta abril de 2006 fue Responsable del Área de Mujeres de Amnistía Internacional (Sección Española) y coordinadora de la campaña «No más violencia contra las Mujeres» de esta organización. Tras la finalización de esta tarea ha continuado siguiendo las políticas públicas contra la violencia de género en España: ha sido la investigadora de los informes de Amnistía Internacional «Más derechos, los mismos obstáculos», presentado con ocasión del primer aniversario de la plena entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral ante la Violencia de Género y «Hay que actuar a tiempo», sobre la responsabilidad del sector sanitario para hacer presente a la prevención de la violencia y la asistencia a las mujeres. Actualmente compagina los proyectos de investigación con tareas de formación sobre género y derechos humanos.

    MFD: ¿Desde cuándo y por qué te dedicas a trabajar por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia ejercida hacia ellas?

    MNM: Desde hace quince años. Ya cuando estudié la carrera de derecho tenía claro mi interés por defender los derechos de las mujeres. Cuando terminé los estudios me dediqué a ejercer la abogacía, muy especialmente en temas de violencia contra las mujeres. Más tarde uní este interés con el de los derechos de las personas presas y realicé una serie de trabajos sobre mujeres reclusas.

    MFD: ¿Qué cambios notas desde que comenzaste con estos temas hasta el presente? A tu criterio ¿existe una legislación en el Estado a la altura de los terribles problemas de violencia que sufren las mujeres? ¿Cuál es tu evaluación general acerca de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres?

    MNM: Creo que hay tres leyes recientes que, reconociendo que nacieron con algunas lagunas, podrían tener capacidad de incidir en la transformación de las relaciones de género y en el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Esas leyes son la “Ley Integral” contra la violencia de género, la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad. En los tres casos su éxito va a depender de la voluntad política que exista para su completo desarrollo, pues para hacer realidad sus derechos se precisa un compromiso financiero muy fuerte.

    De la que más me he ocupado ha sido de la “Ley Integral”, y considero que su principal defecto es que, a pesar de su nombre, tiene cierta vocación de parcialidad, ya que solo aborda la violencia de género en las relaciones íntimas. Este aspecto restrictivo está quedando aún más patente tras la promulgación de leyes autonómicas recientes, como la ley gallega contra la violencia machista, que abordan el problema en su globalidad y establecen las medidas necesarias para responder ante las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres.

    La “Ley Integral” reconoce por primera vez que las mujeres no somos un colectivo homogéneo y que el género se entrecruza con otros factores, como la extranjería o la discapacidad, y plantea el compromiso institucional de considerar de manera especial las necesidades de determinados colectivos de mujeres.

    Además, consagra un principio de no-discriminación en el acceso a los derechos, cuyo objetivo debería ser paliar la exclusión precedente de determinados perfiles de mujeres a los recursos especializados. Sin embargo, este avance en el campo legal no se ha traducido suficientemente en el plano de la realidad. Siguen existiendo mujeres a las que se excluye de los servicios especializados y tampoco se les ofrece una alternativa de calidad (mujeres con dependencias a la drogas, con enfermedades mentales o en el ejercicio de la prostitución, por ejemplo, ven dificultado su acceso a centros de larga estancia para víctimas de violencia de género. Por otra parte, los colectivos necesitados de especial atención siguen enfrentando obstáculos añadidos y barreras para escapar de la violencia de género.

    Las instituciones encargadas de desarrollar la ley deberían hacer un esfuerzo mucho mayor para eliminar estas discriminaciones y adecuar los recursos a las necesidades de las víctimas y no a la inversa.
    Respecto a la Ley de Igualdad creo que es una norma muy importante porque abarca los principales ámbitos de discriminación y establece una serie de obligaciones de orden político y técnico para incorporar la transversalidad de género en la gestión pública.

    Sin embargo, he echado en falta un compromiso político más claro y contundente sobre el tema de los cuidados, quizá uno de los ámbitos que necesitaban medidas valientes y comprometidas económicamente. La realidad es que hay miles de mujeres y hombres que no obtienen plaza pública para sus hijos e hijas en una escuela infantil, y esto, que está afectando gravemente a la autonomía de las mujeres, también incide como un factor determinante en la recuperación de las mujeres que sobreviven a la violencia. La Ley de Igualdad a pesar de sus planteamientos retóricos no parece que vaya a transformar la lógica actual de los cuidados, según la cual el Estado asume solo una responsabilidad marginal y la carga sigue recayendo fundamentalmente en los hombros de las mujeres, de las madres y cada vez más de las abuelas.

    MFD: ¿Piensas que desde el campo de lo jurídico puedan modificarse los patrones de conducta sociales? ¿Dónde se produce la disociación o el quiebre entre la legislación o los derechos y la vida real y concreta de las mujeres? ¿Cómo pueden interpretarse los últimos casos de violencia de género (mes de junio) en los que algunas mujeres retiraron las denuncias, y la justicia dejó de investigar los hechos y luego éstas quedaron a merced de sus presuntos asesinos?.

    MNM: Creo que la cultura de los derechos tiene mucho que ver con el respaldo real que hay detrás del enunciado de cada una de las de las normas que los enuncian. No se puede decir a una mujer, denuncia, que tienes una serie de derechos, y a la hora de la verdad que ella no los vea cumplidos en su itinerario personal. Porque esa mujer va a perder la confianza en las instituciones y va a creer que el Estado no tiene responsabilidades al respecto. Es esencial que la violencia contra las mujeres se instale en la lógica de los derechos y se aleje cuanto antes de la de la asistencia, muy poco emancipadora.

    Para impulsar este cambio hay que hacer mucho hincapié desde las organizaciones sociales en la importancia de la puesta en marcha de las medidas: que se dedique una inversión proporcionada a las necesidades que tratan de cubrir, y que las y los profesionales tengan una formación y un perfil adecuado.
    En este sentido, es muy criticable la política de subcontratación de empresas u organizaciones para gestionar recursos de atención a víctimas de violencia en la cual se prima la baja económica de las ofertas como criterio principal. Ello está dando lugar, en algunas comunidades autónomas, a que entidades con escasa capacidad y experiencia gestionen centros de este tipo con presupuestos ínfimos, a costa de contratar a profesionales sin experiencia que perciben salarios muy bajos. Esto evidentemente repercute en la calidad que se ofrece a las mujeres que acuden a estos centros y pone en entredicho el cumplimiento por parte de las instituciones públicas de sus responsabilidades en este ámbito.
    Fuente: Foeminas – Septiembre 2007

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